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Fecha de publicación: 2019-08-14

El Salvador: Gobierno evalúa suspender la construcción de hidroeléctrica

El Chaparral es un polémico proyecto hidroeléctrico que se comenzó a gestar en la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009), que se ha visto involucrado en casos de corrupción, costos sobrevalorados y de protestas de las comunidades.

Por estrategiaynegocios.net

El gobierno de El Salvador evalúa suspender la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral, un costoso y polémico proyecto ubicado en San Luis La Reina, en el norte del departamento de San Miguel, al oriente del país.

El martes, comunidades aledañas al proyecto bloquearan las calles de acceso a la obra y se interrumpieran las obras de trabajo, mientras desde el Ejecutivo se baraja la posibilidad de cancelarlo.

Las protestas se deben a incumplimientos en proyectos sociales que el anterior gobierno prometió pero que la nueva administración de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) los considera “inviables”, según respondió, también en Twitter, Daniel Álvarez, presidente de la empresa estatal.

“Las obras que el FMLN prometió a la comunidad no son viables. No vamos a ceder a ese tipo de presiones, las cosas ya cambiaron”, indicó Álvarez según destaca Diario El Mundo.

El Chaparral es un polémico proyecto hidroeléctrico que se comenzó a gestar en la administración de Elías Antonio Saca (2004-2009), que se ha visto involucrado en casos de corrupción, costos sobrevalorados y de protestas de las comunidades.

Una vez finalizado, inyectará a la red nacional 67 megavatios (MW).

Para Luis Rodríguez, comisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, la central hidroeléctrica “históricamente ha sido un proyecto bastante complejo” y la decisión de suspender su construcción no es “fácil” sino que “requiere un alto grado de determinación”.

“Implica ciertas cosas tanto técnicas como legales. Imagino que se hará el dibujo correcto para que no salgan afectadas las instituciones que han estado trabajando”, indicó.

“Creo que es mejor detenerlo y pasar el caso a la Fiscalía General de la República (FGR)”, publicó en Twitter el presidente Nayib Bukele, al tiempo que culpó al partido FMLN de “poner a las comunidades en contra del proyecto”.

“Ahora son tan cínicos que ponen a sus alcaldes a mover a las comunidades en contra del proyecto que ellos mismos hicieron. No se dan cuenta que nos hicieron revisar todo el proyecto y encontramos todo lo que se habían robado”, señaló Bukele.

Pese a las declaraciones de funcionarios, la CEL no emitió una posición oficial sobre si analizará o no cancelar la construcción del proyecto, que se prevé inicie operaciones en el primer trimestre de 2020.

Contrato con constructora en riesgo

De acuerdo con elsalvador.com, el contrato con la empresa rusa Tyazhmash vence el jueves 15 de agosto y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel) aún no lo renueva.

Además, durante todo este tiempo la empresa tampoco ha recibido un pago de aproximadamente US$12 millones que exigió como compensación por toda la maquinaria que ya está montada en el proyecto, por lo que la compañía ya augura un posible arbitraje que tendría que dirimirse a nivel internacional.

"La autónoma no ha pagado a la empresa pese a que ya tiene disponible el dinero desde hace varios meses pues éste será financiado a través de un préstamo que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha tenido listo desde el año pasado", explica el portal salvadoreño.

Con este incumplimiento, la empresa está libre de solicitar un arbitraje que tendría que dirimirse en una instancia internacional y que le costaría al país millones de dólares, como ya ocurrió con el otro litigio con la italiana Enel, a la cual en la administración de Salvador Sánchez Cerén se le pagó US$$287 millones por la explotación de pozos geotérmicos.

Como Tyazhmash, hay otras 32 compañías contratadas para finalizar el proyecto, que quedó paralizado desde 2012 cuando la Cel dio por finalizado el contrato con la empresa italiana Astaldi, a la que tuvo que indemnizar con US$108.5 millones en el gobierno de Mauricio Funes, pese a que la obra solo tenía un 29% de avance.

Si el proyecto se detiene, estas compañías también estarían en su derecho de solicitar una indemnización por los trabajos hechos hasta ahora.

Con información de Diario El Mundo y elsalvador.com.

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