Por AFP
Las autoridades ambientales de Perú impusieron tres nuevas multas por el equivalente a US$5,7 millones a la española Repsol, por un derrame de petróleo en el mar en 2022.
Las sanciones se basan en la “responsabilidad administrativa” de la compañía, según precisó el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio de Ambiente, en un comunicado.
Estas multas se suman a otras dos por un total de US$10,7 millones que la firma ya recibió en octubre del año pasado y a un primer castigo de US$1,25 millones en julio.
Las nuevas sanciones fueron impuestas porque la empresa no brindó la “información requerida”, existiendo una situación de daño ambiental, y ante incumplimientos de medidas referidas a asegurar el área, contener, recuperar y limpiar el hidrocarburo derramado, detalló la OEFA.
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El derrame de unos 12.000 barriles de petróleo, ocurrió el 15 de enero del año pasado cuando el buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, descargaba crudo en la refinería de La Pampilla, en la costa, 30 km al norte de Lima.
El crudo se esparció por aguas y costas hasta 140 kilómetros al norte de la refinería, provocando la muerte de una cantidad indeterminada de peces, aves y mamíferos marinos.
En los juzgados civiles peruanos se tramita desde el año pasado una demanda por US$4.500 millones del Estado peruano contra Repsol y otras cinco empresas solidarias.
Se reclaman US$3.000 millones por daños ambientales y US$1.500 millones por daño moral a consumidores, usuarios y terceros afectados. Sobre esta demanda, en aquel momento, la petrolera dijo que “resulta infundada, improcedente e incongruente”.
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La Fiscalía investiga a ocho directivos de Repsol, quienes no pueden salir del país, entre ellos el presidente de Repsol Perú, el español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena. Los demás ejecutivos son peruanos.
Las actividades pesqueras y turísticas en la zona se han visto perjudicadas desde el siniestro, considerado la peor emergencia ambiental registrada por Perú.
Repsol Perú ha informado anteriormente que más de 3.200 familias han suscrito acuerdos de compensación final, y que unas 9.900 personas cobraron “adelantos de compensación” y que tienen 95,7 % de cumplimiento de su plan de acción de remediación del derrame.
