Por: laestrella.com.pa
Odebrecht Panamá tiene US$4.196 millones contratados en obras públicas hasta 2019. Cinco de los seis proyectos que ejecuta la constructora brasileña, y que suman US$2.196 millones, son financiados por el Estado, lo que debería garantizar su ejecución. La Línea 2 del Metro de Panamá, por un monto de US$2.000 millones, es el único proyecto bajo la modalidad ‘llave en mano', lo que significa que las empresas están encargadas de conseguir el financiamiento de la obra y una vez terminada el gobierno paga.
En mayo de 2016, el financiamiento de la Línea 2 del Metro de Panamá sufrió un severo revés, cuando uno de los bancos que lo respaldaba - Citigroup - decidió abandonar el proyecto, coincidiendo con las primeras denuncias de corrupción contra la constructora. Citigroup conformaba la estructura para financiar la obra. junto con Mizuho Bank, The Bank of Tokio y Deutsche Bank.
Los bancos no habían cancelado el financiamiento del proyecto cuando se registró el arresto del presidente de la empresa brasileña, Marcelo Odebrecht. Este hecho fue un elemento de peso para que se rechazara el préstamo, señaló en su momento la publicación española El Economista.
En información del 22 de enero de 2017, el diario español ABC apuntó, por su parte, que el consorcio Odebrecht Panamá (60%) y Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. (FCC) (40%) continuaba enfrentando problemas para financiar la Línea 2 del Metro de Panamá, por un monto de US$1.857,7 millones.
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Financiamiento
El consorcio no ha conseguido aún un sustituto para Citigroup o por lo menos no se ha anunciado,
Odebrecht Panamá aseguró al diario panameño La Estrella que la empresa realiza negociaciones con bancos internacionales para recomponer la estructura de financiamiento de la obra.
‘Al momento en que se concluyan (las negociaciones) se darán a conocer. El trámite del financiamiento del proyecto Línea 2 se encuentra en su etapa final', precisó la empresa.
En cuanto a los trabajos en ejecución, el consorcio señaló que continúan según el cronograma establecido desde sus inicios y que actualmente refleja un avance del 30%.
El Ministerio de Economía y Finanzas, a través Katiuska Correa, directora de financiamiento público, señaló sobre la capacidad de financiamiento de este proyecto vial, que el consorcio debe proveer el financiamiento interino.
‘Es de nuestro entendimiento que el equipo se encuentra actualmente en negociaciones con entidades bancarias', dijo escuetamente Correa.
La funcionaria pública sugirió contactar al personal del consorcio para que proporcionará la información precisa sobre el estatus de la estructura de financiamiento de la obra.
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El Banco Nacional, por su parte, compró facturas de una etapa de la Línea 2 del Metro de Panamá, por un monto de US$120 millones para respaldar el financiamiento del proyecto vial. Esta es la primera vez que la entidad estatal realiza un proceso como este con el consorcio, que tiene por costumbre acudir a la banca privada. El proceso, conocido como ‘factoring' o facturaje se gestionó a mediados del año pasado. La Línea 2 abarca 21 kilómetros desde San Miguelito hasta Nuevo Tocumen, en un recorrido de unos 35 minutos. La obra está diseñada para transportar a 40.000 pasajeros en horas pico.
Los proyectos
Actualmente, Odebrecht Panamá construye la Línea de Transmisión Eléctrica (US$285 millones), que debe ser entregada en mayo 2017.
La empresa también está a cargo de la carretera Santiago - Viguí (US$442 millones), que se terminará en agosto de 2017; la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen (US$800 millones), que concluirá en mayo de 2018; la revitalización de los espacios públicos de la ciudad de Panamá (US$100 millones), prevista para enero de 2019 y la Renovación Urbana de Colón (US$569 millones), cuya fecha de entrega es febrero de 2019, mientras que la Línea 2 del metro de Panamá (US$2.409 millones) 'se esperaba para mayo de 2019, con posibles modificaciones anunciadas por el Gobierno. Aún en las circunstancias que experimenta, la constructora promete cumplir ‘en tiempo y forma' con los proyectos en ejecución, según recalcó a este diario.
Mala reputación
El 17 de enero de 2017, Fitch Ratings redujo la calificación de Odebrecht Infraestructura y Construcción desde B- a CC, argumentando que las revelaciones sobre el pago de sobornos ‘han exacerbado su riesgo reputacional'. En la escala de Fitch, la calificación significa que ‘la empresa tiene niveles muy altos de riesgos crediticio'.
La firma internacional de riesgo explicó que el recorte en la calificación obedece a los crecientes retos a los que la empresa se enfrentará este año (2017) para estructurar sus actividades y recuperar su capacidad de generación de flujo de efectivo.
Las expectativas de que un acuerdo de súplica con el Departamento de Justicia de Estados Unidos mejoraría la situación de la constructora brasileña no se han materializado. Por el contrario, se han desencadenado más investigaciones sobre corrupción en Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, lo que podría resultar en la paralización de proyectos en construcción, la suspensión de la participación en nuevas licitaciones públicas y la solicitud de pagos de multa, añadió la calificadora.
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Por falta de respaldo financiero, el gobierno de Perú ya retiró a la constructora una concesión de más de 30 años para construir un gaseoducto valorado en US$7.000 millones.
El documento
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que la constructora brasileña pagó US$59 millones en sobornos a funcionarios panameños entre 2009 y 2014, en la administración de Ricardo Martinelli Berrocal.
El Ministerio Público confirmó que la empresa colabora con las investigaciones abiertas sobre esa denuncia y que entregará al menos US$59 millones como fondo de garantía por el caso que se le sigue.
En la línea de investigación del Ministerio Público se encuentran dos bancos. La Procuraduría de la Nacional añadió tener conocimiento de que dos bancos locales que no identificó están suministrando información ‘a terceros' que podrían ser llamados a declarar sobre las acciones que está llevando a cabo bajo estricta reserva y advirtió que ‘ésta actuación desleal está siendo evaluada por los fiscales para adoptar medidas'. En este sentido, la Superintendencia de Bancos señaló que se requiere un oficio del Ministerio Público para realizar una supervisión a las instituciones financieras señaladas por actos irregulares.
