Finanzas
Fecha de publicación: 2016-08-08

¿Paraísos fiscales vs. infiernos tributarios?

Expertos analizan las razones de que empresas e individuos operen offshore, sus consecuencias para el financiamiento de los Estados y las necesidades de reformas de los sistemas impositivos.

Por Gabriela Origlia, estrategiaynegocios.net

La difusión de los 11 millones de documentos de los Panamá Papers, además de generar un escándalo de alcance mundial que salpicó desde México a Ucrania y Rusia, pasando por Argentina, España y Reino Unido, reactualizó el debate sobre los paraísos fiscales. ¿Son legales?, ¿por qué existen? En el caso de Centroamérica y el Caribe, el hecho cobra más importancia porque Panamá es considerado por algunos países como un paraíso fiscal, mientras que otros lo eliminaron de sus listas negras.
La mayoría de los expertos consultados por Estrategia & Negocios coinciden en que es legal tener una cuenta en un paraíso fiscal, tanto como que una persona posea una empresa, una cuenta o fideicomisos en el extranjero. El punto crucial es su declaración, esa es la manera de no caer en la ilegalidad. Ese es un requerimiento global.

Wildo Moya, docente de Derecho Económico y Tributario de la Universidad Católica de Chile, explica que las empresas offshore operan en paraísos fiscales con una identidad, una imagen y una administración que no existen: “Eso las habilita a recibir dineros, fondos de distintas partes del mundo. La clave es el secreto, no hay divulgación de los movimientos de dinero frente a las autoridades tributarias de los países de origen de los inversionistas”.

¿La contraparte de los paraísos fiscales son los infiernos tributarios? Para Verónica Hinojosa, especialista en impuestos y profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México) esa es una “justificación poco fundamentada”. Plantea que en la región la tendencia es considerar a los impuestos como “algo negativo, independientemente de si las tasas son altas o no”. En ese contexto, indica que el esquema tributario de cada país responde a la conformación de su mercado y, por lo tanto, a los potenciales contribuyentes.
Por ejemplo, en países como México, donde la informalidad es alta y la cultura del no pago de impuestos, extendida, “se incrementa la tributación indirecta con impuestos al consumo”. Menciona, por ejemplo, que en el caso del principal impuesto directo mexicano (la tasa del ISR) es del 30% para las empresas con deducciones limitadas: “Aseverar que la imposición es alta es relativo ya que lo importante es la base a la que se le aplica esta tasa, que es sobre utilidades. Mientras existan países que ofrezcan una imposición menor y oportunidad de negocios, existe la libertad de invertir, siempre respetando las disposiciones fiscales de ambas naciones”.
Desde el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Abelardo Medina Bermejo enfatiza que América Central es una región de baja carga tributaria porque define sus impuestos sobre la renta territorial. “Se gravan ingresos y ganancias generadas dentro del territorio y ese es un problema serio; las personas usan ampliamente los paraísos fiscales o de baja tributación para triangular operaciones comerciales”, agrega.
Grafica que hay empresas que aparentan que generan las ganancias en territorios que no tributan; exportadores que reportan operaciones a bajo precio y, en realidad, venden después domiciliadas en paraísos fiscales como Belice, Bermudas o Bahamas. “Es relativamente fácil abrir allí una empresa para refacturar y despachar al país destino. Y la ganancia queda allí”, apunta.

Un paraíso fiscal ofrece a individuos y empresas extranjeras poca o ninguna carga tributaria en un entorno estable, lo que se combina con que las autoridades reportan escasa o directamente ninguna información financiera. Quienes fijan domicilio allí evitan el pago de impuestos en sus países de origen; ahí está el delito. Un mecanismo para evitar este esquema son los convenios bilaterales que evitan cargar dos veces el mismo impuesto y colaborar en transferencia de información fiscal.
El tributarista argentino Daniel Lejtman sostiene que los motivos que llevan a operar offshore son diferentes, pero en general es que los paraísos no brindan información a terceros, “lo que es legal”. Además, muchos tampoco exigen que quien ingresa declare de dónde viene el dinero.

Dan Mitchel, experto en temas tributarios y colaborador del Instituto Cato, es un defensor de los paraísos fiscales. Entiende que cumplen un papel clave en la reducción de impuestos y en el crecimiento económico: “La suba permanente de la presión impositiva amenaza con desanimar la inversión privada y ahogar la economía. Es la competencia fiscal de las jurisdicciones offshore la que ayudó a que baje la carga en muchos países y eso es bueno”.
“Una carga fiscal menor sobre el trabajo, el ahorro y la inversión actúa como un incentivo a trabajar más, a ahorrar más y a invertir más. La asignación eficiente de recursos por parte del sector privado está menos penalizada y ello repercute en un mayor crecimiento económico”, continúa.
Hinojosa sostiene que es difícil determinar si los impuestos son altos o no: “En algunos países llegan al 50% del PIB pero los servicios que presta el Estado son buenos y los ciudadanos los utilizan de manera generalizada; situación que no se da en América Latina. Quizá la solución no sea no pagar impuestos, sino exigir que se apliquen de manera adecuada”.
Respecto a los paraísos fiscales, admite que algunos países que requieren inversión extranjera para activar su economía ofrecen un régimen tributario preferente, aunque los inversores distorsionaron la situación ya que solo los motiva a ir bajo el nivel de imposición. “El verdadero problema es que se erosiona la base imponible y los recursos no tributan en ningún lado”, aclara.

Medina Bermejo reitera que la tributación en Centroamérica está deprimida por el modelo impositivo territorial que aplica. “Hay que cambiar el concepto de renta territorial por el de renta mundial; esta es una región de burguesías y elites económicas muy tradicionalistas y eso complica las reformas, ya que hacen lo posible para que no se hagan cambios”.
Coincide con Hinojosa en que es importante debatir lo que pueden hacer los Estados cuando recaudan poco: “Los problemas de pobreza y sociales son enormes; hay altos niveles de desnutrición, de analfabetismo tanto en Guatemala, como en Nicaragua y Honduras. Panamá registra crecimiento del PIB pero con una fuerte polarización social”.
Para Mitchell el camino para terminar con las prácticas offshore es que los gobiernos bajen los impuestos; a su entender se trata de repetir lo que sucedió en la era de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, “cuando se produjo una etapa de prosperidad mundial”.
Para Hinojosa la relación entre la estructura fiscal de la región y el uso de los paraísos fiscales no es tan directa; entiende que es un “asunto de cultura, de poca credibilidad, en ocasiones justificada, en la labor de los gobiernos en temas como inseguridad o falta de un espacio público adecuado”.

“La presión tributaria, si se refiere a tasas altas o mayor número de impuestos, podría disminuirse si se ampliara la base de contribuyentes. La imposición indirecta es la forma en que las empresas y personas tributan por consumir y, para el Estado, es más fácil recaudar. Sin embargo, son impuestos regresivos, con mayor impacto en los segmentos de menores ingresos”,
plantea.
Como Medina Bermejo, Hinojosa subraya que no hay otra forma de que los gobiernos se financien, los ingresos propios del Estado son las contribuciones que provienen de la actividad económica, las que deben regresar a la sociedad. “Se esperaría que la administración financiera de los gobiernos fuera tan eficiente como la de cualquier empresa, lo que disminuiría la problemática que se presenta en el ‘no pago porque no veo resultados’”, sintetiza.
Medina Bermejo complementa el concepto. Advierte que en Centroamérica y el Caribe, a diferencia de en otras regiones, no hay élites dispuestas a pagar más impuestos. Repite que hay mucho por corregir.
Por caso, Guatemala “no es considerada paraíso fiscal pero sí tiene una alta secretividad financiera; Panamá está negociando tener mayor apertura para la información bancaria. Eso es crucial para el control y fiscalización de las administraciones fiscales”.

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