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Panamá vuelve al diálogo con ‘mesa única’ para poner fin a las protestas

El gobierno y representantes de sindicatos y organizaciones ciudadanas inician este jueves (21.07.22) una “mesa única” de diálogo para poner fin a las manifestaciones y cortes de vías en Panamá, con “propuestas concretas” para enfrentar el alto costo de vida y la corrupción.

2022-07-21

Por AFP

El gobierno “ha sido citado para empezar la discusión concreta de las respuestas que estamos demandando” para solucionar “las necesidades que tiene el pueblo panameño”, señaló Saúl Méndez, secretario general del sindicato de la construcción Suntracs, uno de los promotores de las protestas.

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“Esperamos que el gobierno venga con respuestas concretas a las necesidades fundamentales que tiene la población”, agregó.

La Iglesia católica, que actúa de mediadora, informó el miércoles que el gobierno panameño había confirmado su presencia para este jueves en la mesa de negociación que tendrá lugar en Penonomé, a 150 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá.

Las organizaciones piden una rebaja y congelamiento de los precios de la canasta básica, combustible, energía, medicamentos, la inversión del 6% del PIB en educación pública y abordar el futuro del sistema de salud estatal.

También exigen tomar medidas contra la corrupción, en medio de fuertes críticas ciudadanas por los sueldos de altos funcionarios y el despilfarro de los recursos públicos.

Abastecimiento

Desde hace más de dos semanas, Panamá es escenario de múltiples manifestaciones y cortes de carretera en todo su territorio. Este jueves aún se producían cortes breves en algunas vías de la capital.

El cierre de carreteras por las protestas ocurre principalmente en la vía Panamericana, que conecta a Panamá con Costa Rica y es la principal ruta del comercio y transporte de mercancías en el país, lo que ha provocado desabastecimiento.

Un corte de vías evitó el miércoles que una caravana de más de 200 camiones pudiera llegar a la capital panameña con cientos de toneladas de alimentos frescos provenientes de la provincia de Chiriquí, en el extremo oeste del país y considerada el granero de Panamá.

Los sindicatos deslindaron responsabilidad de ese bloqueo y acusaron a “facinerosos” y “delincuentes” por interceptar la caravana “con armas en mano”.

Los manifestantes señalaron a dos ciudadanos con vinculaciones con partidos políticos como los promotores de esta actividad. Las autoridades ordenaron su detención.

La Policía dijo que este jueves garantizará la llegada de los camiones con alimentos.

La Caja del Seguro Social advirtió que los bloqueos también están afectando el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos.

Mesa Única

Los manifestantes exigen al gobierno de Laurentino Cortizo que tome medidas contra el aumento de la inflación y la corrupción, en la mayor crisis social desde la invasión estadounidense de 1989.

Gremios empresariales calculan que las pérdidas por los cortes de vías han sido de unos US$500 millones en 10 días.

La convocatoria a diálogo agrupa a la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo), que aglutina a la mayoría de organizaciones convocantes de las protestas, a la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de sindicatos de izquierda, y a representantes de comunidades indígenas.

Acuerdos previos entre el gobierno y algunas de esas organizaciones fueron desconocidos por los manifestantes pocas horas después de suscritos, al considerarlos insuficientes y excluyentes.

Para calmar los ánimos, el presidente Cortizo bajó en un primer momento de US$5,20 a US$3,95 el precio del galón de gasolina (3,78 litros), pero la medida fue rechazada.

Luego se ofreció una rebaja a US$3,25, que rige actualmente, pero los representantes de los manifestantes acudirán ahora unidos al diálogo para exigir al gobierno más medidas para bajar el costo de vida.

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Pese a su economía dolarizada, altas cifras de crecimiento económico e ingresos por más de US$2.000 millones anuales provenientes del Canal, Panamá tiene uno de los mayores índices de desigualdad del mundo, con deficientes servicios públicos de salud, educación y acceso al agua potable en algunas zonas.

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