La justicia nicaragüense declaró culpables a siete reos políticos. Entre estos el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerrí y los exaspirantes presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz y Félix Maradiaga.
También fueron condenadas las líderes opositoras Tamara Dávila y Violeta Granera. Sumándose a la lista el opositor y exdiplomático José Pallais, en un juicio que se prolongó por siete días, con audiencias diarias de entre cinco hasta 12 horas.
El juez orteguista Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicio falló en contra de los acusados por el supuesto delito de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y de la sociedad".
La Fiscalía pidió 13 años de cárcel para Chamorro, Pallais, Maradiaga y Aguerri; nueve años para Cruz; y ocho años para Granera y Dávila. El Ministerio Público exigió, además, la inhabilitación a cargos públicos para todos los imputados en el juicio realizado en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote.
Desde que iniciaron los juicios políticos, hace cuatro semanas, este es el único caso en que siete reos políticos han sido involucrados en una misma causa.
Durante las primeras cinco audiencias de juicio, la Fiscalía interrogó a 26 oficiales de Policía, que participaron en los arrestos y allanamientos a los domicilios de los reos políticos.
Este martes (22.02.2022), la Fiscalía terminó de presentar sus pruebas, que incluyó la información extraída por los peritos de informática a los equipos decomisados a los acusados, la cual no fue presentada por ellos mismos, sino por un supervisor.
Grupo de WhatsApp
Además de publicaciones relacionadas a los acusados en medios digitales de poca confianza. Según el abogado defensor, Mynor Curtis, en el caso específico de Chamorro, la Fiscalía destacó un grupo de WhatsApp en el que participaron varios de los implicados; incluyendo, el investigador de Diálogo Interamericano, Manuel Orozco, quien está siendo juzgado en ausencia.
Las conversaciones en el grupo se basaban en comentarios sobre la coyuntura del país. En los videos que salía Chamorro "él comentaba una sanción, pero no la pedía. No llevaron ningún video que pida sanción. El pedir sanción tampoco constituye ese delito. No es el caso. él nunca pidió sanciones", aclaró Curtis, quien ha podido conversar con su defendido dos minutos por audiencia; es decir, doce minutos en seis días de juicio. Una total violación al derecho a la defensa, cuestionó el abogado.
"En sí no han presentado pruebas que constituya el delito de menoscabo, han presentado pruebas que hay una posición política de los muchachos, pero no una prueba de comisión del delito de menoscabo. Tampoco hay ninguna información sobre lavado de dinero, no hay ninguna información, nada", señaló.
En la acusación presentada en septiembre de 2021, contra Manuel Orozco, radicado en Estados Unidos, la Fiscalía lo señaló como el "líder" de una "conspiración" contra Nicaragua.
"Desde el año 2009, el acusado Manuel Orozco se encuentra vinculado con el financiamiento de campañas desestabilizadoras, mediante una red de enlaces de organizaciones políticas y medios de comunicación, con los cuales ha venido manipulando y presionando para destituir con métodos violentos al Gobierno de Nicaragua", aseguró la fiscal auxiliar de Managua, Heydi Estela Ramírez Olivas en el escrito.
En la acusación señalan a Orozco como organizador de un grupo de WhatsApp llamado "task force" (fuerza de tarea), en el que participaban Pallais, Maradiaga, Granera, Chamorro, Aguerri y otros detenidos como los estudiantes Max Jerez y Lesther Alemán.
También incluía al expresidente de los empresarios y ahora reo político, Michael Healy, Salvador Stadthagen y al director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, víctima este último de la represión del régimen y actualmente en el exilio.
Orozco ha rechazado en varias ocasiones las acusaciones del régimen. "No hay pruebas de que hay menoscabo al Estado porque una conversación sobre reforma electoral no es vinculante con la amenaza contra el Estado. Yo soy el administrador de todo el material; de hecho, está accesible en Internet porque está abierto al público. Y en ningún momento se habla de un intento de derrocar un Estado, ni nada de eso, simplemente, el Gobierno quiere fabricar la idea de que hubo un intento de golpe de Estado (…)", aclaró Orozco.
