El empresariado femenino de América Latina y el Caribe (ALC) puede ser una de las grandes claves para una rápida recuperación económica.
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Millones de latinoamericanos, sobre todo en la economía informal, se han visto obligados a trabajar en vulneración de las órdenes de aislamiento por toda la región, que en consecuencia ha superado a Estados Unidos y Canadá en fallecimientos por COVID-19.
Esto ha tenido un impacto desproporcionado sobre trabajadoras y empresarias. Un informe conjunto de la agencia humanitaria internacional CARE y ONU Mujeres muestra que sólo el 67% de las mujeres entre 25 y 54 años de edad participan en la fuerza de trabajo formal, frente a un 93% de los hombres de la región. En total, más de 126 millones de mujeres trabajan en el sector informal.
A ello se suman las desigualdades y limitaciones estructurales y culturales que afectan en mayor medida a las empresarias, particularmente en su acceso al financiamiento. Atender este problema es clave para evitar retroceder en los avances logrados en los últimos años y asegurar que las mujeres sean una parte activa de la recuperación económica.
Según cálculos del Global Entrepreneurship Monitor, un consorcio académico, ALC tiene el mayor porcentaje de mujeres auto-empleadas del mundo. Sin embargo, un 70% de las pequeñas y medianas empresas (PYME) lideradas por mujeres que solicitan un préstamo bancario no lo obtienen, según estimaciones del IFC. Estas empresas también enfrentan mayores requisitos de garantías.
Con estos datos, no sorprende que, a nivel regional, un 30% de las empresas de mujeres estén restringidas financieramente, mientras que estas limitaciones afectan solo al 25% de las empresas de propiedad o liderazgo masculino. La brecha de financiamiento del segmento femenino alcanza los US$92.000 millones, según datos del MSME Finance Gap.
Un estudio reciente del BID en Argentina analiza las principales razones que explican la problemática específica de las mujeres empresarias: menor disponibilidad de capital y/o activos para garantías tradicionales; cortos historiales crediticios; sesgos de género (conscientes e inconscientes) en las instituciones financieras; falta de programas y servicios financieros específicos; ausencia sistemática de datos sobre las empresas bajo control femenino.
Las mujeres de la región enfrentan por tanto una situación particularmente adversa en el contexto actual del COVID-19, caracterizado por una menor oferta de crédito, incrementos importantes en los colaterales o garantías requeridas. Las soluciones deben basarse en incluir enfoques de género en los programas de respuesta y de recuperación económica.
A futuro, esto implica la puesta en marcha de programas de financiamiento o de garantías específicas que reduzcan el riesgo percibido en este segmento por parte de las instituciones financieras y redunden en su beneficio.
Programas como el Women Entrepreneurship Banking (weB), una iniciativa del Grupo BID y UN Women que combina servicios de asesoría e inversión, han ayudado a los intermediarios financieros a desarrollar y adaptar su oferta para el mercado de la mujer. Hasta la fecha, weB ha trabajado con 21 bancos en 12 países de la región.
En Brasil, por ejemplo, Itaú lanzó el programa Mulher Empreendedora en 2014, dirigido a PYME femeninas, y que superó las 23,000 beneficiarias al cierre de 2019. En República Dominicana, BHD León lanzó su estrategia Mujer Mujer, con un nuevo abanico de productos financieros para mujeres.
También es fundamental la apuesta por productos financieros innovadores. Un ejemplo es la estructuración de bonos de género como el de Banistmo en Panamá, adquirido en su totalidad por BID Invest, que se convirtió en el primer bono de este tipo en América Latina.
Asimismo, la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de las finanzas digitales, que pueden impulsar análisis de riesgo crediticio novedosos, basados en datos alternativos y el uso de las huellas digitales de las personas y empresas.
Las mujeres latinoamericanas dedican casi tres veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres. Y más del 25% de los hogares de la región están a cargo de mujeres, la tasa más alta del mundo, según varios estudios. Esto significa que las mujeres sufren más complicaciones para acceder a opciones de teletrabajo o generar ingresos fuera de sus hogares, dejando a muchas familias en situación de seria vulnerabilidad: el problema no es puramente económico, sino social.
SOBRE LAS AUTORAS:
Marisela Alvarenga es jefa de división (a.i.) de Intermediarios Financieros de BID Invest, a donde ingresó en 2008. Es responsable de liderar la estrategia de negocios y la cobertura de intermediarios financieros. Ha liderado la estructuración de emisiones a nivel local e internacional; titularizaciones y financiamiento corporativo y estructurado; la expansión de servicios financieros con productos de comercio exterior y finanzas sostenibles para la ampliación de financiamiento hacia el segmento de mujeres empresarias, pequeñas y medianas empresas, vivienda y comercio exterior. Antes de ingresar al Grupo BID, Marisela trabajó para el segmento institucional y corporativo en Citibank, con sede en El Salvador, donde se desempeñó como oficial principal de finanzas para dicho segmento en Centroamérica. Previamente, trabajó en Banco Cuscatlan como gerente de finanzas corporativas y jefa de planificación financiera. Marisela posee una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en banca y finanzas, a través del programa de intercambio con la Escuela de Negocios Otto Beisheim (WHU) en Alemania. Además, tiene una licenciatura en administración y negocios de la Escuela Superior de Economía y Negocios - ESEN (El Salvador).
Gabriela Andrade es especialista líder en la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID. Su trabajo se enfoca en temas relacionados a Fintech, inclusión financiera, pagos y monedas digitales, temas de género en el sector financiero y transformación digital. Gabriela trabaja en el BID desde 2006, y ha tenido distintas posiciones, incluyendo coordinadora de financiamiento concesional, asesora del Vicepresidente de Países, y economista. Gabriela, obtuvo una doble licenciatura en Economía y Desarrollo Internacional, y una maestría en Economía en la Universidad McGill en Montreal, Canadá.
