Por estrategiaynegocios.net
Las políticas de anuncios que se aplican para países como Estados Unidos y la Unión Europea por parte de Meta llegan a Centroamérica.
Desde el próximo 22 de junio, Meta empezará a regular y transparentar la publicidad política y electoral en 19 países de Latinoamérica, según información proporcionada por esa compañía a Prensa Libre.
En Centroamérica, la medida también se aplicará para Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá.
Meta aseguró que la decisión es independiente a cualquier regulación interna de los países sobre la publicidad electoral, de acuerdo con el medio guatemalteco.
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¿Qué significa?
En la fecha establecida, estará disponible una herramienta de transparencia que obligará a cualquier anunciante que desee publicar anuncios políticos o electorales en Facebook e Instagram a pasar por un proceso de autorización y agregar la etiqueta “Pagado por” en la publicidad.
Quien patrocine alguno de estos anuncios deberá confirmar su identidad por medio de un documento válido en su país.
Puede ser una persona la que paute o una organización, en caso de ser la segunda, se podría solicitar datos adicionales como número de teléfono, dirección de correo electrónico y el vínculo hacia la página web.
La información proporcionada estará disponible en la parte superior de cada anuncio —haciendo clic en el ícono “i”—, y según explica Meta, las publicaciones sobre candidatos, partidos, figuras políticas o acerca de temas electorales —sean a favor o en contra del voto, alguna ideología o candidato— se almacenarán durante siete años en la biblioteca de anuncios de Meta, donde estarán disponibles para consulta por investigadores, periodistas o personas interesadas de la sociedad civil.
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De acuerdo con la compañía, se utilizará recurso humano e inteligencia artificial para garantizar que la política se cumpla.
Asimismo, La Nación de Costa Rica, agrega que la gigante tecnológica detalló que la medida aplicará a todas las páginas y perfiles, sin excepción, incluyendo las de gobernantes, diputados, instituciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación, pero también a particulares.
