Por AFP
En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, el órgano ejecutivo de la organización, se adoptó la resolución sobre la situación en Nicaragua por 27 votos a favor de los 34 miembros activos, uno en contra (San Vicente y las Granadinas) y cuatro abstenciones (Bolivia, El Salvador, Honduras y México).
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Las delegaciones de Colombia, gobernada desde el domingo por el nuevo presidente Gustavo Petro, y la de Nicaragua estaban ausentes.
La OEA condena “enérgicamente el cierre forzado” de oenegés y el “hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones”.
Los sacerdotes nicaragüenses han sido duramente criticados por el gobierno del mandatario Daniel Ortega desde las protestas opositoras de 2018, por haber dado refugio a los manifestantes que resultaron heridos o huían de la represión que se saldó con 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Además, la OEA insiste en que Nicaragua “libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”.
Se refiere a unos 190 opositores detenidos, entre ellos siete exaspirantes a la presidencia que buscaban retar a Ortega en las elecciones de noviembre pasado, en las que el exguerrillero obtuvo su cuarto mandato consecutivo.
Daniel Ortega consideró estas protestas un fallido golpe de Estado promovido por la oposición con el apoyo de Washington y la complicidad de los obispos.
Y el 18 de noviembre de 2021 anunció que se retiraba de la OEA.
La organización le recuerda sin embargo que legalmente debe cumplir con sus obligaciones hasta el 18 de noviembre de 2023, cuando se haría efectiva su retirada.
“El ambiente de opresión se ha agravado”, se alarma la OEA, que dice estar preocupada por el hecho de que Nicaragua haya hecho caso omiso de las declaraciones, resoluciones y mandatos de la Asamblea General y del Consejo Permanente que le instaban a respetar los derechos humanos.
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Este viernes reiteró su ofrecimiento “a trabajar” con el gobierno nicaragüense para que “restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos”.
La resolución fue propuesta por Antigua y Barbuda y copatrocinada por Canadá, Costa Rica, Chile, Estados Unidos, Perú, Uruguay, Brasil, Haití, República Dominicana y Ecuador.
