La abogada Martha Patricia Molina, explicó que Nicaragua se encuentra en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) que pronto podría pasar a lista negra si no mejora la institucionalidad y acata las recomendaciones realizadas por este grupo.
“Nicaragua posiblemente sea incluida en la lista negra. Estar en la lista negra significa que no estamos cumpliendo de manera adecuada con las recomendaciones del GAFI para nuestro país”, señaló Molina.
El Grupo de Acción Financiera Internacional creó 40 recomendaciones para que los países miembros puedan implementar y evitar el delito de lavado de dinero, pero en el caso de Nicaragua no las ha implementado en su totalidad.
“El GAFI ha creado 40 recomendaciones generales y nueve van destinadas al financiamiento del terrorismo. Se supone que todos los países miembros de GAFI deben de cumplir todas estas... Nicaragua ha realizado únicamente dos evaluaciones mutuas y en cinco ocasiones se le ha dado seguimiento intensificado para ver cuáles de estas recomendaciones Nicaragua ha cumplido o necesita que las cumpla mayoritariamente”, detalló Molina.
Agregó que “el país tiene cumplida apenas 7 recomendaciones de las 40, mayoritariamente tienen cumplida 30, parcialmente tiene cumplida 2 y no cumplida 1. Es precisamente por eso que el GAFI subdivide en lista a los países”.
Persecución a través del marco Gafi
La abogada recordó, ante ese escenario, que la banca privada nicaragüense podría enfrentar serios problemas a nivel internacional.
La experta remarcó que “el Gobierno (de Nicaragua) trata de maquillar las cifras que presenta a estas entidades... (por otra parte) el marco creado por el GAFI se está utilizando para dar persecución a casos políticos”, sostuvo.
La abogada lamentó que en Nicaragua la Unidad de Análisis Financiera (UAF) sea un instrumento represivo más para el Gobierno de Daniel Ortega para encarcelar a los opositores.
“Son juicios políticos, no creo que el GAFI lo tome en cuenta como que Nicaragua está persiguiendo el lavado de dinero (...) La UAF no goza de independencia y ha sido evidente que esta Unidad de Análisis Financiero ha sido militarizada”, se quejó.
En Nicaragua, más de 150 ONGs sin fines de lucro que trabajaban atención social y democrático, han sido despojadas de su personería jurídica, bajo el argumento que cometen lavado de dinero, según el Ministerio de Gobernación.
