Centroamérica & Mundo
2022-10-26

Moody’s advierte a Panamá de crecientes presiones fiscales

La agencia calificadora cambió la perspectiva de riesgo del país a negativa desde estable y afirmó la calificación de emisor a largo plazo en Baa2.

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net

La agencia calificadora Moody’s cambió de perspectiva de riesgo del Gobierno de Panamá a negativa debido las crecientes presiones fiscales derivadas de una estructura de gasto cada vez más rígida relacionada con la tendencia alcista de los salarios, las transferencias y los pagos de intereses.

Según la agencia, estas presiones adicionales se relacionan con “perspectivas de deterioro persistente” en la posición financiera del programa de beneficios definidos de la seguridad social, con proyecciones que indican que sus reservas se agotarán para 2024.

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Frente a estas “condiciones apremiantes”, la falta de progreso en la reforma de pensiones y medidas para aumentar los ingresos fiscales denota “débil eficacia” de las políticas, un elemento relacionado con la gobernanza en el marco analítico ESG de Moody’s.

En relación con sus pares latinoamericanos, Panamá tenía una estructura de gastos relativamente flexible con gastos de capital que representan en promedio el 37 % de los gastos totales del gobierno central. 6,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2010-19.

Esta característica proporcionó flexibilidad presupuestaria dando a las autoridades la capacidad de subejecutar la inversión pública para cumplir con las metas fiscales. Sin embargo, desde 2017, el gasto de capital se ha reducido para controlar el gasto general. Su participación se redujo al 26 % del gasto total (5,1 % del PIB) para 2021, mientras que el gasto corriente aumentó con los desembolsos en salarios, transferencias e intereses de la deuda en constante aumento.

La masa salarial del gobierno ha estado creciendo a un ritmo constante durante la última década, ascendiendo al 31 % de los gastos totales (6 % del PIB) en 2021, frente al 20 % (3,9 % del PIB) en 2013, impulsada por un crecimiento continuo de la fuerza de trabajo pública y los aumentos salariales exigidos por la ley.

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El gasto en transferencias, que incluyen subsidios, se mantuvo relativamente estable en 2015-19 en alrededor del 20 % del gasto total (3,3 % del PIB), pero se ha disparado desde la pandemia y llegó al 24 % del gasto (4,6 % del PIB) en 2021 aunque el gasto social relacionado con la pandemia se retirará gradualmente, las consideraciones del costo de vida relacionadas con una mayor inflación probablemente limitarán una reducción de este gasto.

“En un futuro cercano, el deterioro de la posición financiera de la Caja de Seguro Social (CSS) se convertirá en otra fuente de presiones de gasto”, advierte el reporte. El saldo de la CSS resultó deficitario en 2020 y se proyectan saldos negativos en el futuro previsible por el deterioro de las finanzas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, conocido como IVM.

Según las propias estimaciones de la CSS, los déficits de la IVM seguirán ampliándose, consumiendo sus reservas para 2023-24 y, en ausencia de medidas correctivas, la CSS requerirá potencialmente apoyo financiero recurrente del gobierno equivalente a más del 1 % del PIB anual.

“En un contexto de crecientes presiones de gasto, la ausencia de un plan integral para apuntalar los ingresos del gobierno probablemente dificulte cada vez más el cumplimiento de las metas establecidas por la regla fiscal en los próximos años”, señalaron.

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