Por estrategiaynegocios.net
El 12 de agosto la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, despidió a 14 empleados del Sistema de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia. Según Roque, los trabajadores destituidos fueron reemplazados por nuevos funcionarios. Según medios locales, la medida afecta a 158 personas acogidas al programa de protección.
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La SIP viene siguiendo de cerca estos cambios. Considera que los despidos podrían estar motivados por actitudes políticas y no por habilidades profesionales y técnicas, aspecto que profundizaría la deficiencia del sistema en proteger a los periodistas.
“Los sistemas de protección deben estar fundamentados en políticas de Estado, no en medidas gubernamentales”, dijeron Jorge Canahuati, presidente de la SIP, y Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información.
En ese sentido, Canahuati y Jornet instaron al gobierno de la presidenta Xiomara Castro a revisar las decisiones sobre el sistema y “garantizar la independencia y transparencia del organismo, así como dotarlo de presupuesto y personal calificado para que funcione de manera efectiva”.
A finales de julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó a las organizaciones de sociedad civil y al Estado de Honduras a iniciar un diálogo para profundizar y fortalecer el mecanismo de protección. Asimismo, el Colegio de Periodistas de Honduras ha señalado su honda preocupación por el desmantelamiento del Sistema de Protección, lamentando colocar en estado de elevada vulnerabilidad a las personas acogidas al programa.
“Llama la atención que ante la violencia y la inseguridad a la que se exponen muchos periodistas y defensores de los derechos humanos, se recorte personal experimentado”, dijo Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras.
Por su parte, Jornet, director periodístico de La Voz del interior, de Argentina, dijo: “Sabemos que el sistema de protección de Honduras no es perfecto, pero consideramos muy peligroso que se descarte la experiencia acumulada por sus funcionarios. El mecanismo necesita presupuesto adecuado y personal calificado en pericias técnicas”.
El mecanismo, que funciona desde 2015, ha sido criticado por la escasez de recursos humanos y económicos. Su creación surgió tras el Plan de Acción de Tegucigalpa de la Conferencia de Seguridad, Protección y Solidaridad para la Libertad de Expresión, convocada en Honduras en 2012 por la SIP y la Asociación de Medios de Comunicación de Honduras.
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Honduras ocupó el puesto 11 entre 22 naciones evaluadas en el Índice de Chapultepec de la SIP 2020-2021.
