POR AFP
La fiscalía argentina pidió este lunes una pena de 12 años de cárcel y la inhabilitación política perpetua para la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue mandataria (2007-2015), una acusación que sus seguidores consideran como una persecución.
Kirchner, acusada por los delitos de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada, tiene inmunidad política por sus cargos como vicepresidenta y presidenta del Senado. Se estima que el veredicto se decidirá a fin de año.
Minutos después de conocido el pedido de condena hecho por el fiscal Diego Luciani, la presidencia argentina emitió un comunicado de repudio.
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“El gobierno nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada hoy, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad”, señaló el texto.
“Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado y toda la acusación que se le carga se refiere únicamente a la función que ejercía en ese período, lo cual degrada lastimosamente los más elementales principios del derecho penal moderno”, añadió.
Kirchner es acusada junto a otras 12 personas por supuestamente haber orientado la atribución de licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz (sur), su cuna política, para favorecer al empresario Lázaro Báez, contra quien también pidieron los fiscales 12 años de cárcel y el embargo de sus bienes.
En total, la Fiscalía solicitó el decomiso de 1.000 millones de dólares, suma que consideró equivalente a la supuesta defraudación y que de ser ratificado por los jueces deberá pagarse de manera solidaria y proporcional entre los 13 acusados.
Los pedidos de condena oscilaron entre los dos y los 12 años de prisión. La suma de las penas máximas para esos delitos es de 16 años.
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Esta fue la novena y última audiencia de alegatos de la Fiscalía, realizada de forma remota.
Pequeños grupos de manifestantes se reunieron a las puertas de los tribunales y también de la residencia de Kirchner en Buenos Aires para celebrar con banderas argentinas, pitos y cacerolas el pedido de condena.
Según el fiscal Sergio Mola en esta causa “hubo irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de 12 años. El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas. No es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho”, aseveró el fiscal en su alegato final.
La causa abarca también el periodo de gobierno anterior de 2003-2007, cuando fue presidente su esposo Néstor Kirchner, fallecido en 2010.
“Persecución”
Kirchner, de 69 años y abogada de profesión, pidió una ampliación de su declaración indagatoria para el martes, al sostener que “en abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, según escribió en Twitter.
Pero esa posibilidad fue negada por el tribunal, que consideró que sus abogados podrán extenderse durante la próxima etapa de alegatos de la defensa, a partir del 5 de septiembre.
Anteriormente, Kirchner había solicitado la recusación de los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, así como del fiscal Luciani, pero ese pedido fue desestimado.
Para que una sentencia sea ejecutada tiene que quedar ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Por ello, aún si es condenada, Kirchner seguiría en libertad y podría incluso ser candidata en las elecciones presidenciales y legislativas de 2023.
En medio de la polarización política y ante el proceso electoral del próximo año, diversas agrupaciones del peronismo de centro-izquierda, cercanas a la vicepresidenta, denuncian una persecución y tanto parlamentarios como líderes sociales y referentes de la cultura publicaron comunicados de respaldo a Kirchner.
En las últimas horas, dirigentes políticos hicieron un llamado a la movilización de la militancia, pero sin concretar una convocatoria.
La vicepresidenta ha sido sobreseída en varias causas por presuntos delitos ocurridos en sus dos períodos presidenciales, pero aún enfrenta cinco procesos.
