Centroamérica & Mundo
2022-09-04

Entre polémica y expectativa, bitcoin cumple su primer año de curso legal en El Salvador

El proyecto que convirtió al país en el primero en el mundo en dar a la criptomoneda estatus de moneda de curso legal, pero por ahora no ha logrado la bancarización de las personas ni abaratar las remesas familiares, como prometió el presidente Nayib Bukele, al impulsarla.

Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net

Se cumple el primer aniversario de la entrada en vigor de la la Ley Bitcoin, que convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en otorgarle el estatus de “moneda de curso legal” al más popular de los criptoactivos.

El proyecto, impulsado por el presidente de la República, Nayib Bukele, ha pasado por el entusiasmo -y apoyo de parte de los criptoinversores extranjeros-, por el rechazo o desinterés de la mayoría de la población y por la preocupación por parte de diferentes organismos multilaterales y centros de pensamiento sobre los riesgos de su uso e intriga sobre los próximos pasos en esta adopción.

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Pero ¿qué se ha logrado a la fecha con esta ley? ¿cuáles son los principales éxitos alcanzados a niveles comerciales o gubernamentales? La agencia Moody’s Investor Service, estima que se han invertido, a la fecha, alrededor de US$375 millones para crear el ecosistema para la adopción de la criptomoneda, pero sin que -hasta el momento- se logren los grandes efectos prometidos.

“Las compras de bitcoin han funcionado menos como un fondo de amortización y más como un drenaje de recursos que podrían usarse para cancelar deuda costosa a corto plazo (incluida la tesorería, letras conocidas como LETES y CETES con rendimientos superiores al 6 %). Además, la inversión no ha traído ninguna evidencia de beneficios sociales”, apunta el reporte de Moody´s.

Fuera del optimismo del gobierno, economistas, multilaterales y tanques de pensamiento están atentos al impacto en las arcas públicas de este millonario impulso.

Ricardo Castaneda, economista senior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), explicó que luego de un año hay que lamentar que no hay un solo estudio técnico que permita identificar si los potenciales beneficios con la implementación del bitcoin como moneda de curso legal se han logrado o no.

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Castaneda señala que haber utilizado recursos públicos, independientemente la ciudadanía haya utilizado o no el bitcoin, “se tiene que pagar las consecuencias” de ello.

¿Cuáles serían? El economista indica que uno es el alto costo de oportunidad, es decir, dinero que se pudo utilizar para medicinas en los hospitales, mejorar la estructura vial o pago del servicio de la deuda pública.

Otros impactos

Si bien desde el Ejecutivo se elogia la exposición internacional del país por el tema, como de un mayor interés de criptoentusiastas para hacer turismo en El Salvador, un tema que ha marcado el primer año ha sido la percepción de riesgo sobre la economía salvadoreña por esta empresa.

La adopción del bitcoin ha sido uno de los factores que acentuaron el aumento del perfil de riesgo del país con aumento del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI) que pasó de estar en 8,23 % el 1 de septiembre de 2021 al 23 % en la actualidad, esto junto a las limitantes de opciones de financiamiento internacional que esta tendencia supone.

“Al poner en la balanza todo lo que ha sucedido en el país no ha traído ningún beneficio tangible para la ciudadanía, en cambio los costos son altos”, sentenció Castaneda.

Similar opinión tiene Steve H. Hanke, profesor de economía aplicada en la Universidad Johns Hopkin, quien considera que el veredicto del “experimento bitcoin de Bukele” es que “se basó en falsas promesas de principio a fin” y es “un fracaso total”.

Específicamente, Hanke señala dos “tergiversaciones” en el proyecto de la Ley Bitcoin. La primera es la que calificó como “licitación forzada” pues el artículo 7 de la ley establece que “todo agente económico debe aceptar bitcoin como medio de pago. “Con eso, la libertad de elección de moneda, que había acompañado la dolarización de El Salvador en 2001, se fue por la ventana”, señaló el autor en un reciente artículo .

Remesas

La segunda tergiversación, dice el experto, sobre la promesa de que el uso del bitcoin, y del criptomonedero estatal (Chivo Wallet) que lo acompaña, implicarían una fuerte reducción en el costo de enviar remesas a los salvadoreños. El tema es clave para un país que recibe cerca del 20 % de su PIB por este tipo de envíos.

“Nuestro pueblo paga US$400 millones al año en comisiones por las remesas. Solo ese ahorro será un beneficio enorme para nuestra gente (o al menos para quien así lo desee). También está la ventaja de no tener que cargar efectivo. Más seguro y más práctico”, dijo Bukele mediante su cuenta de Twitter el año pasado.

En octubre de 2021, un mes de la operatividad de la Ley Bitcoin, el Banco Central de Reserva (BCR) reportó que US$29,7 millones en remesas familiares fueron enviadas mediante la billetera digital Chivo, cifra que equivale al 4,5 % del total recibido ese mes.

Sin embargo, esa fue la participación más alta a la fecha ya que luego se desplomó. El BCR reportó que de los US$747 millones que se recibieron en remesas en julio de 2022 US$10.4 millones, equivalentes al 1,6 % del total, fueron canalizados mediante el uso criptomonederos.

La adopción se desinfla

Similar apatía muestran los salvadoreños y establecimientos comerciales con el uso de la Chivo Wallet y del bitcoin como medio de pago, pese a que se creó un bono de US$30 en bitcoin para impulsar su uso, incentivo que disparó las descargas de la app en las tiendas de aplicaciones en los primeros meses por parte de quienes querían sacar provecho del subsidio.

Una encuesta realizada en abril de 2022 por la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos (NBER), en Asociación con CID Gallup, indicó que solamente el 20 % de los que descargaron en septiembre de 2021 la billetera Chivo continúan usándola.

“La razón más importante para no descargar la aplicación con la condición de conocerla, es que los usuarios prefieren usar efectivo, a lo que le siguen problemas de confianza: los encuestados no confiaban en el sistema o en el bitcoin en sí”, señala el informe.

Esto contrasta con otra de las promesas de Bukele al impulsar este proyecto de que podría aumentar la inclusión financiera de los salvadoreños no bancarizados (estimado en 70 % de la población).

Un reporte de S&P Global Rating decía en noviembre que “era poco probable que los beneficios potenciales de la criptomoneda se materialicen en el corto plazo” y solo se obtendrán “si existe una confianza generalizada”.

“Sin confianza, es probable que las transacciones en bitcoins se conviertan inmediatamente en dólares estadounidenses debido al riesgo de tipo de cambio y la propensión de los tenedores de la criptomoneda a retener sus bitcoins como reserva de valor en lugar de utilizarlos como medio de intercambio”, dijo entonces la calificadora de riesgo.

Pese a que gremios como la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada monitorearon los primeros meses del uso del criptoactivo, las entidades declinaron emitir nuevas opiniones sobre el desempeño de la experiencia de transacciones para este informe.

¿Cuántos bitcoins tiene El Salvador?

En cuanto al tamaño del portafolio de bitcoins que están en poder del Gobierno de El Salvador la cifra oficial es incierta ya que los únicos datos disponibles son los anuncios de compras anunciados por el presidente Bukele en su cuenta en Twitter, como la compra de 21 tokens en “el último día 21 del año 21 del siglo XXI” que el mandatario anunció el 21 de diciembre de 2021.

Desde inicios de septiembre pasado se estima que la reserva salvadoreña de bitcoins está conformado por 2.381 tokens, que habrían tenido un costo total de US$104.5 millones (según los tuits de Bukele).

No obstante, debido a la devaluación de un 72 % desde su máximo histórico (casi US$69.000 en noviembre de 2021), alcanzado en noviembre del año pasado, las criptoreservas salvadoreñas hoy están valuadas en US$47,5 millones, lo que representa una disminución del 55,6 % de lo invertido.

Esto significa que, para que este portafolio recuperara las ganancias (solamente de lo adquirido sin incluir los costos operativos) el bitcoin tendría que subir un 140 % de su actual valor de US$20.000.

Bonos Volcán en pausa

La estrategia cripto de El Salvador también sumó una importante apuesta en 2021, la cual fue anunciada en la Latin American Bitcoin Conference 2021 (LaBitConf 2021) que se desarrolló en El Salvador y donde se anunció el plan de lanzar bonos soberanos respaldados en bitcoin, los primeros de su tipo en el mundo.

Pese a que el anuncio se hizo en noviembre y se habló de lanzarlos en el primer semestre de 2022, la caída de la cotización del criptoactivo ha retrasado el plan con el que se busca crear una ciudad futurista (Bitcoin City) en el oriente del territorio que además sería alimentaría con energía geotérmica y pensada en el desarrollo del ecosistema bitcoin.

La expectativa a casi un año de su anuncio es si se llevará a cabo o no el novedoso proyecto que también se plantea como una alternativa de financiamiento para el país tras el aumento del riesgo país y de una cada vez más distante posibilidad de lograr un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional.

Recientemente, Paolo Ardoino, CTO de Bitfinex y Tether, reveló que la emisión del bono volcán, se retrasará todavía más, probablemente hasta finales de este año y anticipó vacíos regulatorios.

“Si la ley se aprueba en septiembre, esperaría que tome razonablemente de dos a tres meses implementar todo lo demás”, agregó Ardoino.

A la fecha, además de la construcción y funcionamiento del Hospital Veterinario Chivo Pets (construído con un fondo de unos US$4 millones de ganancias del Fideicomiso de Bitcoin) y la creación de más de 100 empleos directos por la entrada en operaciones de empresas de servicio fintech, El Salvador continúa a la espera de ver beneficios tangibles a su economía que ve como varios negocios dejan de aceptar la forma de pago o se decantan por hacerlo mediante otras alternativas que no sean el criptomonedero desarrollado por el Estado.

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