Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
Un reporte de la agencia Moody´s Investor Service titulado “Preguntas frecuentes sobre las consecuencias no deseadas de la apuesta Bitcoin de El Salvador” estima que el gobierno salvadoreño ha gastado a la fecha alrededor de US$375 millones para crear el ecosistema para que la criptomoneda tenga curso legal en el país.
De este total, equivalente al 1,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), US$150 millones para un fideicomiso diseñado para convertir bitcoin instantáneamente en dólares que brindan liquidez a los usuarios locales, US$120 millones en el bono de bitcoin de US$30 otorgado a cada ciudadano que descargó la billetera Chivo (el salario mínimo mensual en El Salvador es de US$365), y los aproximadamente US$106 millones de recursos del erario para comprar 2.381 bitcoin. A un precio promedio de US$20.500, hay aproximadamente US$57 millones en pérdidas no realizadas en la cartera de criptodivisas del gobierno.
Aunque las pérdidas no se han materializado y es probable que el gobierno mantenga sus posiciones de bitcoin al menos hasta que el precio de la criptomoneda se recupere a un nivel más alto, Moody´s Investor Service dice que los recursos de tesorería comprometidos con los diversos gastos de bitcoin se restan de la liquidez del gobierno antes de los próximos vencimientos de bonos.
“Probablemente con la intención de ser una cartera de inversión que proporcionaría ganancias que se usarían para el rescate de bonos, las compras de bitcoin han funcionado menos como un fondo de amortización y más como un drenaje de recursos que podrían usarse para cancelar deuda costosa a corto plazo (incluida la tesorería). letras conocidas como LETES y CETES con rendimientos superiores al 6 %). Además, la inversión no ha traído ninguna evidencia de beneficios sociales”, apunta el reporte.
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Agrega que el soberano “ha luchado durante mucho tiempo con una liquidez limitada” debido a sus “necesidades de financiamiento relativamente grandes” derivadas de los “amplios déficits fiscales y la dependencia de la costosa deuda a corto plazo”.
Como resultado de estos desafíos de liquidez de larga data, la prima de riesgo exigida por los mercados, tanto nacionales como extranjeros, ha elevado los costos de interés, lo que a su vez aumenta aún más las necesidades de financiamiento del gobierno de Nayib Bukele.
¿Cómo afecta esto la capacidad de pago y la solvencia de El Salvador?
La incapacidad de El Salvador para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzó a principios de 2021. Luego de una ampliación sustancial del déficit fiscal del soberano a 10,1 % del PIB como resultado de la pandemia en 2020 y con una deuda pública superior al 89 % de PIB, “la sostenibilidad fiscal dependía de un plan creíble para reducir el déficit e identificar fuentes de financiación rentables”.
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En este sentido, Moody´s Investor Service explica que un programa del FMI “habría servido como un ancla fiscal” que habría asegurado el acceso continuo a los mercados de capitales globales dada la falta de un marco claro de formulación de políticas fiscales y macroeconómicas.
Sin embargo, la ruptura entre el gobierno y el FMI a raíz de la Ley Bitcoin provocó un aumento sostenido en los rendimientos de los bonos externos de El Salvador.Las compras de bitcoin por parte del gobierno salvadoreño y anuncios relacionados han llevado a una asociación entre El Salvador y bitcoin en la mente de los inversores ha resultado en “una fuerte relación inversa entre el precio de bitcoin y la percepción de riesgo del mercado para El Salvador”, medida por sus diferenciales de bonos.
Además, la agencia indica que la dependencia previa del soberano de las emisiones de bonos externos ha llevado a un “calendario de redención desafiante”. Sin acceso al mercado para refinanciar bonos que vencen y sin un plan de financiamiento creíble, la probabilidad de un evento crediticio (reestructuración, canje forzoso o incumplimiento) con una gravedad relativamente alta ha aumentado desde principios de año.
El gobierno de Bukele ha anunciado su intención de reformar el sistema de ahorro pensiones, lo que podría liberar liquidez para hacer frente al pago de US$800 millones de los eurobonos de 2023. Sin embargo, como no se han proporcionado detalles hasta la fecha, “los riesgos crediticios soberanos siguen siendo elevados”.
Ante estos resultados, Moody´s Investor Service espera que la probabilidad de una ola de soberanos siguiendo el ejemplo de El Salvador “sea baja”, especialmente dados los “riesgos del financiamiento concesional”.
No obstante, se han visto a otros soberanos con “perfiles crediticios débiles e instituciones monetarias débiles” avanzar con una legislación que integraría bitcoin u otras criptomonedas en su marco económico o monetario.
