Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
La población de Centroamérica sufrió el año pasado el impacto de la criminalidad por las pandillas, violación a sus derechos humanos, especialmente los segmentos más pobres, persecución política por parte del Estado y un debilitamiento en el combate a la corrupción por parte de los gobiernos, señala el Informe Mundial 2023 elaborado por Human Rights Watch (HRW).
“La falta de respuestas eficaces ante la corrupción, la violencia y la pobreza ha sido usada como pretexto por parte de políticos que prometen soluciones que suenan sencillas pero que suelen resultar abusivas”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Los líderes de la región deberían demostrar que la democracia puede responder a las necesidades de la población, promoviendo los derechos a la salud, la educación y la seguridad y fortaleciendo el Estado de Derecho”, agregó.
Los “altos niveles de violencia en la región siguen siendo una preocupación”, indica el informe. América Latina y el Caribe es la región con la tasa anual de homicidios más alta del mundo, de 21 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En países del Triángulo Norte de Centroamérica, las pandillas “han asesinado, desaparecido, desplazado a poblaciones, han ejercido control territorial y extorsionan a residentes”, además de reclutar por la fuerza a niños y niñas y someten a abusos sexuales.
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En respuesta, El Salvador y Honduras se declararon un “régimen de excepción” que suspendió ciertos derechos constitucionales en respuesta a una escalada de violencia de las pandillas.
El Salvador
HRW destaca que en el caso salvadoreño, las autoridades “cometieron violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, malos tratos en prisión y violaciones del debido proceso”.
“En El Salvador, las medidas de mano dura impuestas por el gobierno del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad y el acelerado desmantelamiento de las instituciones democráticas han propiciado violaciones generalizadas de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad”, señala el informe.
“Los líderes latinoamericanos deberían adoptar políticas de seguridad sostenibles y que respeten los derechos humanos, señaló Human Rights Watch. Entre otras medidas, ello exige priorizar los procesos penales contra lideres de grupos criminales y prevenir el reclutamiento de jóvenes mejorando el acceso a la educación, al trabajo y a otras oportunidades.
Honduras
En cuanto al caso hondureño, el informe agrega que el sistema de justicia “sufre los efectos de la interferencia política desde hace años” y el Congreso derogó una ley de secretos excesivamente amplia, “pero no ha derogado otras leyes que obstaculizan la lucha contra la corrupción”.
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Guatemala
Por otra parte, HRW considera que el presidente Alejandro Giammattei y sus aliados “profundizaron el deterioro de la democracia en Guatemala”, en un aparente intento de evitar la rendición de cuentas por corrupción generalizada, incluso en los más altos niveles del Estado.
Señala tambien que las autoridades guatemaltecas designaron a la fiscal general y el procurador de los derechos humanos “mediante procesos de selección que no fueron justos ni transparentes” y “el hostigamiento y la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos siguen siendo problemas de gran preocupación”.
Nicaragua
Sobre Nicaragua, el documento de HRW apunta que el gobierno del presidente Daniel Ortega “ha profundizado la represión sistemática contra críticos, periodistas y defensores de derechos humanos”.
“Desde que asumió en 2007, el gobierno ha desmantelado todos los controles institucionales al poder presidencial. En medio de una escalada represiva contra críticos y opositores políticos”, señala el informe.
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En 2022, el gobierno de Ortega clausuró más de 2.000 organizaciones no gubernamentales e “intensificó la violencia contra miembros de la Iglesia Católica, siguen impunes los abusos cometidos durante la brutal represión de 2018” por agentes de la Policía Nacional y grupos armados partidarios del gobierno, que dejó un saldo de más de 300 muertos.
