Por estrategiaynegocios.net
La Ley de Justicia Tributaria que se analiza en el congreso hondureño fue analizada por un grupo de empresarios del país. Concluyeron, tras el encuentro, que la misma no está encaminada a lograr la competitividad ni incentivar las inversiones y desfavorecerá a la micro, pequeña y mediana empresa (mipyme).
Eduardo Facussé, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC); Pedro Barquero, exministro de Desarrollo Económico; Rafael Delgado, presidente del Colegio de Economistas de la zona noroccidental, y Aníbal Cálix, exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC), analizaron las consecuencias del proyecto de ley.
“Me gustaría conversar sobre el espíritu de la ley, se han vertido muchas acusaciones públicas, que no queremos pagar impuestos, puedo decir con propiedad, que la afiliación de la Cámara de Comercio de Cortés es de las que más impuestos paga, no tiene base de lo que se nos acusa”, aseveró Eduardo Facussé.
El líder empresarial reiteró que están en contra de los abusos y atropellos de la ley para sacar provecho propio. “Esta ley lo que busca es racionalizar las exoneraciones y mayor transparencia para evitar la evasión fiscal, pero al final nos preocupan dos temas; uno es que el país perderá competitividad, porque eso alejaría la inversión, alejaría los empleos y las oportunidades”.
“En los últimos 10 años los tributos han pasado de ser L52,000 millones a L144,000 millones”, acotó.
Todos los panelistas enfatizaron que no hay ningún punto en la ley que contraiga un compromiso para el sector público de hacer buen uso de los impuestos y cómo va impactar el recaudo en la mejora de servicios de salud, educación y demás a la población.
“Yo creo que tal vez por el sesgo o por desconocimiento, en muchos de los artículos realmente le estamos restando competitividad al país, un ejemplo, el artículo que habla sobre la orden de compra exenta (es que en vez de pagar el impuesto sobre venta y que después se lo devuelva, genera un documento en una plataforma electrónica con el cual le hacen una factura exenta a su proveedor) y, el argumento, es que somos el único país en Latinoamérica que la tiene, es un beneficio para el inversionista, pero aquí se está viendo como negativo”, comentó el exdiputado Aníbal Cálix.
Los panelistas también coincidieron que hay tareas pendientes que el Gobierno debe resolver, como es la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, mejora y más bajos costos de energía eléctrica, proyectos de infraestructura, entre otros.
Con información de La Prensa (Honduras)
