La noche del 30 de marzo de 2022 —tres días después del inicio del régimen de excepción—, la Asamblea Legislativa aprobó en su sesión extraordinaria número 5 ocho iniciativas con dispensa de trámite. Enviadas desde Casa Presidencial, fueron aprobadas sin mayor debate ni profundización de su contenido.
Entre las iniciativas aprobadas se encontraban reformas al Código Procesal Penal, a la Ley Penal Juvenil o a la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo; además de la Ley de Recompensas y Eliminación de la Impunidad de Actos de Terrorismo, que dio nacimiento al llamado Fondo de Recompensa.
Para dotar de recursos dicho fondo, esa misma noche, la Asamblea aprobó un refuerzo presupuestario de US$80 millones para el área de seguridad, procedentes, según la iniciativa, de excedentes en la recaudación fiscal de Hacienda. De estos, US$20 millones se destinaron para el ministerio de Defensa, y los restantes US$60 millones fueron para el ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
El destino de este último monto fue la creación de una línea denominada “Programa Especial de Combate a Terroristas”, la cual no estaba contemplada en el presupuesto del ministerio en el presupuesto general de la nación 2022.
El propósito de esta, de acuerdo a la iniciativa, era: “dotar de armamento, vehículos, uniformes, equipamiento y demás herramientas a las instituciones de seguridad pública y Policía Nacional Civil, a efecto de combatir de manera frontal a terroristas, y de esa forma restablecer el orden, la seguridad ciudadana y el control territorial en todo el país”.
De acuerdo al mismo proyecto de decreto, los US$60 millones de dólares asignados a dicho programa se distribuirían a partes iguales: US$30 millones para adquisición de bienes y servicios y US$30 millones para transferencias corrientes.
En dicha plenaria, durante su intervención en la aprobación de la pieza, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se refirió a esos US$30 millones de dólares y fue claro en decir que su destino era pagar el Fondo de Recompensas.
“Vamos a apoyar con la asignación de US$30 millones para la Ley de Recompensa Ciudadana, que será aprobada en breve”, apuntó Guevara esa noche en el pleno.
A casi dos meses de dicha aprobación, sin embargo, los fondos no llegaron al ministerio de Seguridad tal como fueron aprobados. Y lo aprobado ni siquiera se está ejecutando con la supuesta urgencia que justificó su aprobación.
Así, por ejemplo, de los US$60 millones que la Asamblea aprobó en el refuerzo, fueron entregados US$59 millones 233 mil 639 con 10 centavos.
De lo entregado, además, no todo se asignó al programa tal como lo aprobó la Asamblea. La línea “Programa Especial de Combate a Terroristas” recibió US$45.5 millones. En otras palabras, US$13 millones 733 mil 639 con 10 centavos menos de lo que los diputados aprobaron.
Esos US$13.7 millones, eso sí, no es que se perdieran en el camino. Sino que, luego de hacer el seguimiento a la ejecución presupuestaria disponible en el sitio web de Transparencia Fiscal, pueden ubicarse en dos líneas diferentes y que no fueron incluidas en la iniciativa que la Asamblea recibió y aprobó.
Así, la línea 06, denominada “Seguridad Pública 2022” tuvo un incremento de US$13 millones 499 mil 860 con 30 centavos en abril. Aquí, sin embargo, es más difícil seguir el rastro, ya que hay unidades que presentaron aumentos y bajas para dicho mes. Por ejemplo, en remuneraciones, se modificó el presupuesto para ahorrarse US$29.6 millones, pero se aumentó lo destinado a adquisición de bienes y servicios en US$31.1 millones.
Asimismo, incrementó el gasto en inversión en activos fijos, que no tenía asignación para dicho mes y subió a tener una por US$10.7 millones.
De regreso con la ejecución presupuestaria del Programa Especial de Combate a Terroristas 2022, de los US$45.5 millones de dólares que acabó recibiendo, distribuyó: US$28.7 millones para transferencias corrientes (el Fondo de Recompensa), US$16.4 millones para bienes y servicios, $390 mil 105 para inversión en activos fijos y US$3 mil dólares para gasto financiero y otros.
Luego, en términos de asignación y de ejecución mensual, el ministerio programó que en abril usaría nada más US$7.7 millones. Al final del mes, sin embargo, solamente se registraban compromisos ya adquiridos y pendientes de pago por US$473 mil 445 dólares.
La programación de gastos del programa luego es regular, con un pico. Entre los ocho meses que van de mayo a diciembre, Seguridad planea gastar US$20 mil por mes. La única diferencia está en julio, para el que han programado ejecutar US$37.5 millones. De hecho, de este monto, se reporta que ya hay US$11.7 millones comprometidos para pago.
Luego, aparte está el tema del Fondo de Recompensa. A casi dos meses de la aprobación de la ley para el mismo, los US$28.7 millones que le fueron asignados no reportan ninguna ejecución, ni el ministerio tampoco ha explicado cómo funcionará el mecanismo para el mismo. A la fecha lo único público es la campaña de comunicación que invita a usar la línea telefónica 123 para denunciar criminales.
Ante todo ello, legisladores consideraron que es necesario que se transparente el uso de esos fondos. “No hay claridad de donde ha ido a parar ese dinero. Cuando se aprueba y no sabemos adónde va, habrá una exigencia y una crítica”, señaló Jaime Guevara, jefe de fracción del FMLN.
