Por estrategiaynegocios.net
Las últimas destituciones siguen “al despido arbitrario y al hostigamiento” de varios jueces y fiscales independientes desde que Porras asumió el cargo por primera vez en 2018, así como el despedido de otros diez administrativos.
Puede leer: Guatemala acusa a la CIDH de ‘extorsión‘ y ‘sesgo ideológico‘
“Las destituciones más recientes parecen ser parte de un patrón más amplio de transferencias, despidos y procesamientos abusivos contra fiscales y jueces independientes en Guatemala”, ha asegurado el investigador de Human Right Watch (HRW) para Latinoamérica Juan Pappier.
“La fiscal general está socavando el Estado de derecho y dejando a todos los guatemaltecos más expuestos a violaciones de derechos humanos y abusos de poder impunes”, ha agregado.
El portavoz de la Fiscalía General del Estado, Juan Luis Pantaleón, ha justificado las destituciones sosteniendo que, según la ley guatemalteca, los fiscales “son nombrados con base en la confianza” motivo por el cual “pueden ser nombrados y removidos libremente por el fiscal general”.
HRW, sin embargo, ha puesto en cuestión el despido “arbitrario” de fiscales, asegurando que tiene una base “dudosa” en las leyes del país, y detallando que va en contra de las normas internacionales de Derechos Humanos y que socava la capacidad de los fiscales para realizar su trabajo de manera independiente.
Por otra parte, la ONG ha señalado que durante sus primeros cuatro años en el cargo, Porras “socavó investigaciones sobre corrupción y abusos de los Derechos Humanos, incluso transfiriendo o despidiendo a los fiscales a cargo”.
“Su oficina también ha iniciado juicios aparentemente arbitrarios contra jueces y fiscales independientes, entre ellos Erika Aifán, una jueza que había fallado en casos de corrupción de alto nivel, y Virginia Laparra, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que ha encarcelado desde febrero”, ha agregado la organización en un comunicado.
Asimismo, ha remarcado que el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ha establecido que los fiscales solo deben ser removidos por “causas legalmente establecidas”, tales como la terminación del período para el que fueron nombrados o como cuando hayan cometido faltas disciplinarias graves, siguiendo un proceso adecuado para “garantizar la imparcialidad y objetividad de la decisión”.
Por su parte, Naciones Unidas establece que los fiscales deben tener “condiciones de servicio razonable”, incluida la permanencia en el cargo, y deben poder desempeñar sus funciones “sin intimidación, obstáculos, hostigamiento o interferencia indebida”.
Destitución provocó críticas
A inicios de julio, Hilda Pineda fue destituida como parte de las “acciones de personal orientadas al fortalecimiento institucional”, según Juan Luis Pantaleón, vocero del Ministerio Público (MP). Agregó que Pineda era “personal de libre nombramiento y remoción”, según la regulación interna del MP.
En 2013, Pineda llevó a juicio al expresidente guatemalteco Efraín Ríos Montt por presuntos delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad por su supuesto papel en varias masacres durante la guerra civil que afrontó el país durante más de 30 años.
Su destitución provocó críticas de activistas y exfiscales que denunciaron que el despido es parte de una persecución dirigida por Porras contra operadores de justicia independientes.
“Rechazo la destitución de la fiscal Hilda Pineda (...) La ‘libre remoción’ de fiscales del MP contradice estándares internacionales sobre independencia de operadores de justicia”, fustigó Juan Pappier, de la división de las Américas de Human Rights Watch.
