Por AFP
Una organización de derechos humanos de Nicaragua presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley antiterrorista que incluye disposiciones que criminalizan las protestas con hasta 20 años de cárcel.
El recurso fue introducido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pide que se declare 'inconstitucional' los artículos de 'Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo' que violan el derecho a la libre manifestación, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que promovió la acción.
La ley fue aprobada en abril con el objeto de proteger la economía y el sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, en el artículo 44 incluye en la definición de terrorismo a las personas que alteran el orden constitucional, a las que establece penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Serás considerado 'terroristas' no sólo quienes individual o colectivamente causen la muerte o daño a 'cualquier persona', sino también por 'alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo', indica el texto.
La ley permite además congelar los activos a las personas que sean condenados por terrorismo.
El gobierno de Ortega ha acusado reiteradamente a los manifestantes que piden su dimisión de 'terroristas' y 'golpistas' financiados por Estados Unidos.
Esta 'ley fue aprobada en medio de la represión a las protestas para legalizar la criminalización contra la gente' que participa en las marchas, explicó Núñez a la AFP.
Más de 300 nicaragüenses están detenidos por dirigir, apoyar o participar en las protestas contra el gobierno de Ortega, que iniciaron el 18 de abril, cuya represión dejan más de 320 muertos.
El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, coincidió en agosto que el texto de la ley nicaragüense 'es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terroristas) a personas que ejercen su derecho a protestar'.
Al menos 24 líderes estudiantiles de las protestas han sido acusados ante la justicia por 'terrorismo' y otros delitos en base a esta nueva ley.
Una organización de derechos humanos de Nicaragua presentó ayer un recurso de inconstitucionalidad contra una ley antiterrorista que incluye disposiciones que criminalizan las protestas con hasta 20 años de cárcel.
El recurso fue introducido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y pide que se declare 'inconstitucional' los artículos de 'Ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo' que violan el derecho a la libre manifestación, dijo Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que promovió la acción.
La ley fue aprobada en abril con el objeto de proteger la economía y el sistema financiero de los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
Sin embargo, en el artículo 44 incluye en la definición de terrorismo a las personas que alteran el orden constitucional, a las que establece penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Serás considerado 'terroristas' no sólo quienes individual o colectivamente causen la muerte o daño a 'cualquier persona', sino también por 'alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo', indica el texto.
La ley permite además congelar los activos a las personas que sean condenados por terrorismo.
El gobierno de Ortega ha acusado reiteradamente a los manifestantes que piden su dimisión de 'terroristas' y 'golpistas' financiados por Estados Unidos.
Esta 'ley fue aprobada en medio de la represión a las protestas para legalizar la criminalización contra la gente' que participa en las marchas, explicó Núñez a la AFP.
Más de 300 nicaragüenses están detenidos por dirigir, apoyar o participar en las protestas contra el gobierno de Ortega, que iniciaron el 18 de abril, cuya represión dejan más de 320 muertos.
El portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, coincidió en agosto que el texto de la ley nicaragüense 'es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terroristas) a personas que ejercen su derecho a protestar'.
Al menos 24 líderes estudiantiles de las protestas han sido acusados ante la justicia por 'terrorismo' y otros delitos en base a esta nueva ley.
