Junto con otras organizaciones de sociedad civil, Global Witness se sumó al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -el cual Cáceres cofundó y lideró antes de su fallecimiento- a los fines de solicitar al gobierno de Honduras que procese a quienes hayan dispuesto el asesinato de la líder, y no solo a los ocho individuos encausados por ser autores materiales.
A menos de un año de haber recibido el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015, Cáceres fue asesinada de un disparo en marzo de 2016 en su ciudad natal, Tegucigalpa, tras manifestarse contra la polémica represa hidroeléctrica Agua Zarca. 'Había recibido numerosas amenazas de muerte y de ataque sexual, además de ser víctima de intentos de secuestro, a raíz de su oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica en terrenos de la comunidad indígena en Río Blanco', dijo Global Witness.
En 2017, la organización denunció los ataques a defensores ambientales y de tierras en Honduras, y destacó las relaciones entre el estado de Honduras, su Ejército y DESA, la compañía a cargo de la construcción de la represa. La mayoría de los acusados por el homicidio de Cáceres tienen conexiones con el Ejército de Honduras o con DESA, pero Global Witness y COPINH consideran que entre ellos no se incluyen a aquellos responsables de ordenar el asesinato, quienes se encuentran en niveles jerárquicos superiores, dijo Global Witness.
En Honduras se han asesinado 130 defensores ambientales y de tierras, al igual que Berta Cáceres, desde el golpe de 2009. De hecho, en la última década, se han asesinado más activistas per cápita en Honduras que en cualquier otra parte del mundo.
Billy Kyte, líder de campaña a favor de defensores ambientales y de tierras en Global Witness, comentó: "Este juicio es un avance positivo en el intento de considerar a algunos de los autores del asesinato de Berta como responsables. Sin embargo, se debe encontrar, denunciar y acusar a aquellos que dispusieron el ataque. Honduras es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los defensores ambientales y de tierras, y lo seguirá siendo hasta que el gobierno afronte las causas que originan estos crímenes, tales como la impunidad. El caso de Berta es una oportunidad histórica para contrarrestar esta tendencia, y el gobierno debe actuar ahora a fin de garantizar que se haga verdadera justicia".
Berta Zúniga Cáceres, coordinadora general de COPINH e hija de Berta Cáceres, expresó: "No es nuestro deseo que este juicio sea únicamente con relación a la ‘justicia por Berta’, sino que por el contrario sea una contribución a los cambios estructurales del país. Debería servir para denunciar y transformar las causas principales de homicidios, persecución y represión que quedan impunes en Honduras".
El año pasado, Global Witness publicó un informe titulado Honduras: el lugar más peligroso para defender el planeta, que fue el resultado de dos años de investigaciones minuciosas de campo acerca de las muertes, amenazas e intimidaciones a activistas en Honduras. El informe recalcó el rol de la industria y el gobierno en los ataques a activistas hondureños, así como también la cultura generalizada de corrupción, impunidad y criminalización del país.
En 2017, cinco defensores ambientales y de tierras fueron asesinados en Honduras, en comparación con los 14 de 2016. Sin embargo, la represión sobre los defensores de derechos humanos en general se ha agravado, ya que los activistas enfrentan criminalización, amenazas de muerte, violencia policial y homicidios durante las protestas. La falta de confianza en el proceso judicial continúa siendo un problema. Entre los reclamos, se manifiesta que los fiscales ocultaron evidencia en el caso emblemático de Berta Cáceres.
