Por AFP
Guatemala celebrará elecciones generales en 2023 en un contexto marcado por “la cooptación de las instituciones estatales por parte del crimen organizado y las élites corruptas”, señala el informe “La espiral descendente de Guatemala“.
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Las tres investigaciones son obra de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos y la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/Estados Unidos (GHRC).
“Hay muchos riesgos, incluido que la participación política sea limitada y que los candidatos legítimos no puedan competir, consolidando aún más el gobierno autoritario”, dicen las organizaciones firmantes.
“Las prácticas autoritarias se reflejan en la falta de independencia judicial, la criminalización de los operadores de justicia y los ataques contra cualquier voz disidente. Las redes criminales se han infiltrado en las esferas política y judicial, convirtiendo al gobierno en su principal aliado”, afirmó Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de WOLA.
Veinticinco jueces y fiscales han huido del país, y otros siguen encarcelados o fueron obligados a dimitir, afirman las oenegés.
Estados Unidos ha criticado en reiteradas ocasiones la detención de fiscales anticorrupción y la designación en puestos judiciales de personas acusadas de corrupción.
“El uso político de la justicia penal para perseguir a los operadores de justicia independientes, a los defensores de derechos humanos, a los periodistas y a otras voces críticas se caracteriza por un alto nivel de coordinación entre las instituciones”, sostiene Úrsula Indacochea, de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF).
En otro informe, “Bajo ataque en Guatemala: Periodistas y Activistas de Derechos Humanos e Indígenas”, las oenegés aseguran que “las redes corruptas” cierran el espacio cívico para salvaguardar su poder, “evitar la responsabilidad histórica por los crímenes” cometidos durante el conflicto armado de 1960 a 1996 y silenciar las voces que exponen la corrupción.
En el tercer documento, “Cuando cae el dominó: La cooptación del sistema de justicia en Guatemala”, afirman que la destitución de jueces y fiscales tendrá consecuencias a largo plazo.
Estados Unidos no podrá abordar las causas de la migración porque las instituciones guatemaltecas están controladas por “las élites corruptas”, advirtió Lisa Haugaard, codirectora del Grupo de Trabajo sobre América Latina (LAWG).
Guatemala es uno de los países centroamericanos de donde proceden los cientos de miles de migrantes que intentan entrar en Estados Unidos.
En este contexto, las oenegés exhortan a Washington a revisar las ayudas a instituciones financieras, a proteger el espacio cívico en Guatemala y a aumentar las consecuencias financieras para los líderes corruptos.
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El presidente conservador guatemalteco Alejandro Giammattei asegura sin embargo que en su país se respetan los derechos humanos y no existe “una infracción sistemática de la independencia del poder judicial”.
