La democracia se está deteriorando rápidamente en América Latina. Durante el último trimestre de 2019, los violentos estallidos sociales en Haití, Ecuador, Colombia y Chile evidenciaron la desconexión de la clase política con la ciudadanía así como el malestar ciudadano que existe debido a los altos niveles de desigualdad, la falta de resultados y la mala calidad de los servicios públicos.
Los primeros meses de 2020 muestran un cuadro regional preocupante, con democracias crispadas, niveles de insatisfacción en aumento y fatiga democrática. Un anémico crecimiento económico proyectado para este año (1.3 % promedio regional), que será mucho menor como consecuencia del coronavirus; aumento de la pobreza y estancamiento de la desigualdad; un uso intensivo y desvirtuado de las redes sociales; y una utilización creciente de las protestas sociales para obtener en las calles lo que no se logra vía las instituciones, suman turbulencia e inestabilidad.
La mayoría de los presidentes latinoamericanos tienen bajos niveles de popularidad, y se encuentran en minoría en los Congresos lo cual, además de complicar la gobernabilidad, está generando un aumento de choque de poderes entre el Ejecutivo y los parlamentos.
En el Perú, en setiembre de 2019, el presidente Martín Vizcarra cerró el anterior Congreso -permitido por la Constitución bajo ciertas circunstancias- y convocó a elegir uno nuevo; elección que tuvo lugar el pasado 26 de enero y que produjo un Congreso altamente fragmentado de nueve bancadas, con personajes, en numerosos casos, de muy sospechosa reputación y antecedentes.
En El Salvador, el pasado 9 de febrero, el mandatario Nayib Bukele convocó a los legisladores a una sesión de emergencia para aprobar un préstamo internacional destinado a implementar su plan de seguridad. Frente a la negativa de los legisladores, Bukele ingresó a la Asamblea Legislativa acompañado de militares y, a su salida del recinto, organizó un mitín en el que llamó "delincuentes y sinverguenzas" a los legisladores y les dio una semana de plazo para que aprobaran el préstamo. El presidente del órgano legislativo calificó esta medida como un 'intento de golpe de estado'. Días después, durante una reunión del BID, Bukele señalo que "solo bastaría quedarse un día en El Salvador para decidir quemar a todos los políticos por el mal trabajo que, a su juicio, hacen y que afecta a su gestión". En poco tiempo, el presidente más joven y "cool" de la región se convirtió en un modelo de autoritarismo populista millennial.
Un mes antes, en Venezuela, el régimen autoritario de Nicolás Maduro llevó a cabo un 'golpe parlamentario' contra Juan Guaidó, cuando las fuerzas policiales bajo su control, le impidieron el ingreso a él y a los congresistas de la oposición a la Asamblea Nacional para evitar su participación en la ceremonia de elección de las nuevas autoridades del órgano legislativo. Mientras Maduro impuso ilegalmente -sin quórum ni votación comprobable- a su candidato, Luis Parra, el bloque opositor reeligió a Guaidó.
Brasil atraviesa una crisis institucional a raíz del actual enfrentamiento entre el ejecutivo y el parlamento. Según el presidente Bolsonaro, el órgano legislativo y el Tribunal Superior Federal constituyen un obstáculo que le impiden "hacer lo que Brasil necesita" y, por lo tanto, deberían ser cerrados. Una marcha en contra del congreso prevista para este domingo, convocada por varios grupos de extrema derecha y que cuenta con el apoyo expreso de Bolsonaro, podría agravar aún más la tensión entre los poderes.
La integridad electoral ha sufrido igualmente un serio deterioro en los últimos meses. En Bolivia, las elecciones presidenciales y congresuales de octubre de 2019 fueron anuladas debido a irregularidades reportadas en los informes de la OEA. Ello gatilló una grave crisis seguida de masivas manifestaciones, un golpe de estado que sacó a Evo Morales del poder y del país, la designación de un gobierno interino, y la convocatoria a nuevas elecciones el próximo 3 de mayo. Por su parte, el pasado 16 de febrero, en la República Dominicana, las elecciones municipales fueron suspendidas debido a una falla masiva del voto automatizado; bochornoso e inédito fallo que produjo una grave crisis política y obligó a recalendarizar las mismas para este 15 de marzo. Y en Colombia, la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir una investigación en contra del ex mandatario y actual senador, Alvaro Uribe, por supuesta compra de votos a favor del actual presidente Iván Duque, durante las elecciones de 2018.
La lucha contra la corrupción también experimenta un preocupante retroceso en varios países de la región, en especial el cierre de las misiones internacionales de lucha contra este flagelo y la impunidad: la CICIG en Guatemala, en 2019, y la MACCIH, en Honduras, a inicios de 2020 .
¿Cómo responder a este desafiante contexto regional?
Primero, los recurrentes conflictos de poderes entre el ejecutivo y el congreso y la complejidad creciente en materia de gobernabilidad demandan la necesidad de reformar el sistema de gobierno, sea para mejorar el funcionamiento del presidencialismo o bien para transitar hacia un sistema semipresidencial. Esta cuestión, que estuvo en el centro del debate latinoamericano durante la década de 1990, retorna ahora con nueva fuerza.Segundo, hay que evitar que la brecha que existe entre la ciudadanía y las élites, la falta de confianza en los gobiernos y los altos niveles de insatisfacción con la democracia sean el caldo de cultivo para la llegada de nuevos líderes populistas autoritarios. Para ello hay que diseñar respuestas democráticas innovadoras, oportunas y eficaces a los viejos y nuevos problemas de la democracia. Es igualmente necesario llevar a cabo reformas dirigidas a dar respuesta a la crisis de representación, modernizando a los partidos y a los congresos, e incrementando el uso de mecanismos de consulta y participación ciudadana apoyaos en la tecnología.
En tercer lugar, en plena época de aceleración tecnológica, cambio climático y capitalismo bajo revisión, hay que ir más allá de las reformas electorales y políticas. Es imperativo, como propone Daniel Innerarity, llevar a cabo "una profunda revisión de nuestras concepciones de la democracia y nuestras prácticas de gobierno" para actualizarlas y dotarlas de nuevas herramientas que permitan gobernar, democrática y eficazmente, las sociedades complejas del siglo XXI. No hay tiempo que perder.
