Por estrategiaynegocios.net
Costa Rica enfrenta un pago de capital de $1.000 millones en un bono global que vence el 26 de enero de 2023 y la próxima amortización de bonos internacionales de US$500 millones vence hasta 2025. La agencia calificadora Moody’s señala en un reporte que el escenario base es que el soberano cumplirá con el próximo año pago “total y puntual”, basándose en una combinación de ahorro corriente y préstamos multilaterales y bilaterales.
Sin embargo, advierte que los préstamos multilaterales y bilaterales requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa, que aún está pendiente y tendría que obtenerse antes de fin de año.
“Si el proceso de aprobación se retrasa, el gobierno se vería obligado a recurrir a fuentes de financiamiento nacionales para cumplir con el próximo pago en su totalidad”, dice un informe de la agencia.
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El gobierno costarricense no podrá refinanciar el bono de enero de 2023 recurriendo a los mercados de capitales internacionales porque no cuenta con la aprobación legislativa necesaria.
A pesar de que el gobierno ha solicitado la aprobación de un programa de emisión internacional de US$6.000 millones de varios años, la aprobación de la Asamblea Legislativa no llegará a tiempo para permitir que el soberano emita deuda transfronteriza antes de la fecha límite de enero.
Dado esto, el gobierno ya ha destinado alrededor de US$500 millones en fondos que tiene en el banco central para financiar el próximo pago de capital de US$1.000 millones. Las autoridades esperan que el resto provenga de préstamos multilaterales y bilaterales del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, Aaa estable) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Costa Rica (con calificación de riesgo B2, con perspectiva estable) ingresó el año pasado a un programa de Facilidad Ampliada de Fondos (EFF, por sus siglas en inglés) de 36 meses de US$1.800 millones con el FMI. Hasta la fecha, el Directorio del FMI ha aprobado dos revisiones del programa y ha realizado desembolsos totales por US$569 millones.
En octubre, el FMI y Costa Rica llegaron a un acuerdo a nivel de personal sobre la tercera revisión. Esperamos que el Directorio apruebe la tercera revisión y que el FMI desembolse el próximo tramo de US$264 millones antes de fin de año.
El gobierno también ha llegado a acuerdos con el BID y la AFD para préstamos por US$300 millones y US$100 millones, respectivamente. Aunque ambos préstamos ya han sido autorizados por esas instituciones, aún requieren la aprobación de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.
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Funcionarios de la Secretaría de Hacienda indicaron que esperan que ambos préstamos sean aprobados antes de fin de año y a tiempo para el pago de enero de 2023.
Moody´s apunta que si se retrasa la aprobación legislativa, esto obligará al soberano a aprovechar las fuentes de financiación internas para compensar cualquier déficit. El gobierno tendría que recaudar entre US$200 y US$300 millones en fondos adicionales de los bancos estatales y el sistema de seguridad social antes de la fecha límite de pago de bonos para poder cumplir con sus obligaciones de deuda.
“Consideramos que se trata de un escenario de estrés que, aunque asociado a una baja probabilidad, no se puede descartar”, dice el reporte.
