Centenares de hondureños protestaron este lunes contra el gobierno en demanda de la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE, una especie de ciudades con soberanía para que empresarios inviertan con beneficios fiscales y que, según diferentes sectores, violan la Constitución.
'No a la destrucción de Honduras', 'No a la entrega de la soberanía', 'No a la venta del territorio porque viola la soberanía', se leía en mantas y pancartas que llevaban más de 5.000 personas por el bulevar Suyapa de la capital, en la mayor concentración desde el comienzo de la pandemia en Honduras, según un analista.
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'Esto puede ser el inicio de todo un movimiento social que va a arreciar la lucha contra estos proyectos, que no se habían visto en el contexto de la pandemia y el cansancio de la población', dijo Eugenio Sosa, docente de Sociología de la Universidad Nacional.
La movilización fue convocada por una coalición de organizaciones sociales, docentes, estudiantes, sindicatos, Colegio de Abogados y otros gremios.
La marcha, que terminó frente al Poder Judicial, se llevó a cabo junto a otras protestas convocadas en diferentes ciudades del país en forma simultánea.
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El gobierno, que dirige Juan Orlando Hernández promueve las ZEDE para instalar emporios industriales con facilidades extremas para los inversionistas, que pueden crear 'zonas fiscales y aduaneras extraterritoriales, distintas a las del resto del territorio nacional'.
La ley les permite igualmente crear 'órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario, así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país'.
Las ZEDE son rechazadas por empresarios, iglesias, abogados, universidades y sindicatos por 'inconstitucionales'.
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El independiente Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que serían una suerte de santuarios para los funcionarios hondureños acusados de narcotráfico por la justicia estadounidense.
El propio presidente Hernández es investigado por la fiscalía de Nueva York y su hermano fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua como narcotraficante 'a gran escala'.
