Tegucigalpa. El Congreso Nacional suspendió ayer, en su tercer y último debate, la discusión de las polémicas reformas a la Ley General de Transporte debido al malestar del presidente Porfirio Lobo Sosa, quien alegó que desconoce ese proyecto.
Las reformas buscan reordenar la distribución de rutas y el otorgamiento de permisos, legalizar el funcionamiento de microbuses y mototaxis, establecer una veda en el otorgamiento de permisos de operación e indemnizar a los transportistas.
La disposición que ha provocado polémica está contenida en el artículo 52, donde se establece que el Estado o la Alcaldía del Distrito Central destinarán un presupuesto para la chatarrización de las unidades viejas (buses amarillos), que serán desplazadas por el Trans 450. La reforma del artículo 52 habla de las indemnizaciones por las rutas que habrán de salir de circulación ante la puesta en marcha del sistema de Trans 450 y el sistema de Buses de Tránsito Rápido (BTR).
Según cálculos, unas 500 unidades quedarían fuera del corredor que implica este sector del estadio a la Kennedy. Cada una recibiría L500,000 de indeminización redondeando la compensación le representaría a unos 250 millones de lempiras
El dirigente del transporte Jorge Lanza explicó que la chatarrización le asegura una especie de jubilación al transportista o a la persona que tiene entre 20 y 50 años de explotar una unidad en cualquier parte del país.
Pompilio Coello, dirigente del transporte, lamentó que con estas reformas se beneficie a un grupo de magnates del transporte que se han enriquecido controlando este rubro durante más de 50 años.
Coello, empresario de los microbuses, alertó: “El negocio del siglo lo quieren hacer los magnates de este país, ya que pretenden cobrar al Estado medio millón de lempiras por sacar de circulación a cada uno de los buses amarillos.
Varios empresarios se han enriquecido con el transporte y hasta campañas de diputados han financiado”.
