Por estrategiayegocios.net
El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) resolivó hoy a favor de El Salvador en una disputa interpuesta por la minera canadiense Oceana Gold.
En su resolución, el CIADI ordenó además a Oceana Gold el pago de US$8 millones por los gastos incurridos en el proceso a favor del gobierno de El Salvador.
Esta tarde, el fiscal General de la República, Douglas Meléndez, dijo 'misión cumplida' y saludó a los pobladores del municipio de San Isidro, en el departamento de Cabañas, en la zona paracentral de El Salvador.
En el lugar la minera ha hecho estudios {a través de su subdidiaria Minerales Torogoz- para la explotación del subsuelo en la mina El Dorado, donde se estima que hay 1.1 millones de onzas de oro y 11 millones de onzas de plata, un proyecto que generó una ola de movilizaciones en contra.
Antecedentes del caso
El caso se arrastra desde 2004, cuando la minera canadiense Pacific Rim Mining (posteriormente convertida en Pacific Rim Cayman LLC) solicitó una licencia para extraer oro en El Salvador pero el Estado la rechazó por considerar que la empresa carecía de los requisitos para ello.
En 2009, la empresa recurrió al CIADI, solicitando US$250 millones en compensaciones. En 2008 el gobierno salvadoreño implementó una suspensión general de todas las licencias de minería metálica, medida que rige hasta la actualidad. Sin embargo, se carece de un marco legal especial.
En el proceso la empresa minera 'no pudo demostrar que se le había violado ningún derecho', dijo a la agencia France Press el abogado Paredes. En cambio, asegura, El Salvador demostró que ellos no habían cumplido con la ley de minería', para obtener su licencia, añadió.
Paredes, sin embargo, reforzó que existe una clara tendencia de 'abuso' del sistema de arbitraje internacional entre grandes empresas contra países pequeños.
Según su equipo, en 2000 habían sido registrados tres casos de arbitrajes ante el CIADI con esas características, pero en 2013 ese número había saltado a 169 procesos, casi la mitad de ellos contra países latinoamericanos.
Paredes recordó el histórico fallo del CIADI en favor de Uruguay en un reciente caso contra la gigante tabacalera Philip Morris, y señaló que la táctica utilizada es la misma.
'No es legítimo que un inversionista extranjero llegue a utilizar tratados internacionales para amenazar a un estado con arbitrajes, para lograr algo a lo que no tiene derecho de acuerdo a la legislación', señaló.
En El Salvador, el abogado Saúl Baños, de la entidad no gubernamental FESPAD, dijo a AFP que los salvadoreños 'confiamos y creemos en que será un arbitraje a favor', a raíz de la 'buena defensa que se ha hecho del caso'.
'Si llegamos a tener una resolución desfavorable sentaría un mal precedente jurídico, pues eso podría derivar en que otras empresas con interés de explorar o explotar la minería en el país tengan un asidero legal para demandar al Estado', señaló Baños previo a la resolució final del CIADI.
