Por Norma Lezcano – Columnista Revista Estrategia & Negocios
Aseguran que la realidad suele superar a la ficción. Cuando se analiza el desempeño de los organismos internacionales en América Latina, esa afirmación se valida una vez más... Al punto que, hasta la atrapante historia de la serie finlandesa ‘Peacemaker’ parece quedar tímida en sus planteos.
Con gran coraje y realismo, la mencionada ficción mete las narices en los sótanos de la ONU y refleja como una compleja trama de disputa de poder y comercio ilegal de armas internacional neutraliza los esfuerzos, la pasión y la ética de una diplomática experta en negociaciones de paz.
Como sugiere la ficción, en la realidad ¿los peacemakers (pacificadores) están en retirada? ¿Qué fuerzas pretenden “jubilarlos” y, en medio de esa jugada, destruir la arquitectura surgida a finales del siglo XIX como la expresión de la cooperación internacional institucionalizada? Una ola muy potente, agresiva y multicausal está arrasando con el espíritu del multilateralismo.
En América Latina, y más particularmente en el brazo que une a la América del Norte con la del Sur –Centroamérica las consecuencias de esa ola ya se está cobrando un costo importante en términos de calidad democrática y bienestar para la sociedad.
“Estos organismos han evolucionado con los años, y hoy impulsan y supervisan procesos de cooperación en diferentes ámbitos: materias de paz y seguridad internacionales, defensa y promoción de la democracia representativa y de los derechos humanos”, explica Hernán Salinas B., investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CEIUC).
“Pero, junto a esta evolución, visualizamos una profunda crisis en estas organizaciones internacionales”, reconoce Salinas; y precisa: “Si bien encontramos un fortalecimiento en el ámbito normativo e institucional, su eficacia aparece bastante comprometida”.
¿EVIDENCIAS?
Para el año 2022, la Organización de Estados Americanos (OEA) dispuso de un presupuesto de US$84 millones, para destinarlo a “actividades constantes en favor de la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, el desarrollo, la igualdad y la sostenibilidad” de sus estados miembros.
En los puros hechos, ¿qué muestran sus estados miembros? De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 10% más rico de la población gana 22 veces más que el 10% más pobre.
Según Unicef, 12 millones de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe no participan del sistema de educación formal.
De acuerdo a cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la mayor parte (37%) de los homicidios intencionales cometidos en el último año, a escala global, se registraron en Latinoamérica, aun cuando en la región vive menos del 8% de la población mundial. La presencia de armas de fuego ilícitas agrava más el impacto de la violencia, con un estimado de 75% de homicidios cometidos con armas de fuego, cifra significativamente superior al promedio en el mundo (54%).
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Centroamérica registró, a julio de 2022, unos 300.000 desplazados forzados y unos 580.000 refugiados y solicitantes de asilo, de acuerdo a una radiografía sobre fenómenos migratorios realizada por el Banco Mundial. En tanto, la Oficina de Aduanas y Frontera Sur de Estados Unidos, anotó para todo 2021 (a pesar de la pandemia) un total de 122.000 niños, niñas y adolescentes procedentes de Guatemala, El Salvador y Honduras que llegaron sin acompañantes adultos.
“Para ir de Centroamérica a la frontera entre Estados Unidos y México, un migrante tiene que pagar entre US$6.000 y US$10.000, lo que supone más del doble que hace unos años”, afirma la organización The Washington Office on Latin America (también conocida como WOLA).
Junto a este panorama, hay que apuntar otro definitivamente significativo en esta historia: 4,8 millones de venezolanos ya viven como refugiados o migrantes estructurales, según ACNUR. A su vez, en 2021 creció en más de 400% la solicitud de refugio por parte de nicaragüenses en Costa Rica, según datos de la Dirección de Migraciones de ese país.
ENTONCES ¿QUÉ CON LOS OBJETIVOS DE LA OEA?
“Los problemas de los países centroamericanos son enormes. Los del resto de América Latina son aún más graves”, describe el politólogo venezolano Moisés Naim, en una editorial publicada en su blog bajo el título “Joe Biden y el fracaso de América Latina”.
El punto es que ese fracaso se está traduciendo en un profundo malestar de la sociedad con sus sistemas políticos. “Muchos países de la región están experimentando mayores niveles de descontento y desconfianza social. La satisfacción con el funcionamiento del sistema político alcanzó su punto más bajo en 2018, con tres de cada cuatro personas expresando una opinión negativa sobre la vida política en su país”, señala el documento Visión estratégica de UNODC para América Latina y el Caribe 2022-2025. Allí, la fuente agrega: “Existe una preocupación creciente con respecto a la infiltración de grupos criminales y violentos en las protestas para socavar la estabilidad y alimentar la polarización”.
Mientras los trabajos de campo ‘gritan’ sin disimulos que hoy la tragedia social está socavando las bases mismas de la democracia, la IX Cumbre de las Américas (en Los Ángeles, del 6 al 10 de junio del pasado año) se convocó bajo el lema “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo”, con cinco ejes temáticos: “Salud y Resiliencia en las Américas, Nuestro Futuro Verde, Acelerando la Transición a la Energía Limpia, Transformación Digital y Gobernabilidad Democrática”.
Sin dudas, una agenda con sofisticación e interés..., para sociedades que tienen futuro. Diseñar un “futuro verde” cuando no hay un presente garantizado para la población suena entre ingenuo y cínico.
“Bajos niveles de educación y altas tasas de desempleo ponen a las personas jóvenes en un estado de vulnerabilidad de cara a la victimización, los comportamientos violentos y delincuenciales, e incluso a ser reclutadas por estructuras criminales organizadas”, señala el estudio de la UNODC, donde se apunta, además, que “la región sostiene la más alta y creciente percepción de que el gobierno es corrupto (cerca del 80%)”.
“Creo que lo importante de la declaración de la Cumbre es la idea del compromiso regional”, rescatan Maureen Meyer, vicepresidenta de Programas, y Adam Isacson, director de Supervisión de Defensa de WOLA, en un artículo publicado por la organización.
Es cierto que, tras la Cumbre de Los Ángeles, hubo dos reuniones de seguimiento: una en la Casa Blanca (el 26 de septiembre) y luego la Asamblea General de la OEA (del 6 de octubre en Perú), en donde se apuntó a que los gobiernos se comprometan más plenamente a “coordinar esfuerzos para abordar aspectos como la asistencia humanitaria, las condiciones de las comunidades receptoras, las vías laborales, la protección y la gestión de la migración”. Algo así como suministrar aspirinas para una enfermedad terminal.
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EN EL FONDO ¿DE QUÉ NO SE HABLA?
El trasfondo de esta historia tiene varias líneas argumentales, y todas ellas están convirtiendo en cenizas olvidadas los propósitos de la OEA consagrados en el artículo 2 de su Carta constitutiva, donde se prevé, entre otros puntos, que debe trabajar para: “Afianzar la paz y la seguridad del Continente; promover y consolidar la democracia representativa; promover su desarrollo económico, social y cultural y erradicar la pobreza crítica, que constituye un obstáculo al pleno desarrollo democrático de los pueblos del hemisferio”.
¿Por qué tan nobles principios no consiguen convertirse en bienestar para los habitantes de la región? Las fichas de poder que se juegan en el escenario latinoamericano son cada vez más poderosas y contrapuestas.
Vamos al punto: Estados Unidos y Canadá aportan más del 64% de los fondos para el pleno funcionamiento de la OEA. Sin dudas, Washington utiliza al organismo como una herramienta para pretender ordenar a sus vecinos, conforme a sus intereses. Pero, esos intereses han sido bien disímiles en los últimos años conforme quien ocupó el Salón Oval.
“El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández cooperó en materia de migración, y la administración Trump guardó completo silencio sobre la corrupción y los problemas de derechos humanos. Incluso Nayib Bukele (presidente de El Salvador) al acceder a colaborar en materia de migración con los acuerdos de ‘Tercer País Seguro’, durante la administración Trump, se benefició mucho del silencio oficial de Estados Unidos cuando se comportó de manera autoritaria”, señala Adam Isacson, de WOLA.
“En general, es importante que la administración Biden haya dado un giro significativo en su forma de abordar la migración. Ahora tenemos un enfoque mucho más integral, buscando cómo abordar las causas profundas”, aporta Maureen Meyer, también de WOLA.
Aunque, ella advierte: “En Honduras, donde creo que la administración Biden tiene muchas expectativas de cambio, hay algunas señales preocupantes por parte de la administración de la presidenta Xiomara Castro sobre el grado de compromiso con una comisión realmente autónoma para combatir la impunidad”.
¿Puede cumplir la OEA con sus propósitos cuando el principal financista actúa conforme a su tendencia política y el resto de los miembros ni siquiera responde a un principio de ética pública básico que sostenga el valor de sus democracias?
Más allá del juego de la Casa Blanca, ¿cuál es el juego del propio secretario de la OEA, el pragmático uruguayo Luis Almagro, que llegó al organismo con el apoyo del líder de izquierda de su país, José Mujica? Por convicción ideológica o por cálculo político, Almagro se tardó en actuar conforme a los principios de la OEA, por ejemplo en el caso de Nicaragua.
Basta recordar la carta que la escritora Gioconda Belli envió a Almagro el 8 de junio de 2018, cuando el organismo firmó un acuerdo con el régimen de Daniel Ortega. Belli escribió entonces: “Usted conoce de primera mano que en 2015 Ortega anunció que no admitiría observación internacional de las elecciones.
El acompañamiento que admitió de la OEA no impidió la maniobra que anuló a la coalición de partidos que sí podía competir.
En 2016, durante la segunda reelección consecutiva de Ortega, ustedes presenciaron una elección donde sólo Ortega podía ganar, pues no tenía competencia, y el electorado respondió con una masiva abstención. Los trucos los hicieron y ustedes sólo fueron testigos de un proceso cuyo contenido fue vaciado de antemano.
¿Cómo pedirnos, Señor Almagro, que en estas circunstancias aceptemos el acuerdo que ha suscrito con el Gobierno, a espaldas de la sociedad nicaragüense, para ‘fortalecer las instituciones democráticas’ de la dictadura de Ortega?”.
Cuatro años después, Almagro (a costa de ser tildado “espía de la CIA” por el eje Cuba- Nicaragua-Venezuela-México) presiona enfáticamente a la dictadura nicaragüense.
Claro, ahora que Ortega cometió la criminalidad de encarcelar a sus opositores (Arturo Cruz, Francisco Aguirre Sacasa, Víctor Hugo Tinoco, José Pallais, Pedro Joaquín Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios y..., la lista sigue), y negarles sus derechos humanos elementales.
El Gobierno de Estados Unidos tampoco fue consistente con los señalamientos a Nicaragua. El Fondo Monetario Internacional cerró acuerdos con la dictadura y eso sedujo al establishment local y silenció al externo.
Recién con la llegada de Biden al poder, la Casa Blanca incluyó este año a 23 jueces y fiscales nicaragüenses en la ‘Lista Engel’, que señala por corrupción a 60 funcionarios, jueces y ex responsables gubernamentales de El Salvador, Honduras, Guatemala y, ahora, Nicaragua.
MODERNIDAD LÍQUIDA Y PERVERSA
En esta “modernidad líquida”, como la definió el maestro Zygmunt Bauman, ¿pueden ser tan líquidos los principios que rigen a una organización internacional de peso como aún lo es la OEA, y en cuyas manos podría descansar buena parte del bienestar que siguen esperando los habitantes de la región? A este guión le falta un capítulo truculento más (tal vez, el más decisivo) que explica, en buena medida, las razones de un continente rico en recursos y talentos que se desangra por inequidad, violencia y desamparo.
Ese capítulo está escrito por el narcotráfico y el lavado de dinero. El gobierno de Estados Unidos estima que unos US$24.000 millones en ‘dinero lavado’ cruza la frontera con México cada año, mientras que Global Financial Integrity calcula que más de US$42.000 millones en fondos ilícitos fluyen fuera de México; anualmente, la tercera cifra más alta en el mundo, después de las generadas por China y Rusia.
“Las bandas criminales están contaminando la democracia mediante la financiación de las campañas políticas e incluso la compra de deuda pública para lavar su dinero sucio”, señala Edgardo Buscaglia, investigador en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia y autor del nuevo libro, Lavado de dinero y la corrupción política.
Buscaglia advierte que “cárteles de la droga han comenzado a utilizar las ‘empresas fachada’ para comprar deuda pública en los estados con inusualmente elevados déficits, como Coahuila y Chiapas”. Una maniobra similar se habría intentado en Guatemala.
“Existe una relación entre el dinero sucio en la política y la inacción y la parálisis del gobierno mexicano”, asegura Buscaglia. Es, justamente, ese gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, el que actualmente se sumó al de Venezuela y al de Argentina para solicitar cambios en la conducción de la OEA.
El “bolivarianismo regional’, que inició Hugo Chávez con el financiamiento del petróleo venezolano, y que Nicolás Maduro mantuvo y extendió con el financiamiento del narcotráfico (a través del Cártel de los Soles, la organización criminal conformada por miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana) pretendió ser una cruzada ideológica para desterrar el supuesto “monroísmo norteamericano” (América para los americanos), manipulado por la OEA.
Con el paso del tiempo, las jugadas van mostrando su verdadera lógica. El pretendido bolivarianismo liberador de América Latina devino en un pool de populismos autocráticos, financiados por fuentes oscuras y sospechados de corrupción. Mientras, el monroísmo se volvió tan “liquido” como la modernidad misma de la que forma parte.
Desde la irrupción del trumpismo, EE UU supo lo que es tener un inquilino en la Casa Blanca -Donald Trump- tan populista y escasamente comprometido con la democracia como sus vecinos del sur.
Mientras, los vecinos latinos supieron lo que es tener al principal financista operando en sus países de acuerdo a su conveniencia, como siempre, pero esta vez con un bajo estándar democrático. Y esto no ha logrado cambiar radicalmente con Joe Biden.
“En otra época, en Estados Unidos, un Gobierno demócrata de centro habría intentado dinamizar las economías y buscar formas de proteger la democracia. Estimular el comercio entre América Latina y Estados Unidos, por ejemplo, es una idea válida que hoy ni siquiera se menciona. El ánimo antiglobalización imperante en el partido demócrata lo impide”, sostiene Moisés Naim.
Entonces, ¿los peacemaker están en retirada? Tal vez, si pretenden seguir jugando desde el entorno confortable de las guaridas diplomáticas donde la narración siempre es políticamente correcta para que parezca que están cambiando la realidad, cuando nada cambia.
Sin embargo, puede que tengan aún larga vida si se atreven a volver, con integridad y coherencia, a los propósitos trascendentes que dan razón de ser a las organizaciones internacionales para las cuales sirven. Su existencia depende de que decidan enfrentar a los poderes que luchan por construir presentes efímeros, que sólo contienen a elites minoritarias y corruptas.
Decía el ex presidente argentino Arturo Frondizi (1958-1962), “las sociedades no se suicidan”. Por eso, a pesar de todo, las civilizaciones siguen de pie y progresando.
