La Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA) llama a poner especial atención a la agenda de la reapertura.
"La noticia sobre la salida del país de una gran industria alimentaria, que generaba fuentes de empleo y encadenamientos con varios sectores productivos y comerciales es un fuerte llamado de atención y de alerta ante la triste realidad nacional", indica la Cámara, al referirse al cierre de operaciones de LALA, a partir del 11 de diciembre en el país.
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Según Maurizio Musmanni, presidente de la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (CACIA), la coyuntura impone el deber de señalar aquellas razones por las cuales, el país dejó de generar las condiciones para que compañías de este tipo puedan arraigarse en el país.
La compañía explicó que la decisión fue resultado de una evaluación de la huella geográfica, desempeño y compatibilidad dentro de la estrategia futura; y en línea con la idea de enfocarse en sus mercados clave, aumentar la rentabilidad y mejorar el retorno del capital invertido.
Al dejar Costa Rica estarán enfocando los esfuerzos en Guatemala y Nicaragua, donde también tienen presencia.
"Desde hace varios años venimos señalando diversos factores que desmejoran el clima de inversión y las condiciones que el país requiere para generar más y mejor empleo", acotó Musmanni.
En este sentido la Cámara destaca:
1. Reprochamos los escasos avances en materia de apertura de mercados energéticos en procura de tarifas competitivas internacionalmente y sostenibles en el largo plazo.
2. Lamentamos el debilitamiento de la política comercial del país, que dejó de buscar una mayor transparencia, mejora logística, seguridad, eficiencia de pasos aduaneros, coherencia y armonización regulatoria y libertad del comercio regional centroamericano.
3. Lamentamos la mala utilización de los mecanismos de defensa comercial, que son sustituidos por criterios políticos que terminan reduciendo la competencia en productos esenciales en la cadena de abastecimiento, como es el caso del azúcar.
4. Nos impacta la insensibilidad del gobierno, ante la necesidad de eliminar las distorsiones en los sistemas de precios de alimentos de diversa índole, causada por la política de regulación de precios del arroz.
5. Lamentamos el inexistente avance en procura de mayor flexibilidad para la contratación laboral, mediante políticas de reducción de las cargas sociales que asfixian el emprendimiento, o mediante el pago de las contribuciones a la seguridad social, según la carga laboral de la persona trabajadora.
6. Preocupa las señales que recibe la industria, por parte de Diputados, que buscan sancionar a la industria alimentaria con más regulaciones, etiquetados de advertencia, impuestos específicos, orientados a reducir consumo y que tienen la capacidad de destruir valor de marcas y de compañías, construidas durante décadas.
7. Genera señales negativas la indiferencia, lentitud y carencia de determinación con que se puede avanzar en materia de eliminación de trámites y requisitos innecesarios, como es el caso del registro sanitario de productos de bajo riesgo sanitario.
8. Produce un enorme riesgo para cualquier empresario de cualquier tamaño, cuando un gobierno actúa a favor de más y mayores impuestos, en lugar de liderar reformas estructurales que otorguen eficiencia al Estado.
9. Provoca incertidumbre anti inversión, coyunturas y manejos políticos que envuelven al país en diálogos improductivos, que no generen soluciones a los profundos problemas estructurales de la economía y que instala el debate nacional en un potencial default financiero con enormes consecuencias socioeconómicas para el país.
"Al igual que cualquier sector productivo, la industria alimentaria demanda acción y coherencia en la política pública, las cuales son características ausentes de nuestra actual coyuntura política y económica", finalizó Musmanni.
130 personas desempleadas
La operación de la empresa de alimentos en Costa Rica representa 0.4 por ciento de las ventas anuales consolidadas de la compañía.
Sus principales activos están conformados por una planta de producción, un centro de distribución y doce rutas de distribución. Los activos relacionados serán puestos en venta o reasignados dentro de la región.
El diario El Financiero de Costa Rica indicó que el cierre dejará sin empleo a 130 personas. La compañía mantiene una planta de producción en San Ramón de Alajuela, en la cual había invertido US$14 millones, en enero del 2019, para modernizar los equipos y ampliar su capacidad de fabricación.
'Grupo Lala está comprometida en generar valor para sus accionistas al continuar ejecutando su estrategia de incrementar el retorno sobre el capital invertido a través del crecimiento rentable', apuntaba la empresa.
