Al haberse implementado medidas para contener la propagación del COVID-19 y aliviar la crisis de salud pública, surge la natural preocupación de mantener el bienestar de la sociedad y de disminuir los costos económicos asociados a la pandemia.
En esto hay dos desafíos: en el corto plazo, lograr que la población cuente con los recursos financieros suficientes para cumplir con las medidas de contención y de reapertura gradual. En el largo plazo, que una vez pasada la emergencia exista la manera de reponer estos recursos invertidos por la sociedad y volver a generar crecimiento. Para esto se debe asegurar la supervivencia del tejido productivo, es decir la capacidad de creación de valor a través de las empresas y las fuentes de trabajo.
Para ello, es necesario que se mitigue el riesgo de destrucción del capital tanto físico como humano, puesto que crearlo requiere una importante cantidad de tiempo y recursos. En concreto, ha sido necesario que los trabajadores obtengan una educación técnica formal, por una parte, y por otra adquieran el conocimiento de la tecnología y los procesos que realizan de forma diferenciada en cada empresa.
Los empresarios han desarrollado relaciones de negocio con clientes y proveedores a través del tiempo, además de los recursos económicos que se invirtieron. Mantener todos estos permitirá que una vez que pase la emergencia, la recuperación sea más eficiente, rápida, y se alcance el nivel previo de producción y empleo.
Esto es particularmente cierto en los países emergentes donde el capital disponible resulta menor, como es el caso del istmo centroamericano y República Dominicana. Por otra parte, el segmento Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) es particularmente relevante al generar en promedio el 70% del empleo en la región y contar con recursos financieros muy limitados en una emergencia. Estas empresas afrontan una escasez de la liquidez como resultado de la caída en sus ingresos por ventas, incapacitándolas para cumplir sus compromisos con los proveedores, los impuestos al Estado, el salario a los trabajadores, y los préstamos a las instituciones financieras. Estas últimas, anticipando esta posibilidad, podrían restringir el refinanciamiento y la oferta de crédito. Todo esto puede resultar en la insolvencia de las PYME y la pérdida permanente del empleo.
Las medidas y las PYME
En esta emergencia, los países de la región implementaron medidas para proteger a las PYME y el empleo, así como la postergación de la fecha de pago de impuestos y cotizaciones sociales; se desarrollaron medidas de apoyo al sector turístico y comercio al por menor, y se priorizaron compras nacionales agropecuarias. También redujeron su tasa monetaria, el encaje y el requerimiento de capital y liquidez a la banca, implementaron subastas cambiarias, y permitieron la compra de deuda pública por parte del banco central en el mercado secundario. Además, se agilizó el proceso de compras públicas.No obstante, si el cierre económico se extiende por un periodo prolongado, generando presiones de liquidez o solvencia en algunas instituciones financieras, éstas podrían endurecer las condiciones crediticias en los meses próximos, a pesar de las medidas mencionadas anteriormente. De cara a la recuperación sería importante evaluar un posible fondo de garantía para apoyar el nuevo crédito, en especial a las PYME. En el mediano plazo, es importante fortalecer el sistema de protección de la estabilidad financiera, como son las leyes de quiebras bancarias, seguro de depósito, y prestamista de última instancia.
Además de las acciones de política pública encaminadas a fortalecer la liquidez y el empleo, el sistema financiero del sector privado tiene un rol importante para contribuir a la sobrevivencia del tejido productivo. Los bancos privados pueden ser vehículos muy útiles para proveer líneas de crédito que alivien las restricciones de liquidez de empresas y hogares.
Financiamiento para la recuperación
Por una parte, la banca privada puede facilitar el financiamiento al comercio exterior, fortaleciendo el funcionamiento de las cadenas de suministro, que son importantes para las importaciones de bienes básicos de la canasta familiar e insumos para las empresas, así como para salvaguardar los ingresos por exportaciones.En segundo lugar, el financiamiento de corto plazo de la banca al sector corporativo puede facilitar la adquisición de capital de trabajo, el repago de deuda existente y la diversificación de los proveedores, en un contexto de disrupción de las Cadenas Globales de Valor. Adicionalmente, el apoyo a pequeñas empresas puede realizarse a través de empresas "ancla", o compañías de mayor tamaño, que alivian las restricciones de liquidez de su base de proveedores.
Finalmente, las entidades financieras pueden trabajar de la mano de los gobiernos para que los hogares de menores ingresos que reciben transferencias de efectivo condicionadas o de otro tipo, puedan recibir préstamos basados en transferencias futuras y en condiciones estipuladas de tasas de interés y montos.
En suma, salvar el tejido productivo para que la recuperación sea más pronta requiere utilizar todos los canales posibles: los trabajadores, las empresas y las entidades financieras.
SOBRE LAS AUTORAS:
Marina Pol es jefa de estrategia y planeamiento de BID Invest. Se unió al Grupo BID en 2016 luego de pasar casi una década en cargos de diversa responsabilidad en FSG (Facility Solutions Group) y antes en McKinsey y ESADE. Marina tiene una extensa experiencia en consultoría y evaluación estratégica con corporaciones, fundaciones, organizaciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales. Asimismo, ha asesorado a multinacionales líderes en los EE.UU., Europa y América Latina en temas de estrategia comercial y desarrollo e implementación de valor compartido, así como en estrategias de responsabilidad social corporativa.Marina posee un BA y un MBA de ESADE, España y una maestría en administración internacional de la ex Community of European Management Schools (España y Alemania), hoy CEMS, the Global Alliance in Management Education.
Marta Ruiz-Arranz es asesora económica principal en el Departamento de Países de Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana del BID y anteriormente se desempeñó como asesora económica para la región andina. Antes de unirse al BID en 2015, Marta trabajó durante 12 años en el Fondo Monetario Internacional, donde fue jefa adjunta de división en el Departamento de Asuntos Fiscales. Marta Ruiz-Arranz recibió su doctorado en economía por la Universidad de Harvard.
