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Fecha de publicación: 2019-11-06

Nicaragua: British American Tobacco despedirá al 30% de sus empleados

La firma atribuyó las medidas al impacto de las reformas tributarias aprobadas por el Parlamento en febrero. El incremento en el impuesto del 210% obligaron al sector a aumentar el precio más allá de la capacidad adquisitiva del consumidor, alega.

Por AFP

La empresa British American Tobacco (BATCA), que comercializa cigarrillos en Nicaragua, despedirá al 30% de su personal y valorará continuar operaciones, afectada por un alza de 210% en el impuesto a ese producto, según un comunicado divulgado este martes.

La empresa importadora y distribuidora de cigarrillo, que atiende al 91% del comercio local, dejará en el desempleo a unos 60 colaboradores de todas las áreas, tras "haber hecho todos los intentos posibles" para evitar los despidos, señaló en un comunicado.

Las causas de esta medida las atribuyó a que las reformas tributarias aprobadas por el Parlamento en febrero tuvieron "un impacto dramático en el negocio del cigarrillo". "El incremento en el impuesto del 210% obligaron al sector a aumentar el precio más allá de la capacidad adquisitiva del consumidor", alegó.

Desde marzo, cuando entró en vigencia la reforma, las ventas de cigarrillos se desplomaron en un 40% y en igual medida aumentó en el país el contrabando de ese producto, según datos de la empresa, que omitió cuantificar las pérdidas.

Una cajetilla de cigarrillos que costaba el equivalente a US$1,63 aumentó a US$2,80, producto de la nueva carga fiscal, dijo a la AFP el gerente de asuntos externos del BATCA, Gustavo Mercado.

"El nivel de precios de ahora, yo creo que es un precio realista bajo la nueva realidad comercial, pero el consumidor de bajo recurso no lo puede pagar", argumentó.

"Las condiciones se pueden volver aún más adversas" el próximo año porque la ley de concertación tributaria establece otro incremento del 25%, lo que haría "más difícil mantener una operación sustentable", considera la compañía.

La reforma fiscal aprobada por el parlamento buscaba cubrir un déficit financiero de US$315 millones, lo que fue rechazado, entonces, por el sector privado que advirtió que la carga impositiva pondría en riesgo la operación de empresas y costaría miles de empleos.

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