Costa Rica ha podido contener, por el momento, la crisis sanitaria asociada a la pandemia mundial provocada por el COVID-19.
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Pero esa es la primera parte de la ecuación. Ahora toca lidiar con una profunda crisis económica planetaria de la que el país no sale indemne. El Banco Central de Costa Rica, en su última proyección, aventuraba una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del -3,6 %.Y esa crisis tiene costos económicos y sociales, en forma de desempleo, hambre, y endeudamiento estatal.
Para ello, el Gobierno de Costa Rica lanzó, desde prácticamente el inicio una serie de medidas para proteger a los más desfavorecidos ante esta situación, aquellos que perdieron (o están en camino de) su empleo por cierres de empresas que no pueden aguantar la situación de confinamiento que vive el mundo. Se trata del plan Proteger, un bono solidario para aquellos que hayan perdido su empleo, de manera total o parcial, que va de 125.000 colones (US$220) a 62.500 colones (US$110).
También se ha facilitado el retiro del Fondo de Capitalización Laboral (aporte de los patronos del 3% del salario a la cesantía de los trabajadores, administrados por las operadores de pensiones). El Ejecutivo de Carlos Alvarado busca así proteger a 790.000 personas. Para ello necesita recursos frescos por un total de 291.000 millones de colones (US$513 millones) -las necesidades brutas de financiamento en 2020 son superiores a US$7.566 millones (12,45% del PIB)-.
Parte de ese dinero ya existe (y ya se ha distribuido), pero está en planes un impuesto solidario temporal a salarios superiores a los combustibles -del que se ha excluido el diesel-. Y para alivianar la carga de las empresas, lo que sigue la línea de tratar de proteger las fuentes de empleo (el 85 % de los puestos de trabajo en Costa Rica los genera la empresa privada), también lanzó una serie de medidas fiscales temporales.
Además se flexibilizó la política laboral, permitiendo la suspensión temporal de empleo, aliviando a la vez las cargas sociales de las empresas. Asimismo se han aprobado moratorias a créditos.
Todo ello tiene unos costos para las arcas estatales, ya exhaustas. Cuando parecía que el barco comenzaría a enderezarse, llega una situación excepcional que obliga a mayores desembolsos, junto a menores ingresos. El Ministerio de Hacienda estima una reducción en los ingresos de 975.000 millones de colones (más de US$1.700 millones), proyectando un déficit fiscal del 8,6 %, frente al (ya elevado) 6,1 % previsto inicialmente.
MODELO CON FORTALEZAS
El director de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Carlos Montenegro, juzga positivas la moratoria de pago de impuestos como el IVA, selectivo de consumo y aranceles; la directriz a los bancos comerciales del Estado y la invitación al resto del sistema financiero a establecer readecuaciones y prórrogas a los clientes; asì como la ley que permite la reducción temporal o la suspensión de la jornada de trabajo. Por contra, ve negativas "las propuestas que pretenden aumentar impuestos y afectar la competitividad de la producción que necesita reactivación cuanto antes".Descargue nuestra edición impresa ¡GRATIS!
El politólogo Gustavo Araya apunta que existe capacidad para salir de la crisis. "A nivel sanitario e institucional, diría que sin lugar a dudas. Otra dimensión es desde el punto de vista económico, creo que sí".
A su juicio, además, el modelo de desarrollo costarricense ha mostrado su músculo, con un agro fuerte, con una capacidad importante de dar sustento a propia población.
Otra fortaleza es contar con una economía diversificada: implementos médicos, shared services…, sectores pegados a internacionales que no han sufrido por la pandemia, como alta tecnología.
El politólogo apunta al turismo como el eslabón más débil, "pero con la activación del turismo local, si no necesariamente saldrá boyante, bien pensado puede sostener el sector".
Otro de los más golpeados es el comercio. "La venta al menudeo de artículos no comestibles ni de primera necesidad, han sido sin duda los productos más afectados tras esta situación, por ejemplo, electrodomésticos y prendas de vestir. También el sector de restaurantes y el sector turismo han sido muy impactados por esta crisis, las ventas han decrecido entre un 50% y un 80% tras el cierre total de bares y parcial de restaurantes", explica Alonso Elizondo, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Cifras de la CCCR muestran que el 80% de las empresas han experimentado una disminución en sus ventas.
El empleo se ha contraído. En la CCCR se estima para los próximos meses una tasa de desempleo de al menos 20%.
Un sondeo realizado en marzo por la CICR determinó que un 27% de las empresas asociadas a la misma se han acogido a la reducción de jornadas, mientras que un 5% realizó suspensión de contratos o envió a sus trabajadores de vacaciones. El mismo sondeo mostraba que el 13% de las empresas han realizado despidos como consecuencia de la pandemia. "La gran mayoría, hasta ese momento, no había tomado acciones con su personal. Sin embargo, en el corto plazo, el 18% planeaba despedir trabajadores", asevera el director ejecutivo de la CICR.
"Para la agenda del mediano y largo plazo hay una demanda importante de inteligencia de mercados, de implementación de nuevas estrategias de comercialización, de apoyos financieros en condiciones favorables, de flexibilización de medidas laborales y fiscales ya no solo para mitigar el corto plazo de la crisis, sino también para adecuarse a la nueva realidad de un entorno de restablecimiento de la ‘normalidad’, y de nuevos comportamientos de los mercados", incide la presidenta de la Cámara de Exportadores (Cadexco), Laura Bonilla.
*Texto de la edición abril-mayo 2020
