El Ministerio Público (MP) confirmó ayer que desde hace varias semanas inició el trámite para emitir la orden de aprehensión internacional en contra de la ex fiscal general Thelma Aldana.
Hasta ahora han transcurrido 38 meses desde que Aldana abandonó Guatemala y se encuentra asilada en Washington D. C., Estados Unidos, por lo cual, según el portavoz del MP, se hacen los trámites para poder reclamarla y presentarla ante la justicia del país, por supuestamente haber incurrido en el delito de fraude, sin precisar sobre qué caso, ya que se encuentra bajo reserva.
El vocero dio a conocer que el trámite de solicitud internacional es por el caso denominado Gerencial Asunción, una trama sobre la presunta compra sobrevalorada por Q35 millones (US$4.5 millones) de un edificio para esa institución, en la zona 5, evento que fue declarado lesivo el 25 de septiembre del 2020.
El caso surgió por una denuncia que presentó Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo, y una comisión específica del Congreso que se integró para fiscalizar la adquisición, presidida por Juan Ramón Lau, junto a Delia Back, Fernando Linares Beltranena, Edna Soto y Estuardo Galdámez.
La Fiscalía de Asuntos Internos señaló que para la compra del inmueble hubo una serie de anomalías y no se cumplió con lo señalado en la Ley de Contrataciones del Estado, ya que no se contaba con un Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones para hacer la compra.
Más implicados
El requerimiento internacional también podría involucrar a tres exfiscales y una exjueza que se encuentran en la misma situación y acumulan varias denuncias, de las cuales se sigue recabando indicios y evidencias. Por tal razón, explicó Pantaleón, todavía no se ha solicitado la orden de aprehensión en contra de estas personas.
Entre el grupo destaca la exjueza Erika Aifán, que abandonó Guatemala el 21 de marzo de este año y sobre quien pesan 29 denuncias. Además, el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, quien también salió del país el 25 de julio de 2021 y tiene 58 denuncias en su contra.
Por su parte, el exfiscal Rudy Herrera Lemus, quien dejó de laborar en el MP el 3 de febrero del 2022 y días después abandonó el país, tiene seis denuncias en su contra. Otra exfiscal en similar situación es Andreí González Arteaga, quien dejó Guatemala el 15 de octubre del 2019. Contra esta última se presentaron nueve denuncias relacionadas con su trabajo en el MP.
¿Qué procede?
El MP debe solicitar la orden de captura internacional a la Policía Internacional (Interpol), que debería recibir la documentación en su sede en París, Francia.
La Interpol recibe las alertas de las policías de los Estados miembros, como el caso de Guatemala, sobre personas que presuntamente han cometido un delito grave y huido del país, indicó el excanciller Édgar Gutiérrez.
El exfuncionario agregó que la solicitud en mención se debe gestionar con la Policía Nacional Civil (PNC), y esta “envía los datos de identificación de la persona buscada, incluyendo fotos, y cuando se le localiza es detenida provisionalmente a la espera de extradición”.
El Estado de Guatemala tendría que presentar una causa para solicitar a Estados Unidos la extradición, “pero no le darían mérito, porque una vez otorgado el asilo político, la misma no procedería”, expuso Gutiérrez.
Puntualizó que una extradición es más probable que prospere si se tratara de delitos de genocidio o crímenes de guerra.
La Interpol revisa la solicitud y después de analizarla determina “si procede o no”. De aceptarla, activa la denominada alerta roja.
En el caso de Aldana, de acuerdo con Gutiérrez, la orden de captura internacional “no procede, porque el país que ya otorgó el asilo y podría no reconocer una causa penal, sino una persecución política”, dijo.
A criterio del también excanciller Gabriel Orellana, la solicitud en referencia “lo que hace es sustituir la figura de extradición” y de alguna manera acorta el desarrollo del proceso. Sin embargo, esta orden la quieren fundamentar “en hechos que sucedieron hace mucho tiempo y va dirigida a personas acogidas políticamente y que se encuentran en un estatus de refugiados políticos”, lo que impediría que prospere.
Orellana percibe que dicha solicitud “tiende a ser un artificio publicitario, más que una solicitud de buena fe”, y con estas acciones el MP “se va colocar un clavel en el ojal, haciendo la pantomima de que se está moviendo para capturar a determinadas personas”.
Segundo intento
Esta es la segunda vez que el MP tramita una orden de aprehensión internacional contra Thelma Aldana. La primera fue el 2 de junio del 2019, cuando el juez Décimo de Primera Instancia Penal, Víctor Manuel Cruz Rivera, giró la solicitud a la Policía Nacional Civil y al jefe de la Interpol para elevar la alerta roja internacional y agilizar la localización, captura y extradición de la ex fiscal general.
Se le implica en la contratación supuestamente irregular de Gustavo Bonilla, exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), en noviembre del 2014, como capacitador en el MP, sin que llegara a trabajar.
El MP señala a Aldana por la contratación de Bonilla bajo el renglón 029, desde el 6 de enero al 31 de diciembre del 2015, con un pago de Q16 mil 774.19 en enero y otros 11 salarios de Q20 mil entre febrero y diciembre, para un total de Q236 mil 774.19.
Dicha solicitud de captura internacional fue rechazada el 4 de septiembre del 2020 por la Interpol, fecha en que notificó a Aldana.
