Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
El Gobierno de El Salvador comenzará a aplicar cercos militares y policiales alrededor de las principales ciudades para la búsqueda y captura de delincuentes, como parte de una nueva etapa de su Plan de Control Territorial.
El presidente de la República, Nayib Bukele, explicó que este plan corresponde a la Fase 5 del Plan y responde al “éxito” que se tuvo en un reciente cerco militar impuesto en el municipio de Comasagua luego del asesinato de un trabajador de una finca.
Bukele anunció que estas intervenciones se harán “en los municipios grandes”, aunque no especificó cuándo ni en dónde “por cuestiones estratégicas”, pero agregó que “el pueblo salvadoreño se dará cuenta en los próximos días” y se hará “mucha investigación” por parte de la Policía Nacional Civil.
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“En la Fase 4 se hizo incursión en los territorios y para eso solicité al ministro de Defensa que duplicáramos la Fuerza Armada y ya estamos cerca de la meta y eso nos va a permitir ejecutar la Fase 5 que es la extracción de los criminales que aun quedan en esas comunidades en todo el país”, manifestó el mandatario.
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Hasta mediados de noviembre, el Gobierno de El Salvador reportaba que un total de 57.000 pandilleros habían sido detenidos desde que se decretara en el país el estado de excepción en marzo, un mecanismo que permite al Estado salvadoreño suspender ciertas libertades y garantías.
Bukele, que se presentará a la reelección en 2024, ha defendido el Estado de excepción como un instrumento clave de su plan de seguridad, frente a las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que cuestionan los excesivos poderes que concede este régimen a las fuerzas de seguridad.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó “preocupación” por las prórrogas a este régimen y por la “persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias” sin cumplir “garantías judiciales”, por lo que llamó al Estado salvadoreño a cumplir sus obligaciones de derechos humanos.
“Preocupa particularmente la muerte de al menos 73 personas detenidas durante el régimen de excepción”, señala el comunicado de la CIDH.
