El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llamó este martes a invertir en “bonos volcán”, como él denomina a los papeles de deuda en bitcoin equivalentes a US$1,000 millones que su país emitirá durante el primer semestre de 2022.
“¡Invierte en bonos volcán y ‘haz que el mundo sea un poco más difícil de vigilar’!”, escribió, en inglés, el mandatario en Twitter. El bitcoin es moneda de curso legal en El Salvador desde septiembre del año pasado, a la par del dólar.
Bukele les denomina “bonos volcán” porque espera que el volcán Conchagua sea usado como fuente de energía geotérmica para hacer funcionar su Bitcoin City, una ciudad que planea construir en el oriente del país y que se financiará con esos bonos.
Para el mandatario, el bitcoin es una criptomoneda que “arregla el colonialismo”, en alusión a la supremacía del dólar de Estados Unidos, país con el cual el gobierno de Bukele mantiene de momento una relación tirante.
El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, señaló este martes que “se espera el momento adecuado” para hacer la emisión de bonos y será una decisión del presidente Bukele cuándo hacerlo.
Zelaya aseguró que “ya hay compradores interesados” y hasta hay sobredemanda de estos. “Yo lo sigo manteniendo, vamos a sobresuscribir”, dijo Zelaya, y estimó que la demanda del mercado para comprar los papeles de deuda en bitcoin alcanzará los US$1,500 millones, es decir un 50 % más de lo ofrecido.
A su juicio, “la fecha ideal” para sacar los bonos al mercado es entre marzo y abril o durante “el primer semestre” del año, consideró el ministro.
Cuando El Salvador convirtió al bitcoin en su moneda de curso legal, este era equivalente a unos US$44,000. Se cotizó sobre los US$61,000 en octubre del año pasado, y Bukele usó las ganancias para construir una veterinaria pública. Sin embargo, el bitcoin cayó y se cotiza actualmente en torno a los US$42,800.
Las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, uno de los principales aportantes al Fondo, han sido tensas en los últimos meses. Sobre todo, luego de que el gobierno de Bukele removió en mayo de 2021 con ayuda del Congreso al fiscal general y a magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, decisiones que Washington consideró como “antidemocráticas”.
