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Fecha de publicación: 2016-11-05
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5 movimientos que hizo Daniel Ortega para lograr una reelección indefinida

Esta domingo son las elecciones presidenciales en Nicaragua. Cinco candidatos más se presentan como candidatos a la presidencia del país, pero las encuestas no les dan ninguna opción. Daniel Ortega ganaría con más del 50% de los votos.


Por Roberto Fonseca, estrategiaynegocios.net

Primer paso: La matemática a favor de Ortega

Daniel Ortega, líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), regresó al poder entre el 18 y 19 de enero de 2000 cuando la Asamblea Nacional aprobó apuradamente y por votación mayoritaria las reformas a la Ley Electoral de 1995. Previo a esa fecha, la elección del Presidente de la República resultaba del candidato del partido o alianza de partidos que obtuviera el 45% de los votos válidos. Si ningún candidato alcanzaba esa cifra, tendría que producirse una segunda vuelta entre los candidatos que alcanzaran los dos primeros lugares.

El 45% de los votos válidos equivalía al Monte Everest para Ortega, ya que en sus dos intentos electorales anteriores –en 1990 y en 1996- alcanzó 40,8% y 37,7% de los votos totales, al enfrentarse a doña Violeta Barrios de Chamorro y luego a Arnoldo Alemán, respectivamente. Se acercaba, pero no conquistaba la cumbre.

Pero en 1998, Ortega, un corredor político de maratón y no de trechos cortos, negoció en 1998 un pacto político con Arnoldo Alemán, su supuesto archi rival político, y acordaron impulsar reformas a la Constitución y a la Ley Electoral. Con ese movimiento, Ortega se acercó más a su meta: retornar en algún momento a la Presidencia. Alemán, por su parte, obtuvo una diputación y con esta inmunidad al abandonar la silla presidencial.

La reforma del 2000, promovida por diputados sandinistas y liberales, cumplió el pacto Ortega-Alemán. ¿Qué pasó? Funcionó la aplanadora bipartidista: el proyecto de reformas fue aprobado en lo general por 75 votos a favor. Un total de 17 legisladores no emitieron voto.

Esta reforma fue y será clave para Nicaragua porque ahora el Artículo 145 de la Ley Electoral permite declarar electo Presidente y Vicepresidente de la República a los candidatos que lograran alcanzar al menos 40% de los votos válidos, o bien, que obtuvieran un mínimo del 35% y superaran a los candidatos del segundo lugar por una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales.

Esa reducción sustancial puso la reelección presidencial al alcance de Ortega. Luego, fue cuestión de esperar y de dividir al votante antisandinista:

  • En 2001, Ortega perdió frente a Enrique Bolaños por 42,3% vs. 56,3% de los votos válidos.
  • En 2006 ganó frente a Eduardo Montealegre, al obtener 38% vs. 28%.

Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral, dominado por el Frente Sandinista, jamás divulgó los números finales de esas elecciones, incluyendo un 8% de votos restantes que no se contabilizaron.

“Hasta el día de hoy, el Consejo Supremo Electoral nunca pudo dar las cifras definitivas de esas elecciones (de 2006). Por boca de un magistrado liberal, hoy sabemos que la cifra real de votos que sacó Daniel Ortega fue el 29% y que el resto, hasta hacerlo llegar al 38%, se lo sumaron las manos de los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Ese mismo magistrado liberal se vanagloriaba, sin recato alguno ante varias personas, de los diputados que les robaron a los partidos políticos ajenos al pacto”, escribió Dora María Téllez, la célebre Comandante Dos del Asalto al Congreso de Somoza en 1978, en la revista Envío.

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Segundo paso: Controlar el Poder Electoral

El 4 de octubre de 2002, después de tres meses de crisis interna en el seno del Consejo Supremo Electoral (CSE), se reeligió a Roberto Rivas como presidente del órgano rector de las elecciones en Nicaragua, gracias al voto incondicional de los tres magistrados sandinistas.

La reelección de Rivas, con el apoyo unánime sandinista, sorprendió a la opinión pública. Rivas, cercano al cardenal Miguel Obando y Bravo, ha estado en el poder electoral desde el año 2000. En ese momento, el CSE estaba en bancarrota, acosado por deudas que sumaban alrededor de C$45 millones de córdobas (más de US$3 millones al cambio oficial de entonces), con proveedores y hasta con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Sin embargo, Rivas ganó la presidencia del CSE. Extraoficialmente, se asegura que 48 horas antes se reunió Ortega con el propio Cardenal Obando y Bravo y éste le pidió el apoyo rojinegro a su protegido, Roberto Rivas. Desde entonces, Ortega se ganó la lealtad del Cardenal Obando y de Roberto Rivas.

Rivas repitió como presidente del CSE en 2005, con el apoyo de la bancada parlamentaria sandinista primero. Ya en 2010, al vencérsele el periodo de cinco años, el presidente Ortega emitió el célebre Decreto Ejecutivo 03-2010. Con esto, Rivas logró la permanencia indefinida en el Poder Electoral. Lo mismo para otros funcionarios del área Judicial y de la Contraloría General de la República. En 2014, una vez más por mayoría sandinista, Rivas sumó 63 votos para serMagistrado del Poder Electoral por un periodo de cuatro años más, que se vencen en 2018.
¿Resultado de esta reelección permanente? Lealtad y gratitud. En una entrevista concedida a un canal televisivo oficialista, propiedad de los hijos de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, éste se declaró partidario de la reelección presidencial, pese a que estaba prohibida hasta entonces por la Constitución de la República.
“Yo pienso que la reelección es válida”, dijo Rivas al conductor del programa “La Agenda, “pienso que cinco años no son suficientes para resolver los problemas de un país como Nicaragua. Y lo podés ver… Hasta hoy estamos viendo los grandes resultados de muchos proyectos que se están llevando adelante por el Estado de Nicaragua… Así que yo estoy a favor de la reelección. Me parece que es el pueblo soberano el que debe decidir si un gobernante hizo un buen papel o no. No es una letra escrita en una Ley, la que debe decidir si un Presidente jugó un buen papel o no”, señaló el 8 de agosto de 2011, doce días antes de iniciar oficialmente la campaña electoral.

Meses antes, el 4 de abril de 2011, el Poder Electoral emitió la Resolución 001-04/04/11-P.E.2011: “no ha lugar” a las impugnaciones presentadas por dos partidos de oposición en contra de la candidatura del Presidente Daniel Ortega, argumentando que viola el artículo 147 de la Constitución de la República.

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Tercer paso: conquistar al ex adversario político

En las elecciones de 1996, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, quien todavía no se había jubilado, celebró una misa a pocas horas que se abrieran las urnas el 5 de noviembre de ese año y pronunció una célebre homilía referida a una víbora que se estaba muriendo de frío y que un parroquiano abrigó para salvarla. El animal, ya recuperado, lo mordió y lo mató. Se interpretó que estaba dirigida contra el candidato Daniel Ortega y popularmente se le llamó “El viborazo”.
Para las elecciones 2006, la historia era otra. Entonces, el Cardenal Obando y Bravo enfrentó una feroz ofensiva diplomática y política de sectores cercanos al mandatario Enrique Bolaños, y encontró apoyo y solidaridad en Ortega y el Frente Sandinista.

Obando y Bravo es una poderosa figura católica en Nicaragua, está jubilado y retirado, recluido en sus oficinas de la Universidad Católica "Redemptoris Mater", que fundó en 1992 con el propio Rivas. En ese recinto, precisamente, Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron en septiembre de 2005 contraer matrimonio religioso, en una ceremonia presidida y conducida por el Cardenal Obando y Bravo.

Para complacer al cardena, en octubre de 2006, Ortega impulsó desde la Asamblea Nacional, con los votos de la bancada sandinista, la prohibición y eliminación del aborto terapéutico en Nicaragua, una figura jurídica que estuvo vigente durante 169 años. Ese movimiento le ganó réditos con Obando y Bravo, con la jerarquía católica y también con la evangélica nicaragüense.

En noviembre de 2006, luego de registrarse el triunfo electoral de Ortega, reconocido por sus contendientes y por los observadores internacionales, el mandatario electo sacó del ostracismo a su antiguo adversario, el Cardenal Miguel Obando y Bravo, y lo reincorporó a la vida pública y nacional por la puerta grande.

En mayo de 2007, cuatro meses después de ser reelecto, el presidente Ortega emitió el Decreto Ejecutivo 49-2007, nombrándolo Presidente de la Comisión de Reconciliación, Paz y Justicia, una instancia participativa que velaría por el cumplimiento de los acuerdos de reincorporación socioeconómica con los desmovilizados de la pasada guerra civil, de los años 80.
Gracias a los fondos provenientes de la cooperación venezolana, esa Comisión presidida por Obando y Bravo ha impulsado su programa insignia: Plan Techo, que entregar 10 láminas de zinc de 12 pies de largo a cada familia beneficiaria. Además, se ha repartido tierras, semillas, títulos de propiedad, etc., a desmovilizados de la ex Contra, de las fuerzas armadas sandinistas y sectores religiosos católicos y evangélicos.

Además, la Universidad Católica (Unica), fundada por el Cardenal Obando y Bravo y dirigida hoy por una hermana de Roberto Rivas, recibe una partida anual de por lo menos C$12 millones de córdobas (más de medio millón de dólares), por capacitar y preparar al magisterio nacional. Ese monto sale del Presupuesto Nacional de la República, en el rubro de subvenciones, y no existía durante la administración anterior, de Enrique Bolaños.

“Algunos dicen que estoy favoreciendo al Gobierno, pero yo he tratado de ayudar al Gobierno, porque me parece que es una cosa buena, por ejemplo, darle Plan Techo a la gente pobre, a la gente que tiene menos recurso. Creo que la caridad y la solidaridad nos obligan a hacerlo. Creo que ha hecho un esfuerzo el Gobierno, falta todavía mucho, pero se ha hecho un esfuerzo y tenemos que reconocerlo, ¡Se ha hecho bien!”, dijo el Cardenal Obando y Bravo a un canal oficialista de televisión, el pasado 27 de octubre de 2011.

Minutos después, el líder católico enfatizó: “En mi caso, voy a votar naturalmente, si Dios quiere, a menos que esté enfermo, voy a votar y voy a elegir a la persona que se interesa mucho por la gente que tiene menos recurso”, dijo en esa oportunidad. Para inflarle más el ego al líder religioso, por iniciativa del Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional aprobó la iniciativa de ley que declara al Cardenal Miguel Obando y Bravo Prócer de la Paz y Reconciliación.

Cuarto paso: la receta Arias

El sábado 17 de octubre de 2009, Daniel Ortega Saavedra, Presidente de Nicaragua, llegó a la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a las 10:30 de la mañana (hora local), para participar en la VII Cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). El mandatario nicaragüense, con una sobrada fama de impuntual, arribó con un día de atraso, pocas horas antes de que concluyera la cita del ALBA.

En su discurso oficial, Ortega justificó su tardanza porque había estado atendiendo en Nicaragua temas económicos vitales para el país. Sin embargo, la verdad es que se había atrasado dándole el vistazo final y la aprobación a la estrategia que lo llevaría a demoler en la práctica la prohibición electoral y postularse de nuevo para un segundo periodo consecutivo en los comicios de 2011, que ya estaban a las puertas.

¿Cómo lo obtuvo? El abogado Eduardo Mejía Bermúdez, como Apoderado Especial de Daniel Ortega y de 105 alcaldes sandinistas, introdujo un Recurso de Amparo en contra del Consejo Supremo Electoral, por considerar que la prohibición a reelegirse de forma continua violaba sus derechos individuales, políticos y de igualdad ante la Ley.
Según el presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, aliado incondicional de Ortega, ese escrito se recibió en la Secretaria de Actuación del CSE, la tarde del jueves 15, por lo que convocó a una reunión extraordinaria al día siguiente, “dada la importancia del tema”, según dijo en conferencia de prensa.

Así, los magistrados electorales se reunieron al día siguiente, a las 11:00 am (con excepción del liberal, Luis Benavidez) y rechazaron el Recurso por considerar que no es de su ámbito, sino del judicial.
El escrito se trasladó al Tribunal de Apelaciones de Managua, presidido en ese entonces por el sandinista, Gerardo Rodríguez, para introducir un nuevo Recurso de Amparo. En tiempo récord se resolvió todo: el presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, el sandinista Francisco Rosales, convocó a una reunión extraordinaria en horas de la tarde, sin embargo no citó al magistrado propietario Sergio Cuarezma, rival político de sus colegas sandinistas y férreo defensor de la Constitución Política vigente.

En la resolución del 2009 no apareció Cuarezma. Pero, sí el nombre de su suplente, Antonio Alemán Lacayo, quien finalmente no acudió a la cita extraordinaria.

Según la Ley Orgánica de la CSJ, en un procedimiento regular el presidente de Sala convoca a reunión ordinaria o extraordinaria a sus colegas propietarios y si éstos no acuden a la hora señalada, éste puede hacer quórum convocando a los suplentes de los propietarios. Si tampoco llegan, la Ley Orgánica le permite conformar quórum como “crea conveniente”.

Esto fue lo que pasó: el sandinista Francisco Rosales citó a sus correligionarios: cinco magistrados sandinistas, entre éstos incluso su propia suplente, Juana Méndez, quien una década atrás cobró fama, al absolver a Daniel Ortega de los cargos de abuso sexual, que le imputó en ese entonces su hijastra, Zoilamérica Ortega Murillo.
Los seis magistrados sandinistas –tres propietarios y sus tres suplentes— emitieron la sentencia No. 504, en la que declararon sin aplicación a partir de ese momento, los artículos constitucionales 147 y 178, que prohibían la reelección continua para el Presidente de la República, el Vicepresidente y los Alcaldes. Luego, los seis magistrados sandinistas la dieron a conocer a la nación, vía conferencia de prensa.
¿Lo curioso? Ese 19 de octubre, después de las 5:00 pm, el presidente de la CSJ, el magistrado Manuel Martínez, quien reposaba en su casa por sufrir de laberintitis y mareos, llamaba con insistencia al vicepresidente de la Corte, Rafael Solís, miembro de la Sala Constitucional y le preguntó: ¿Qué están haciendo?, y éste se rió, y le dijo por teléfono: “Mirá la televisión y enterate”. Daban a conocer la resolución 504.
Ese mismo día, el Consejo Supremo Electoral se reunió de forma extraordinaria y dijo que acatarían la sentencia del Poder Judicial. De esa forma, con una celeridad récord, la Sala Constitucional autorizó que Daniel Ortega pudiera postularse de nuevo en los comicios generales del 2011.

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Quinto paso: aprobar la reelección indefinida

El 11 de noviembre de 2011, el Consejo Supremo Electoral, controlado en su totalidad por Daniel Ortega, anunció los resultados insólitos de los recién finalizados comicios generales. A través de su página web, informó que el Frente Sandinista había obtenido una votación récord del 62,46% de los votos válidos, cifra que creció en 24% con respecto a los comicios generales anteriores.

De acuerdo con el calendario electoral, estaba previsto que los resultados de la elección se publicaran sino hasta el 22 de noviembre, tras lo cual habría un plazo de tres días para la presentación y resolución de quejas o impugnaciones, mientras que la proclamación de los funcionarios elegidos estaba prevista para el 1o de diciembre. En su lugar el CSE publicó los resultados el 11 de noviembre y poco después proclamó a los ganadores, despojando a la oposición del tiempo necesario para preparar y presentar impugnaciones.

Con esos resultados finales, Ortega logró su meta: conseguir la mayoría absoluta en el poder Legislativo, al sumar un total de 62 diputados nacionales y departamentales. Con ese número de legisladores, podría abocarse al objetivo final: demoler los candados constitucionales de la reelección presidencial e imponer la reelección indefinida en Nicaragua.

El Centro Carter, en su informe final de los comicios de 2011, se mostró extrañado con los resultados finales del CSE referidos a las diputaciones nacionales y las diputaciones departamentales, ya que según éstos, votó más gente por los diputados que por los candidatos presidenciales.

“…resulta extraño que los resultados finales dieran a los candidatos presidenciales 89.252 votos menos que los emitidos para elegir las diputaciones en el ámbito nacional, y 118.305 votos menos que los emitidos para las diputaciones departamentales, en una elección en donde las contiendas legislativas eran más vulnerables al fraude. Si bien esto no es en sí mismo un indicador de manipulación de los votos, es muy poco común que los votantes dejen en blanco la porción presidencial de la papeleta votando por los cargos de menor jerarquía”, señaló el Centro Carter.

“Las elecciones de 2011 trajeron consigo una reconfiguración política en Nicaragua, al quedar el FSLN en una posición de dominio por primera vez desde los años ochenta. El desenlace de la elección podría marcar el comienzo de un período de restricción del espacio político para los partidos de oposición y la sociedad civil, sin mencionar los medios de comunicación. En palabras de un académico constitucionalista, Nicaragua se encuentra en este momento en un umbral de penumbra. El país podría estar alejándose de la democracia para dar paso al autoritarismo, en la medida en que las instituciones que permiten una rendición de cuentas pierdan efectividad”, concluyó el Centro Carter.

La Constitución Política vigente hasta ese momento establecía un doble candado legal para impedir la reelección de Ortega por un segundo período continuo, o para impedir que corra para un tercer período.

Esa doble prohibición constitucional, según el marco jurídico vigente en Nicaragua, sólo podía abolirse por la vía de las reformas constitucionales, que requieren del voto de más del 60% de los diputados y aprobarse en doble legislatura. Esa vía no pudo concretarla Ortega en 2009 porque no tenía mayoría absoluta parlamentaria, pero eso cambió con los resultados de los comicios de 2011.
En noviembre de 2013, Ortega introdujo una iniciativa de ley de reforma a la Constitución de la República, en la que se incluían 39 artículos, entre ellos la propuesta de elegir al Presidente con “mayoría relativa” de votos, independiente del porcentaje alcanzado, y por supuesto, permitir la reelección presidencial indefinida.
Con la votación de la aplanadora sandinista en el poder Legislativo, Ortega logró que se aprobaran las reformas constitucionales en dos legislaturas de acuerdo con la Constitución: en diciembre de 2013 y en enero de 2014.

De esta forma, Ortega logró culminar con éxito su estrategia política de retornar a la Presidencia de la República y no abandonar la silla presidencial.

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