Por estrategiaynegocios.net
Los homicidios registrados en Costa Rica del 1 de mayo del 2022 al 14 de marzo del 2023 sumaron un total 613 víctimas, según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Dicha cifra hace que la administración del presidente Rodrigo Chaves Robles ocupe el primer lugar en asesinatos con respecto al primer año de gobierno de la expresidenta Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado.
Según las estadísticas del OIJ, que están incluidas en sus memorias anuales, en 2010 los homicidios dolosos en Cosa Rica alcanzaron el número de 520; en 2014 los asesinatos bajaron a 417; y en 2018 volvieron a subir a 585.
Aun así, ninguno de estos periodos ha sido tan sangriento como estos meses de la administración Chaves Robles que reporta un incremento de 4,8 % en el número de homicidios comparado a su predecesor.
Tras casi 10 meses sin una política definida en materia de seguridad, y el país batiendo récords en homicidios, la primera acción del gobierno de Chaves Robles se dio este 15 de marzo del 2023 con la firma de un decreto que elimina las potestades que tenía el Instituto Nacional de Criminalidad, adscrito al Ministerio de Justicia, de poder otorgar beneficios carcelarios, a privados de libertad tras cumplir el primer y segundo año de condena, en delitos de crimen organizado (narcotráfico), delitos contra la vida y delitos sexuales. Ahora, el beneficio carcelario solo podrá ser solicitado cuando se cumple la mitad de pena impuesta.
Sin embargo, en un estudio de las actas del Consejo de Gobierno, CRHoy.com, evidenció que de mayo del 2022 a febrero del 2023 pasado, disponibles en el sitio web de la Presidencia de la República, no ha existido ninguna discusión sobre el tema de la seguridad ciudadana, ni siquiera ante el récord de homicidios, que incluso provocó que la embajada de Estados Unidos emitiera una alerta a sus ciudadanos.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, por medio de un video difundido por Casa Presidencial, el 13 de marzo, en horas de la noche, detalló la necesidad de iniciar el diálogo nacional “para definir acciones y reformas que nos dé por primera vez en una década, una política de seguridad nacional”, evidenciando que no existe la llamada “Ruta de la Seguridad”; incluso trasladó la responsabilidad de la aprobación de proyectos y reformas al Código Penal y Procesal Penal a los diputados.
