El futuro de las plantas eléctricas privadas es incierto, luego de que el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, acordara detener la compra de energía a los generadores particulares y, en su defecto, recurrir al mercado centroamericano cuando sus propias fuentes no son suficientes para cubrir la demanda nacional.
Con la desconexión de cuatro plantas en 2020 y el cierre, la semana anterior, de la hidroeléctrica de Río Segundo, en Sarchí, el sentido de urgencia crece entre los generadores privados.
La solución que plantean es que se les permita exportar la energía producida a través de una reforma o que se les faculte para participar del Mercado Eléctrico Regional (MER), a través del ICE.
Y es que de no dárseles una salida que permita aprovechar la inversión que ya han realizado en el país, por el orden de los US$50 millones, serán más proyectos eléctricos los que deberán cancelar sus operaciones conforme se les van venciendo los contratos.
La próxima en salir de circulación será la planta hidroeléctrica El ángel, en Grecia de Alajuela, a la que se le vence contrato con el ICE en noviembre de este año, en tanto que el próximo año vencerá otro proyecto.
"El ICE ha estado totalmente renuente a ver posibilidades de exportación a través de su intermediación en el MER. Por lo tanto, se requiere un proyecto de ley que habilite esta opción para que energía competitiva y limpia no se siga desperdiciando", expresó Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación de Productores de Energía (ACOPE).
El Ejecutivo anunció desde el pasado 2 de febrero que promoverá que plantas privadas puedan exportar energía a través de un proyecto de ley; sin embargo, no existe un "sentido de urgencia sobre el tema", según los productores.
Otras preocupaciones van en el sentido de desaprovechar energía renovable a menor precio y la matriz verde disponible vital para descarbonizar y electrificar la flotilla vehicular.
"El mantener proyectos renovables sin funcionar es contradictorio al acertado espíritu que ha distinguido al país, pues realmente existe espacio para que esta energía verde se convierta en un soporte regional para apoyar al resto de los países centroamericanos con la consecución de sus metas de transición energética y en las cuales, Costa Rica como líder, podría acompañar", expresó Karla Rodríguez, country mánager de Enel Costa Rica.
Costa Rica es el único país de Centroamérica que no permite a los productores privados exportar su energía a través del MER, pese a que tienen una capacidad conjunta para generar 270 megavatios (MW) y una producción anual de 1.184 gigavatios (GWh).
El sector privado dice respetar la decisión del ICE de no comprarles energía, ya que responde a una estrategia empresarial.
Al respecto, el ente estatal asegura haber pagado casi US$20 millones a los propietarios de las últimas plantas que cerró, después de haber renovado sus contratos por 24 años, entre 1997 y 2021.
Por otra parte, rechaza que estos cierres comprometan de alguna forma las metas de descarbonización y que sus importaciones de energía sean significativamente más caras respecto a lo que pagaban a generadores locales.
"El compromiso del ICE como pionero mundial de generación renovable se mantiene intacto, ya que actualmente y en el mediano plazo, la capacidad de producir electricidad limpia se cubre con las plantas que integran el Sistema Eléctrico Nacional", expresó la institución en un comunicado.
En la actualidad, están vigentes 26 contratos de compra entre el ICE y productores particulares, no obstante, solo se suscribirán contratos nuevos cuando el país necesite más electricidad y se respalde con estudios técnicos.
El crecimiento de la demanda eléctrica anual será cercano a un 2% en energía y un 1,5% en potencia hasta el año 2040, según proyecciones del ICE, que, además, aseguró tener cubierta esta demanda por varios años, después de anunciar la suspensión indefinida del proyecto hidroeléctrico Diquís y la postergación de la geotérmica Borinquen I en el 2018.
