Por estrategiaynegocios.net
El estado de excepción y el Plan Nacional de Solución Contra el Crimen aprobado en Honduras para frenar la violencia ha avivado el debate sobre la participación de militares en tareas de seguridad, con posturas diversas: expertos defienden la medida, defensores y la comunidad internacional la rechazan.
La medida implementada por el gobierno de Honduras para contrarrestar la incidencia delictiva en el país tendrá una vigencia hasta el próximo domingo 21 de mayo, según se establece en el diario oficial de la Republica.
Se trata de la segunda ampliación del estado de excepción que empezó a implementarse el 6 de diciembre de 2022 y fue extendido a 123 municipios de Honduras el 20 de febrero de este año.
Autoridades de Seguridad exponen que esta herramienta legal ha posibilitado la captura de más de un centenar de integrantes de estructuras criminales, vinculados a maras y pandillas, que cometen delitos contra la población hondureña .
El especialista en criminalística Gonzalo Sánchez ve con buenos ojos la implementación del estado de excepción y la incorporación de las Fuerzas Armadas de Honduras en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
El experto también cree que incluir a las Fuerzas Armadas de Honduras en labores de seguridad pública, algo que organizaciones civiles y defensores de derechos humanos califican como militarización del país, “es la mejor decisión” que ha tomado el Gobierno porque la violencia “ya se salió de control” en la nación.
Según el Plan Nacional, la Policía Militar del Orden Público (PMOP) colaborará en acciones y actividades de seguridad, mientras que las Fuerzas Armadas cooperarán con el Instituto Nacional Penitenciario en la habilitación de batallones como “Centros de Reclusión de Emergencia”.
El Gobierno hondureño defiende el estado de excepción como una medida eficaz para combatir la criminalidad y proteger a la población, a pesar de las preocupaciones planteadas por diferentes sectores, entre ellos la Organización de Naciones Unidas (ONU) y defensores de derechos humanos.
El estado de excepción, que según algunos sectores Honduras “copió” al implementado por El Salvador desde el 27 de marzo de 2022, faculta a las autoridades a restringir la libertad de circulación y reunión, registrar domicilios y efectuar capturas sin orden judicial, lo que organizaciones de derechos humanos consideran que podría abrir la puerta a que se cometan violaciones de derechos humanos en el país.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) expresó su “preocupación” por la ampliación de un estado de excepción por parte de las autoridades del país centroamericano, que rige parcialmente desde febrero pasado.
Con información de La Prensa
