Por estrategiaynegocios.net
La organizaciones sociales de Panamá: Fundación PASOS, Ancón, Promar, ACD y Audubon presentaron alternativas para transformar la actividad extractiva en el país, enfocadas en una economía de reparación y aprovechamiento sostenible.
Los proponentes dieron a conocer que estas alternativas surgen ante la inseguridad jurídica, ambiental, social y económica en que se encuentra la población directa e indirectamente afectada por la actividad minera. Añadieron que la minería es una actividad por definición insostenible que consume el recurso natural sin garantizarlo para las siguientes generaciones, y que deteriora el suelo, agua e irreversiblemente afecta la biodiversidad de flora y fauna.
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Sobre el tema de la afectación de las fuentes de agua, Ricardo Wong, de Promar comentó: “El agua es el principal recurso de los seres humanos: los ríos, mares y océanos, nos dan vida y nos comunican. Las actividades que pongan en riesgo y peligro de contaminación nuestras fuentes de agua no se deben permitir.”
Añaden que Panamá es uno de los 26 puntos de mayor diversidad en el planeta y puede aprovecharse de manera sostenible, generando bienestar sin destruir recursos naturales y posicionando a Panamá a la vanguardia en la adaptación económica y climática en la región.
Recientemente Panamá se declaró como uno de los 3 países en el mundo que son carbono negativo, lo cual, según los proponentes, coloca al país en una excelente posición para acceder a fondos verdes internacionales que impulsen esta transición a industrias verdes.
Desde el punto de vista legal, expresaron que los yacimientos de toda clase pertenecen al Estado panameño y su extracción está regulada por la Ley por lo que estos recursos no son de libre adquisición ni disposición y su acceso solo se puede aprobar de acuerdo con lo que dice la ley. Esta perspectiva de derecho público y no privado, clarifica las condiciones de su extracción por parte de los particulares, condicionada siempre a una relación con el Estado Propietario del recurso a través de una reglamentación que la Constitución Política delega sólo a la Ley, en este caso, el Código Minero de la República.
Al respecto, Harley Mitchel, abogado ambientalista añadió: “El área de Molejón, que alberga a Minera Panamá, jamás ha cumplido con tal requisito, no sólo de acuerdo con los ecologistas, sino también según fallos de la Corte Suprema de Justicia, e informes del mismo Ministerio de Ambiente de la República.”
Los grupos de la sociedad civil hacen un llamado a otros actores, investigadores, economistas, científicos para que se sumen de forma tal que esta propuesta sea un punto de partida para desarrollar escenarios que compensen los daños causados por la explotación minera y brinden otras formas de desarrollo para las comunidades.
