Tras un desfile de al menos 30 testigos, 19 de estos policías, y la intervención de dos trabajadores del Ministerio de Gobernación (Migob), encargados de exponer supuestas irregularidades de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh) en sus estados financieros, el Ministerio Público no ha logrado demostrar, según fuentes del caso, que el dinero de la Fundación provino de fuentes ilícitas, que es una de las premisas claves para la comisión del delito de lavado de dinero.
Los acusados por el supuesto delito del lavado y por falsedad ideológica, apropiación y retención indebida son la ex aspirante presidencial, Cristiana Chamorro Barrios; dos extrabajadores de la FVBCh, Marcos Fletes y Walter Gómez; el conductor Pedro Vásquez.
Por separado, el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, está acusado por el presunto delito de gestión abusiva.
Durante una maratónica audiencia, de al menos 15 horas, la más extensa desde que inició el juicio el pasado 3 de marzo, el Ministerio Público presentó este miércoles (09.03.2022) un perito en documentoscopía, quien aseguró que la firma en un cheque pertenecía a Marcos Fletes, excontador de la Fundación.
Sin embargo, aseguraron las defensas que esto no prueba que sea una acción de lavado de dinero. “No se ha traído una prueba que diga que el dinero es sucio”, destacaron.
En la audiencia del miércoles (09.03.2022), la Fiscalía presentó como testigo a Franya Urey Blandón, responsable de la Dirección de Registro y Control de Asociaciones del Migob, quien reconoció que “desconocía” las “razones específicas” de las acusaciones contra los presos políticos.
Urey Blandón presentó un informe que resume en dos páginas las supuestas “inconsistencias” en la Fundación, durante el periodo 2015-2019.
En el escueto informe señalan que la Fundación violentó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros porque no se registró como tal, pese estar “obligada” porque “reciben fondos de Estados Unidos”. Sin embargo, el mismo documento afirman que, basados en un “análisis de los estados financieros de los periodos 2015-2019”, la FVBCh “no especificó el origen, ejecución y destino de los fondos”, aunque indican que los donativos provenían de EE. UU. y Suiza.
Luis Hernández Mendoza, analista financiero del Migob, no logró explicar qué técnicas utilizó para identificar las supuestas “irregularidades” encontradas en los reportes financieros de la Fundación.
Cuando la defensa le cuestionó por la aplicación de normas nacionales necesarias para la realización de este tipo de auditorías, el funcionario “no supo responder”, según las fuentes del caso.
Urey Blandón declaró que cuando la Fundación anunció el cese de sus operaciones, en febrero de 2021, para no someterse a la violatoria Ley de Agentes Extranjero, los “alarmó” y decidieron revisar la documentación de la organización. Posteriormente, facilitaron la información al Ministerio Público para que investigara porque “les parecía algo raro”.
En su momento, la misma expresidenta de la FVBCh y ahora rea política, Cristiana Chamorro, señaló que la imposición de registrarse como “agente extranjero” es prácticamente “renunciar a nuestra ciudadanía nicaragüense”.
La ley es “otro instrumento diseñado para perseguir y aplastar a quienes nos resistimos al designio de cautiverio y sumisión a que nos quieren someter con arbitrariedades que exceden los límites constitucionales”, señaló la organización en un comunicado.
