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Jesuitas piden justicia por crimen de sacerdotes en El Salvador

La universidad jesuita de El Salvador pidió este lunes a un juzgado la reapertura de un proceso penal contra los autores intelectuales del asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, ocurrido en noviembre de 1989.

2017-11-27

Por AFP

'Aquí (en la demanda) vamos pidiendo que se investigue a los autores intelectuales de la masacre, es un derecho que nos asiste', aseguró a la prensa el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), el sacerdote jesuita José María Tojeira.

Tojeira, acompañado del rector de la universidad, el también sacerdote jesuita Andreu Oliva, y el abogado del IDHUCA, Arnau Baulenas, acudieron a presentar la demanda ante el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador.

Los jesuitas tomaron la decisión en virtud de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró en julio de 2016 la inconstitucionalidad de una ley de amnistía que había perdonado los crímenes cometidos durante la guerra civil entre 1980 y 1992.

'La masacre de los jesuitas es un crimen de lesa humanidad y por tanto es imprescriptible, no amnistiable y eso quedó claro cuando la Corte Suprema dijo que la Ley de Amnistía era inconstitucional', señaló el abogado Baulenas.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de una ofensiva guerrillera sobre San Salvador, efectivos del ahora proscrito batallón Atlacatl de la Fuerza Armada asesinaron a seis sacerdotes y dos empleadas en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA).

Las víctimas fueron el español-salvadoreño Ignacio Ellacuría (rector), defensor de la Teología de la Liberación, los españoles Ignacio Martín Baró (vicerrector), Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno, el cura salvadoreño Joaquín López, y Elba Ramos y su hija Celina.

En El Salvador solo fueron juzgados los militares que figuraban como autores materiales del crimen, en tanto un tribunal español pidió a Interpol en enero de 2016 detener a otros 17 oficiales retirados, pero en agosto pasado la Corte Suprema de El Salvador dejó sin efecto las órdenes de detención.

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