Por estrategiaynegocios.net
Las fuerzas de seguridad de El Salvador han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos desde que, a finales de marzo, se adoptó el régimen de excepción, en respuesta a una ola de violencia cometida por las pandillas, señalaron Human Rights Watch y Cristosal en un informe conjunto.
El informe “‘Podemos detener a quien queramos’: Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el ‘régimen de excepción’ en El Salvador”, documenta detenciones arbitrarias masivas, torturas y otras formas de maltrato contra personas detenidas, desapariciones forzadas, muertes bajo custodia y procesos penales abusivos.
Agrega que “el desmantelamiento de la independencia judicial” realizado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió la presidencia a mediados de 2019 “facilitó estas violaciones de derechos humanos”.
“Las fuerzas de seguridad salvadoreñas han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos en comunidades vulnerables con el supuesto objetivo de garantizar su seguridad”, expresó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
Para poner fin a la violencia de pandillas y a las violaciones de derechos humanos, el gobierno de El Salvador “debería reemplazar el régimen de excepción con una política de seguridad eficaz y respetuosa de los derechos humanos” que garantice a los salvadoreños la seguridad, agregó Goebertus.
Desde que se adoptó el régimen de excepción, policías y soldados han llevado a cabo cientos de operativos indiscriminados, sobre todo en barrios de bajos ingresos, y han arrestado a más de 58.000 personas, incluidos más de 1.600 niños y niñas. Con frecuencia los operativos se han dirigido específicamente a comunidades de bajos recursos que han sufrido por la inseguridad y falta de oportunidades económicas y educativas durante años.
Entre marzo y noviembre, Human Rights Watch y Cristosal entrevistaron a más de 1.100 personas de los 14 departamentos de El Salvador, incluso durante una visita realizada por Human Rights Watch al país en octubre. Entre las personas entrevistadas se incluyeron víctimas de abusos, sus familiares y abogados, testigos y funcionarios estatales. Los investigadores también examinaron documentos judiciales, documentos médicos y certificados de defunción, y consultaron a forenses internacionales del Grupo Independiente de Expertos Forenses (Independent Forensic Expert Group, IFEG) sobre algunos de los casos.
Human Rights Watch y Cristosal concluyeron en el informe que policías y soldados “han cometido abusos similares de forma reiterada, en todo el país, y durante un período de varios meses. Las políticas oficiales y la retórica empleada por altas autoridades gubernamentales han incentivado abusos”; por ejemplo, al exigir, durante varios meses, que los policías arresten a un número determinado de personas por día.
De interés: El Salvador: Militares cercan municipio de Soyapango para capturar a pandilleros
Además, señala que el presidente Bukele “utilizó una retórica deshumanizante contra las personas detenidas y sus familias” y estigmatizó a periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil que documentan violaciones de derechos humanos.
Destaca que las autoridades salvadoreñas no han reportado avances en la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción.
La campaña de arrestos masivos e indiscriminados ha llevado a la detención de cientos de personas sin conexión con las actividades delictivas de las pandillas. En muchos casos, las detenciones parecen haber estado basadas en la apariencia y el lugar de residencia de los detenidos, o en evidencias cuestionables.
En algunos casos, los agentes se negaron a proporcionar información sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, lo que constituye desaparición forzada conforme al derecho internacional.
En forma reiterada, los jueces y fiscales violaron garantías de debido proceso establecidas conforme al derecho internacional, lo cual viola los derechos humanos de las personas detenidas y dificulta, o incluso imposibilita, que esas personas puedan ejercer una defensa adecuada en los procesos penales en su contra. Las audiencias se realizaron en grupos de hasta 500 detenidos, y más de 51.000 personas fueron enviadas a detención provisional aplicando leyes aprobadas recientemente que violan las normas internacionales de derechos humanos.
La población carcelaria aumentó de 39.000 personas en marzo de 2022 a cerca de 95.000 detenidos para noviembre, más de tres veces la capacidad oficial. Miles de detenidos han estado incomunicados durante semanas o meses, o sólo se les permitió ver a su abogado durante unos pocos minutos antes de la audiencia.
Algunas de las pocas personas que fueron puestas en libertad describieron condiciones inhumanas y, en algunos casos, torturas y otros maltratos en detención. Noventa personas murieron bajo custodia, en circunstancias que las autoridades todavía no han investigado de forma adecuada.
Puede leer: Comité Contra la Tortura de ONU llama atención a gobiernos de El Salvador y Nicaragua
Existen razones de peso para dudar de la eficacia a largo plazo de las medidas de seguridad impulsadas, por lo que recomiendan que el Gobierno de Bukele y la Asamblea Legislativa “deberían dar pasos sostenibles y que aseguren el respeto de los derechos para desmantelar a las pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”, señalaron Human Rights Watch y Cristosal. Esto incluye abordar las causas estructurales de la violencia de pandillas, como los niveles elevados de pobreza y exclusión social, e impulsar procesos penales estratégicos enfocados en juzgar a líderes de las pandillas e investigar delitos violentos.
Llaman a la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la Unión Europea deben trabajar junto con otros gobiernos, en especial los de América Latina, para aumentar la atención internacional sobre la situación en El Salvador; por ejemplo, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Además, los gobiernos extranjeros y las instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), deberían suspender los préstamos existentes que beneficien a entidades gubernamentales que estén directamente implicadas en abusos, como la Policía Nacional Civil, la Fuerza Armada y la Fiscalía General de la República, y el sistema penitenciario.
