La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), advirtió en un reciente estudio que una reducción en las tasas de crecimiento económico de los países importadores de alimentos, entre -2% y -10% en su PIB, debido al impacto negativo del COVID-19, podría incrementar el hambre y la desnutrición desde 14.4 millones a 80.3 millones de personas a nivel global en 2020.
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Por ello, el organismo instó a los organismos multilaterales y a los gobiernos de esos países a orientar los estímulos económicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de otros, así como a garantizar dos necesidades de corto plazo: que la cadena de suministro de alimentos se mantenga activa y no se interrumpa y asegurar alimentos a los sectores más pobres y vulnerables.
En un reciente webinar del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre Retos a la Seguridad Alimentaria en el contexto del COVID-19 en ALC, Máximo Torrero, Jefe Economista de FAO, confirmó que los países de Meosamérica, integrados por México, Belice y Centroamérica, son importadores netos de alimentos, al igual que las islas del Caribe, y agregó que han sufrido crisis alimentaria en otros años, poblaciones de Ecuador, Venezuela, Centroamérica y Colombia.
Ante la pandemia del COVID-19, abogó por la trilogía de Salud, Alimentos y Desarrollo, lo que implicaría establecer y respetar protocolos de salud en los puertos sobre todo, sin afectar la importación y transporte de alimentos. "Debemos poner la producción de alimentos como un sector esencial en las economías", dijo Torrero.
El Jefe Economista de FAO abogó por los programas de alimentos para los sectores más vulnerables y, en ese sentido, buscar alternativas para aquellos que se ejecutaban a través de las escuelas y colegios, ya que hoy permanecen cerradas.
También propuso que las transferencias de emergencia se vinculen a la realización de trabajos productivos, suplir los bancos de alimentos, mejorar la productividad, reducir las pérdidas post cosechas de los productos alimenticios de alto valor (frutales, lácteos, carnes, café, etc), debido a una reducción de la demanda; y mejorar la infraestructura de almacenamiento de esos alimentos de alto valor.
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Además, sugirió desarrollar el comercio electrónico de productos agrícolas y de alimentos, así como fortalecer los canales del comercio local e intrarregional, para minimizar la caída de demanda internacional.
Región de contradicciones
Erick Quirós, Coordinador para Asuntos Especiales de la Región Central del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), valoró que Centroamérica continúa siendo una región que presenta enormes contradicciones que afectan el desarrollo de su población, ya que por una parte persisten el hambre y la desnutrición; y por otra parte produce y exporta alimentos en abundancia y tiene una gran riqueza agrícola ."Los países centroamericanos presentan condiciones heterogéneas en sus indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, percibiéndose disparidades en los índices de desarrollo humano, sub alimentación, capacidad adquisitiva, y desnutrición, tanto entre países como entre regiones en su interior", apuntó a E&N.
Indicó que el Informe Mundial de Crisis Alimentarias 2020, elaborado por la Red Mundial contra Crisis Alimentarias con el apoyo de la Red de Información de Seguridad Alimentaria (Food Security Information Network, FSIN), devela que durante el 2019, debido a la sequía, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, registraron un incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional, que alcanzó a 4.4 millones de personas. Por tanto, como efecto de la pandemia de coronavirus, se estima que esta cifra podría duplicarse.
"A partir de febrero, la falta de reservas de granos básicos como resultado de la prolongada sequía del año pasado, y la caída de la demanda de mano de obra agrícola, limitó el acceso a los alimentos, ya que (laborar en el campo) es la principal fuente de ingresos para los hogares pobres", agregó.
Estimó que la cantidad de personas en crisis alimentaria aumentará a 1,2 millones de personas en Honduras, a 1,3 millones en las zonas rurales de Guatemala, y a más de 100.000 personas en Nicaragua y también en El Salvador. Por tanto, la sequía de 2019 y los ingresos familiares deprimidos, particularmente para los caficultores, generan una inseguridad alimentaria aguda.
Por su parte, la doctora Adriana Hernández, Profesora asociada de la prestigiosa Escuela Zamorano, señaló -basándose en cifras oficiales de FAO- que en Mesoamérica (México, Belice y Centroamérica), la población sub alimentada alcanzó alrededor de 11 millones de personas, en el periodo 2000-2008.
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"La menor prevalencia en sub alimentación, en las dos últimas décadas, se registró en 2014", apuntó, sin embargo a continuación señaló que posteriormente la región de América Latina y el Caribe mostró aumentos continuos, de tal forma que la prevalencia creció de 6,1% a 6,5% en el periodo 2014-2018.
La Profesora asociada en Nutrición y Seguridad Alimentaria del Zamorano, indicó que la inseguridad alimentaria se clasifica en "grave" y "moderada". A nivel global la FAO estima que más de 1.900 millones de personas sufrieron de inseguridad alimentaria, moderada o grave, en el trienio 2016-2018.
En el caso de América Latina y el Caribe, calcula que suman 187 millones de personas las que sufren inseguridad alimentaria, y de estas, 53.7 millones de personas en la categoría de "grave".
"Alrededor de dos tercios de esa población se encontraban en Sudamérica y el resto en Mesoamérica, que incluye a Centroamérica", concluyó Hernández.
¿Qué hacer? los expertos sugieren El doctor Arie Sanders, Decano asociado de Posgrado en Zamorano, respaldó acciones que están tomando los gobiernos a nivel global, incluso en Centroamérica de transferencias monetarias a grupos más vulnerables de cada país, para que adquieran alimentos, lo que contribuye a su salud y a su vez, estimulan la demanda local de productos alimenticios.
También se mostró partidario de que se establezcan normas transitorias en los sistemas financieros de la región, para posponer el pago de deudas de agricultores y empresas agropecuarias, sin embargo, rechazó completamente el concepto de condonación.
"Hay que repensar el sistema productivo, debe ser ahora menos globalizado, y más regional y local. También debemos encaminarnos hacia sistemas productivos más intensivos y sostenibles. Ese tipo de tecnología está disponible y se puede transferir a los productores. Además, desarrollar sistemas productivos más resilientes", apuntó.
Sanders valoró que tras la pandemia del COVID-19 aumentará la demanda por productos más sanos, más saludables, y en ese sentido ve una oportunidad para la región, no sólo para exportar sino también para vender localmente.
"Hay que incentivar que la gente compre y consuma productos más saludables, y que estos sean más accesibles a las poblaciones vulnerables, en lugar de consumir comida chatarra", dijo.
Por su parte Rommel Reconco, Profesor asociado del departamento de Agronegocios, refirió que se requieren de respuestas rápidas de los agronegocios con estrategias para enfrentar la nueva realidad post COVID-19. En ese sentido, destacó que hay estrategias que se pueden implementar para ofrecer cierta rentabilidad sostenida para empresas del agro.
En primer lugar, abogó por la concentración de la oferta de los productos mediante la creación de grupos organizados como cooperativas, consorcios y otros, que les permita la compra de insumos agrícolas a bajos costos y; en segundo lugar, replantear la estructura de capital de la empresa, estrategia que requiere del análisis de reestructuración de deudas, ya sea con bancos o proveedores.
En tercer lugar, llamó a enfocarse en esta crisis en el manejo del flujo de caja, que permite la continuación de las operaciones de las empresas y; finalmente, innovar en los nuevos modelos agrícolas, que respondan a la nueva normalidad post COVID-19, entregando productos a menores costos que la competencia y diferenciando los productos y servicios que ofrecen, ya sea a través de empaques, frescura, calidad y certificaciones, entre otras.
"El sector agrícola se ha mantenido heroicamente asegurando productos y servicios", afirmó Reconco.
Por su parte el ingeniero Quirós, de IICA, se pronunció también porque los sistemas financieros de los países de la región readecúen créditos, para permitir que los productores del sector agropecuario centroamericano inyecten capital de trabajo a sus unidades productivas y generen liquidez para la compra de insumos y pago de planillas.
Entre otras políticas claves a desarrollar, Quirós propuso garantizar el abastecimiento de alimentos a nivel de cada país y regional, tomar las medidas sanitarias para que la producción no se detenga, mantener habilitadas, con lineamientos de salud, las ferias y mercados agrícolas donde los agricultores llegan para vender sus productos y utilizar las redes sociales para promocionar los productos agopecuarios.
Además, desarrollar campañas informativas para que la población consuma productos nacionales apoyando a los agricultores y reducir la tarifa eléctrica, entre otras acciones, ya que la agricultura es la base del desarrollo de Centroamérica.
