A partir del 6 de marzo de este año, una buena parte de la facultad y personal de INCAE ha dedicado largas horas a apoyar empresas, sectores, e instituciones de toda la región centroamericana en su adaptación a las condiciones creadas por la pandemia de SARS-CoV-2. En particular se han organizado presentaciones relacionadas con el riesgo que representa la pandemia y sus impactos sobre la población, el progreso social, las economías nacionales y sectoriales, y de cómo habrá que ajustar estrategias y estructuras para enfrentar un futuro diferente. Nuestro apoyo es principalmente a nivel conceptual, analítico y de planificación.
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En las últimas dos semanas nos hemos dedicado a trabajar en el desarrollo de un marco analítico integral para apoyar el proceso de reapertura de sectores que han cerrado o disminuido radicalmente su producción, o que han permanecido abiertos, pero requieren fortalecer sus protocolos de seguridad ante la pandemia para evitar que se produzcan brotes mayores que obliguen a un nuevo cierre de la economía.
Le llamamos modelo integral porque consta de 8 partes que creemos son esenciales para una "apertura segura" de los diversos sectores productivos y de servicios públicos de la economía de cada nación. Y la apertura se ha vuelto urgente. La caída del PIB aumenta cada día, al igual que el desempleo, la pobreza, y el riesgo de un colapso del contrato social y el resultante levantamiento de la población contra toda la institucionalidad pública y privada del país. La apertura segura es urgente, porque ante una caída grande del PIB y una disminuida economía fiscal, el país llegará al límite práctico de su capacidad de respuesta.
La primera parte es ubicar en un orden de prioridad y seguridad a cada sector por medio del cálculo de un índice de apertura (ver figura 1). Para esto se utilizan tres criterios: el riesgo de contagio en la operación de cada sector; el riesgo social para sus trabajadores si llegan a estar en desempleo o sin ingresos, en el caso de ser empresarios; y la importancia económica de cada sector.
Figura 1. Factores del índice de apertura
El primero se determina por cuatro factores: a) propensión al contagio en el producto o servicio del sector; b) riesgo de contagio en el proceso de producción y en la naturaleza de su infraestructura; c) la intensidad de la interacción entre personas en el proceso y flujo de productos y servicios; y d) la densidad de la población laboral en diversos momentos del día y proceso en cada sector.
El riesgo social trata de medir cuatro factores de valor social si los empleados del sector llegaran a caer en desempleo o en una disminución radical de sus ingresos: a) el riesgo de no poder satisfacer sus necesidades esenciales; b) el riesgo a su seguridad integral como individuos y familias -alimentaria, acceso a la salud, acceso a agua y energía, personal y de sus activos-; si en desempleo y en relativo aislamiento c) pierden acceso a sus grupos de apoyo social y control; y d) si aumentan el riesgo familiar en alguna dimensión importante -hacinamiento, violencia, pérdida de capacidades y autoestima-.
El tercer elemento es el de impacto económico y se mide por el peso relativo del sector en el PIB y en el empleo nacional.
Esta medición hace que este marco sea único en su segunda dimensión, pues les da peso y valor a los impactos sociales de los cierres parciales y totales y ejerce así un contrapeso no económico al riesgo de contagio. En otras palabras, es el único modelo de los que se han presentado que alude a los impactos sociales producto de los cierres, en vez de solo medirlos por su riesgo de contagio e impacto económico.
Figura 2. Ubicación de factores por nivel de índice de apertura
La segunda parte de la metodología es distribuir los sectores, según el índice de apertura medido por los tres factores anteriores en seis grupos o niveles de alerta, con lo cual es posible dar el tercer paso que es asignarles un protocolo general de operación segura según su ubicación de acuerdo al índice (Figura 2).
Los seis niveles de alerta en que se ubican los sectores (Figura 3) van desde sectores que pueden volver a una relativa normalidad de manera inmediata tener una condición de alto riesgo de contagio y alta importancia social, deben abrirse parcial y paulatinamente y con protocolos de seguridad avanzados y exigentes.
Figura 3. Niveles de alerta aplicables a los diversos sectores según su índice de apertura
Las dos siguientes etapas del modelo piden dos análisis importantes en cada sector: 1) cuál es el estado operativo de la cadena de valor de cada empresa, para así determinar si por problemas de abastecimiento, distribución, logística u otro factor, dicho sector no podrá operar al nivel permitido y así hacer los ajustes que corresponda para no crear riesgos innecesarios; y 2) si existen tecnologías o innovaciones recientes que permiten disminuir los niveles de riesgo de contagio para incorporarlas al protocolo de las empresas del sector y así reducir aún más el nivel de riesgo.
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La sexta parte del marco integral es asignar a cada sector un protocolo adecuado y para esto es necesario trabajar con conocedores de la dinámica real del sector para asignar y diseñar los protocolos de apertura segura en su parte específica.
En general hay un protocolo general obligatorio para todas las empresas y sectores que consiste en prácticas y facilidades aumentadas de higiene en cada operación; el uso de mascarillas en toda situación de cercanía o contacto entre personas; la programación de ingresos, salidas y actividades comunes para evitar aglomeraciones; el ajuste de cargas y horarios para minimizar contactos y aglomeraciones; y el control de síntomas para aislar los factores de riesgo. Además de esto se asigna un protocolo específico (Figura 4) según el nivel de alerta de cada sector y se le pide a las empresas adaptarlo a la realidad de su infraestructura, ubicación, condiciones, etc.
Figura 4. Protocolos para cada nivel de alerta (ilustrativo, los instructivos tienen mucho mayor especificidad)
La séptima parte del marco integral pide a cada empresa adaptar todo lo anterior a su realidad
(Figura 5).
Figura 5. Aplicación detallada en una empresa
En la figura 5 se aprecia cómo la empresa ha separado a todos los colaboradores vulnerables, ha enviado a teletrabajo a quienes era posible hacerlo; ha dividido su trabajo en dos turnos para reducir la carga en las instalaciones; ha separado los equipos por departamentos y por nivel de riesgo en cada puesto, con el propósito de que, si alguien presenta síntomas, puedan aislarse pequeños equipos de trabajo sin tener que detener un proceso completo o la misma empresa.
El octavo elemento del marco integral es definir un esquema de apertura. La idea es que todos los sectores de la economía pueden operar en un nivel seguro, pero para esto algunos deberán abrir muy gradualmente y cada empresa debe determinar cuando le es posible operar con suficiente productividad para que valga la pena reabrir. Las empresas e instituciones deben abrir cuando puedan operar dentro de los parámetros de seguridad establecidos por el protocolo asignado.
Todo lo anterior debe hacerse acompañado por una campaña sumamente atractiva (Figura 6) y constante para crear conciencia en la fuerza laboral de que estos protocolos deben respetarse en todo momento, pues el precio de no hacerlo, aparte de un enorme riesgo personal y familiar, es dar al traste con un modelo que hace las aperturas seguras factibles y deseables, por el enorme pero que tiene en términos sociales y económicos el nivel de cierre actual del país.
Figura 6. Campaña de concientización
Aparte de lo anterior, aplicable a la economía formal del país, se recomienda el siguiente esquema (Figura 7) para abordar la operación segura de los sectores informales y otros de alto riesgo -empleo domiciliar, por ejemplo-.
En estos sectores, con poca capacidad de inversión y que representan un alto porcentaje del empleo y de las actividades productivas del país, se recomienda crear condiciones comunitarias, en coordinación con municipalidades y autoridad nacionales, para reducir el riesgo por medio de programas, políticas e inversiones seleccionadas.
En general, lo que se busca es minimizar el nivel de riesgo, inherentemente alto, de estos sectores por medio de reducir su necesidad de movilizarse para tener acceso a esquemas de apoyo e higiene y para poder seguir operando de manera tal que mantengan, en la medida posible, alguna función de ingresos que en muchos casos deberá llegar por transferencias directas del gobierno.
Figura 7. Protocolo para microempresas formales e informales
La protección de los sectores pobres, las microempresas formales e informales, el empleo doméstico y similares, debe ser de alta prioridad, pues por su misma condición los factores de vulnerabilidad al contagio y a los impactos sociales serán más altos. Esto implica dedicar una parte importante de los recursos de la política social del país a transferencias directas -ojalá sin intermediación burocrática- que les de acceso a tener los recursos que requieren para participar como consumidores en el mercado que llena sus necesidades esenciales. Es clave dotar las comunidades, mercados y sistemas de transporte de facilidades aumentadas de higiene y de servicios que eviten la necesidad de trasladarse y hacer filas para ganar acceso a los programas de apoyo. La campaña de educación, concientización y buenas prácticas por todos los medios y en particular el teléfono móvil. En estos sectores el papel de los gobiernos municipales, por su cercanía y conocimiento de la realidad en sus zonas de influencia, será de gran importancia.
En este artículo se esquematizan los principales componentes del marco integral de apertura y operación segura propuesto por INCAE.
Esta estrategia se ha entregado a la nación de El Salvador, a la sociedad salvadoreña, al gobierno, a FUSADES y, por medio de ANEP, al sector productivo y sociedad civil de la nación. Y es un modelo que se ha presentado en otros países de la región latinoamericana. Para impulsar un mecanismo de colaboración multisectorial que pueda ayudarnos a reactivar la economía de forma segura en la nueva normalidad.
