Por estrategiaynegocios.net
TMF Group, proveedor de servicios administrativos y de cumplimiento normativo, presenó la 10ª edición del Índice Global de Complejidad Empresarial (GBCI por su ssiglas en inglés).
El informe analiza 78 jurisdicciones que representan 92 % del Producto Interno Bruto (PIB) total mundial y 95 % de los flujos globales netos de Inversión Extranjera Directa (IED). Compara 292 indicadores de seguimiento anual y ofrece datos sobre aspectos clave para hacer negocios, como plazos de incorporación, nóminas y beneficios, normas, reglamentos, tipos impositivos y otros factores de cumplimiento.
La lista de las diez jurisdicciones más favorables a los negocios cuenta con algunas nuevas entradas, como Malta (puesto 69 frente al 67 de 2022) y los Países Bajos (puesto 75 frente al 56 de 2022). Las Islas Caimán (78º) conservan su puesto como jurisdicción más fácil para hacer negocios, seguido de Dinamarca, Curazao, Hong Kong e Islas Vírgenes Británicas.
Los países más complejos para los negocios son Francia, Grecia, Brasil, México, Colombia, Turquía, Perú e Italia.
En el caso de Centroamérica, la región cuenta con una jurisdicción de “Complejidad Media”, destacando Nicaragua (26), Panamá (27) y Guatemala (37), cómo las jurisdicciones más complejas de la región a la hora de hacer negocios. Por su parte, Honduras (47), Costa Rica (45) y El Salvador (44) son las menos complejas para hacer negocios.
Costa Rica ha sido clasificada como una jurisdicción de “Complejidad Media” basándose en la comparación de los requisitos locales, convirtiéndolo en uno de los mercados latinos con menor complejidad para establecer negocios.
“La jurisdicción hace un esfuerzo concertado para atraer inversión extranjera directa, y espera ver un ligero aumento en la cantidad de inversión de empresas extranjeras en los próximos años. Es probable que la jurisdicción se vuelva más atractiva para operar y se espera que introduzca mayores leyes y reglamentos relativos a los requisitos de sustancia económica. Se espera que la jurisdicción se mantenga muy estable desde el punto de vista político, económico, social, tecnológico, medioambiental y legislativo”, dice el informe.
En los últimos años los requisitos de conformidad, como la información sobre los beneficiarios finales (UBO) y las personas de control significativo (PSC), han sido una parte fundamental de los procesos de conformidad en lugares de todo el mundo. Normativas como la de “conozca a su cliente” (KYC) y la de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) han sido adoptadas por al menos algunos sectores en todas las jurisdicciones.
Como resultado de las tensiones geopolíticas, las jurisdicciones están observando un endurecimiento de las normativas de cumplimiento global, como la información CSC y UBO. El 43 % espera que las empresas deban presentar más informes de cumplimiento normativo en el próximo año. Esto significará que las empresas no sólo tendrán que hacer frente a mayores exigencias de información, sino que también se espera que lo hagan de una manera más rápida que antes.
Debido a esta presión y a la mayor complejidad, casi la mitad (48%) de las jurisdicciones informan de que al menos algunas empresas se replantearán sus objetivos de expansión. Esto demuestra el verdadero impacto que pueden tener la legislación y los informes de cumplimiento global, limitando el atractivo de una jurisdicción y animando a las empresas a buscar en otra parte.
Sin embargo, aunque los incentivos de cumplimiento global pueden aumentar la complejidad, también pueden impulsar el atractivo de las jurisdicciones, especialmente para los clientes de patrimonios privados y family offices (PWFO) que buscan seguridad y protección. Por ejemplo, en Singapur, un marco normativo sólido y estable y la estabilidad política son los factores clave que atraen las inversiones extranjeras. Singapur también ofrece atractivos regímenes de incentivos fiscales que atraen a los particulares con grandes patrimonios.
Los criterios ASG son cada vez más importantes, y las empresas están obligadas a cumplir al menos un requisito en la mayoría de las jurisdicciones, con la diversidad a la cabeza. La mitad de las jurisdicciones (51 %) exige a las empresas que cumplan las leyes relativas a la diversidad de la mano de obra, y más de una cuarta parte (27 %) exige a las empresas que informen al respecto.
Casi la mitad (49 %) de las jurisdicciones exigen que todas las empresas presenten informes sobre la demografía de los empleados a las autoridades gubernamentales, lo que ha seguido creciendo año tras año (28 % en 2020, 41 % en 2021, 47 % en 2022). En América del Sur, el 80 % de las jurisdicciones requieren que todas las empresas presenten informes sobre la demografía de los empleados, seguidas por el 64% de las jurisdicciones en APAC.
