Un total de ocho países, entre los que figuran Estados Unidos, Francia y Reino Unido, han alertado sobre los acontecimientos en Nicaragua, país que vive una 'situación extraordinaria de deterioro del Estado de Derecho, del orden constitucional y de ruptura de sus instituciones democráticas'.
En una declaración conjunta, firmada por Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador y República Dominicana, estas naciones han explicado que la situación antes descrita se evidencia en la 'detención, el acoso y las restricciones arbitrarias' que afectan 'considerablemente' a la participación política y el respeto y garantía de los Derechos Humanos.
En este sentido, han rechazado la 'intimidación y amenaza' a los miembros de la oposición, la prensa y los defensores de los Derechos Humanos, así como las 'prácticas restrictivas' de participación política.
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Así, han pedido la 'liberación inmediata' y la 'restitución de los derechos políticos de los dirigentes detenidos sin el debido proceso, de acuerdo con los estándares internacionales y el 'cese inmediato' del 'hostigamiento' a estos grupos.
También, piden al Gobierno de Nicaragua que garantice 'plenamente' el 'disfrute de la libertad de expresión, reunión, asociación y el derecho a la participación política', todos ellos 'esenciales' durante el proceso electoral, para permitir comicios libres, transparentes, justos y con observadores internacionales.
En referencia a las elecciones, estos países han reiterado que las medidas adoptadas por el Ejecutivo nicaragüense, 'no reúnen las condiciones necesarias' para la celebración de un proceso electoral libre y justo, lo que 'pone en tela de juicio la validez y la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como está organizado actualmente'.
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Por lo tanto, han exhortado al Estado de Nicaragua a implantar medidas legislativas e institucionales consistentes con los estándares internacionales aplicables para lograr unas elecciones libres, justas, transparentes y creíbles, tal y como los nicaragüenses 'merecen'.
En particular aluden a la reforma electoral aprobada en mayo de 2021, que 'no atiende a las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional al no incorporar salvaguardas para garantizar la imparcialidad de las autoridades electorales'.
En este sentido también han pedido a la comunidad internacional impulsar la observación del proceso electoral de una forma 'imparcial' para permitir la participación de todos los candidatos, los partidos políticos y los medios de comunicación que han sido objeto de restricciones.
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'Instamos a Nicaragua a comprometerse con la comunidad internacional y a aprovechar la asistencia técnica multilateral y regional, para así ayudar a restablecer el diálogo y renovar la confianza en la democracia', han concluido.
