Por estrategiaynegocios.net
Las autoridades panameñas actualizaron los lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión, con la finalidad de elevar el nivel de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo.
“El acuerdo nace de la normativa vigente y de un análisis de riesgo del sector corporativo que se hizo en el año 2021”, explicó la Superintendente de Sujetos no Financieros (SSNF), Dayra Carrizo Castillero, para explicar el acuerdo No. JD-02-2022, que establece los lineamientos y exigencias dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión.
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En el documento se detallan y precisan las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores, con el fin de proporcionar guía y certeza jurídica a estas dos profesiones.
El acuerdo provee orientación con respecto a las obligaciones en los ejes temáticos de: evaluación del riesgo, mitigación de riesgo, conocimiento de la naturaleza del negocio, determinación del perfil financiero y transaccional.
El acuerdo está muy alineado al cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para que Panamá pueda salir de sus listas grises de paraísos fiscales.
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Desde junio de 2019, el Gafi mantiene a Panamá dentro de su lista de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, conocida como lista gris, por considerar que todavía tiene deficiencias estratégicas en los regímenes para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque reconoce sus avances.
Con información de La Estrella de Panamá
