Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
Las calificaciones crediticias soberanas en Centroamérica (excluyendo a Panamá) son en promedio bajas, lo que refleja principalmente debilidades institucionales y problemas económicos estructurales de larga data. Según un reciente reporte de la agencia S&P Global Rating, la calificación promedio de Centroamérica de ‘B’, la cual es más débil que los promedios de América Latina y el Caribe (‘BB’) y el mundo en general (‘BBB-’).
El reporte indica que desde 2010, la calificación promedio global ha perdido un escalón (a ‘BBB-’ de ‘BBB’) mientras que la de Centroamérica ha perdido dos escalones (a ‘B’ de ‘BB-’).
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A pesar de algunas excepciones, las calificaciones crediticias soberanas de la región “se han mantenido restringidas por instituciones frágiles en medio de controles y equilibrios débiles, bajo ingreso per cápita y crecimiento mediocre y, en algunos casos, niveles de deuda moderados y espacio fiscal limitado”.
Sin embargo, recientemente la agencia ha visto “tendencias divergentes” en estas calificaciones y perspectivas. Durante los últimos 12 meses, revisaron la perspectiva de Guatemala a positiva (y afirmaron la calificación de ‘BB-’) sobre perspectivas de crecimiento económico más sólidas, y revisaron la perspectiva de Costa Rica a estable de negativa (y se afirmó la calificación ‘B’).
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En contraste, revisaron la perspectiva de Honduras a negativa (y afirmaron la calificación de ‘BB-’), y se bajó la calificación de El Salvador a ‘CCC+’, con una perspectiva negativa, dadas sus crecientes necesidades financieras y fuentes de financiamiento limitadas. La calificación ‘B-’ de Nicaragua, con perspectiva estable, se mantiene sin cambios.
Variedad de restricciones de calificación
S&P Global Rating señala que a pesar de muchas similitudes culturales, sociales e históricas dentro de la región, las evaluaciones de calificación crediticia varían entre países. Así, Costa Rica se destaca como “el país más próspero de la región, con indicadores sociales y educativos favorables”.
Sin embargo, su calificación está por debajo de la de Guatemala y Honduras, en parte debido a sus grandes déficits fiscales que resultan en una creciente deuda del gobierno y un historial débil de tomar políticas económicas correctivas oportunas.
Las bajas calificaciones de algunos países, como El Salvador y (hasta cierto punto) Honduras, reflejan crecientes rigideces fiscales y una mayor carga de deuda en los últimos años. En contraste, tanto Guatemala como Nicaragua han podido estabilizar su carga de deuda a través de una política fiscal más efectiva.
“Nuestra evaluación monetaria para El Salvador refleja la falta de una moneda nacional, y nuestra evaluación de Nicaragua incorpora su flexibilidad monetaria limitada debido a un alto nivel de dolarización en su sistema financiero. En contraste, tenemos una mejor evaluación de la flexibilidad monetaria en Guatemala, Honduras y Costa Rica, algunos de los cuales tienen regímenes cambiarios más flexibles”, apunta el reporte.
Instituciones históricamente débiles
La agencia apunta que la historia de regímenes autoritarios y militares, y un comienzo tardío de la democracia (excepto en Costa Rica), se traducen hoy en “instituciones públicas aún débiles, controles y equilibrios frágiles, altos niveles de corrupción percibida y acceso inadecuado y calidad de los servicios públicos, entre otras penurias”.
Además, su ubicación en la ruta de tránsito entre los países productores de drogas de América del Sur y los mercados consumidores de Estados Unidos y Canadá ha dado paso al desarrollo de organizaciones criminales y violencia relacionada con las drogas en toda la región.
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En contraste, Costa Rica ha podido construir instituciones más maduras y democráticas, aunque la fragmentación política a menudo ha retrasado reformas importantes en los últimos años, lo que ha contribuido a las rebajas.
“Los gobiernos de la región enfrentan el desafío de controlar el aumento de la inflación en medio de un contexto internacional más difícil, mientras atienden las cicatrices a largo plazo del impacto de la pandemia de COVID-19. La capacidad de apaciguar con éxito estas demandas sociales probablemente enmarcará las próximas elecciones presidenciales en los cinco países, que están programadas entre 2023 y 2026”, señala la agencia.
