Por ANPanamá
Para alinearse con las exigencias de la comunidad internacional, el Gobierno de Panamá creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la entidad autónoma que regulará una lista de profesionales y actividades consideradas vulnerables al blanqueo de capitales por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este miércoles recibe a una delegación panameña para mostrarle los avances que ha logrado.
La ley fue publicada este martes en la Gaceta Oficial y entró en vigor de inmediato, luego de esperar su sanción desde diciembre pasado por parte del presidente panameño, Laurentino Cortizo.
De acuerdo con su articulado, la entidad reemplazará a la Intendencia especializada en esa regulación que fue creada en 2015, pero que dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y para ello la Superintendencia tendrá un periodo de transición para completar el cambio administrativo, sin que se interrumpan las funciones y gestiones vigentes.
Los organismos internacionales le han pedido a Panamá que entidades como la Superintendencia recién creada, como la Unidad de Análisis Financiero, bajo el Ministerio de la Presidencia, sean transformados en entidades autónomas para que puedan ejercer sus funciones con mayor libertad y transparencia efectiva.
Aplicará sanciones administrativas que pueden ir de 5.000 a 1 millón de dólares a los infractores, conforme lo define la ley 23 de 2015, que previene el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, creada a raíz de la inclusión en 2014 de Panamá en la lista gris del GAFI de países no cooperadores con la persecución de estos delitos.
La ley salvaguarda el derecho al secreto profesional y la estricta reserva de la información suministrada en una investigación a solicitud de autoridad competente.
Todos los sujetos obligados no financieros tienen la responsabilidad de inscribirse en un listado de la Superintendencia, que a su vez lo podrá publicar en su página web, además cobrará tasas por la labor de supervisión que ejerza conforme a una tabla que tiene que establecer la junta directiva.
Las empresas de todas las zonas francas, de juegos de azar hasta por internet, los promotores y profesionales de bienes raíces, empresas de construcción, de transporte de valores, casas de empeño, comercializadores de metales y piedras preciosas, incluida la bolsa de diamantes, las entidades estatales Lotería y Correos, las de compra y venta de autos nuevos y usados, abogados y contadores públicos, notarios, y "cualquier otro sector" que por ley esté sujeto a la supervisión, tienen que registrarse y serán regulados y supervisados por la nueva Superintendencia.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, será quien designe al superintendente y subintendente de la nueva Superintendencia, según define la ley, por un periodo de cinco años prorrogables una sola vez, precisa, entre otras, la norma.
Panamá espera que el GAFI y otros organismos internacionales lo saquen de su lista gris de países que no cooperan en el combate internacional de delitos financieros, en el que Francia lo mantiene y desde 2019 también permanece en otra nómina vigilada por GAFI, que en junio próximo revisará si lo retira o no.
Para alinearse con las exigencias de la comunidad internacional, el Gobierno de Panamá creó la Superintendencia de Sujetos No Financieros, la entidad autónoma que regulará una lista de profesionales y actividades consideradas vulnerables al blanqueo de capitales por organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este miércoles recibe a una delegación panameña para mostrarle los avances que ha logrado.
La ley fue publicada este martes en la Gaceta Oficial y entró en vigor de inmediato, luego de esperar su sanción desde diciembre pasado por parte del presidente panameño, Laurentino Cortizo.
De acuerdo con su articulado, la entidad reemplazará a la Intendencia especializada en esa regulación que fue creada en 2015, pero que dependía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y para ello la Superintendencia tendrá un periodo de transición para completar el cambio administrativo, sin que se interrumpan las funciones y gestiones vigentes.
Los organismos internacionales le han pedido a Panamá que entidades como la Superintendencia recién creada, como la Unidad de Análisis Financiero, bajo el Ministerio de la Presidencia, sean transformados en entidades autónomas para que puedan ejercer sus funciones con mayor libertad y transparencia efectiva.
Aplicará sanciones administrativas que pueden ir de 5.000 a 1 millón de dólares a los infractores, conforme lo define la ley 23 de 2015, que previene el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, creada a raíz de la inclusión en 2014 de Panamá en la lista gris del GAFI de países no cooperadores con la persecución de estos delitos.
La ley salvaguarda el derecho al secreto profesional y la estricta reserva de la información suministrada en una investigación a solicitud de autoridad competente.
Todos los sujetos obligados no financieros tienen la responsabilidad de inscribirse en un listado de la Superintendencia, que a su vez lo podrá publicar en su página web, además cobrará tasas por la labor de supervisión que ejerza conforme a una tabla que tiene que establecer la junta directiva.
Las empresas de todas las zonas francas, de juegos de azar hasta por internet, los promotores y profesionales de bienes raíces, empresas de construcción, de transporte de valores, casas de empeño, comercializadores de metales y piedras preciosas, incluida la bolsa de diamantes, las entidades estatales Lotería y Correos, las de compra y venta de autos nuevos y usados, abogados y contadores públicos, notarios, y "cualquier otro sector" que por ley esté sujeto a la supervisión, tienen que registrarse y serán regulados y supervisados por la nueva Superintendencia.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, será quien designe al superintendente y subintendente de la nueva Superintendencia, según define la ley, por un periodo de cinco años prorrogables una sola vez, precisa, entre otras, la norma.
Panamá espera que el GAFI y otros organismos internacionales lo saquen de su lista gris de países que no cooperan en el combate internacional de delitos financieros, en el que Francia lo mantiene y desde 2019 también permanece en otra nómina vigilada por GAFI, que en junio próximo revisará si lo retira o no.
